Por Pedro Ulman
La Justicia es la base sobre que la se cimientan las garantías de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Así, los tribunales representan la garantía última para el respeto de los derechos y principios constitucionales. La Argentina se caracteriza por la lentitud con que las instituciones del Estado, como el Poder Judicial, responden a las demandas y expectativas sociales. En cada diagnóstico emergen reiteradamente las dificultades que ya, lamentablemente, se han incorporado al ADN del sistema judicial: la infraestructura edilicia es insuficiente al igual que la cantidad de personal. Los empleados judiciales se debaten ante una torre de expedientes que irremediablemente desbordan todos los espacios disponibles.
El progresivo aumento de la litigiosidad derivó en el colapso de los juzgados que, a pesar del enorme esfuerzo de sus recursos humanos, se muestran incapaces de atender el elevado número de causas con la eficiencia requerida.
Una perspectiva de esta realidad sostiene que ese incremento de la judicialización de los conflictos se debe a que la ciudadanía confía en la Justicia. Por tanto, es imperativo que se profundicen las líneas de acción orientadas que permitan generar nuevos juzgados, mejore la infraestructura y también continuar con la incorporación de modernas tecnologías que agilicen el servicio.
En 2006 la Provincia de Santa Fe logró un acuerdo básico que se plasmó con el nombre de Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina, en el que los distintos actores consensuaron, a partir de las deudas históricas, los ejes en los que se debía trabajar fuertemente en los años siguientes para reconvertir el sistema de administración del servicio de justicia.
Ese plan fue concebido como una auténtica política de Estado para replantear, con la participación del Gobierno, las universidades, los colegios profesionales y otras instituciones, un sistema que ponía en riesgo la calidad institucional de la Provincia.
La instrumentación del nuevo sistema procesal penal constituye una de las decisiones más osadas del Gobierno provincial. Se pretende poner fin a un arcaico proceso penal escrito e inquisitivo, que ya prácticamente no se utiliza en el resto del país, e ingresar definitivamente a la oralidad. El desafío no es menor y por el momento el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia avanzó en la creación de las instituciones –el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de Defensa Penal- que conformarán la columna vertebral del nuevo sistema y en la elección de sus autoridades.
Sin embargo, esta instancia insumió mayor tiempo del que hubieran deseado los responsables de liderar el proceso, lo que demorará la implementación que inicialmente había sido estipulada para febrero de 2011.
Paralelamente, se encuentra en plena vigencia un proyecto de modernización del Poder Judicial que tiene, como objetivo central, la incorporación de nuevas tecnologías destinadas a elevar la calidad del servicio de justicia.
Periódicamente, los colegios profesionales cuestionan la exigua cantidad de juzgados y su distribución en la geografía judicial, lo que impide cumplir con las reales necesidades de la población en la materia. Desde las más altas instituciones de la Justicia santafesina se admite la existencia de una verdadera crisis en el plano de la cobertura de las vacantes de magistrados.
Entonces es el mecanismo de selección y designación de jueces al que sientan en el “banquillo de los acusados”. Se señala que sus tiempos son, en algunos casos, demasiado prolongados para la cobertura de un cargo y que se debería introducir una mejora que reduzca los plazos. Desde el Gobierno, en cambio, defienden la metodología en nombre, principalmente, de la transparencia. Y argumentan que el período de los concursos se extiende más de lo esperado debido a la incorporación de la figura de la impugnación, una herramienta que permite a los candidatos plantear sus diferencias en torno a los procesos de selección en los que se involucran.
Además, desde las esferas oficiales se destaca lo acertado de la política de especialización de los fueros, ya que es inconcebible que un juez pueda atender causas civiles, comerciales y laborales al mismo tiempo.
En este marco se inscribe la creación de los nuevos juzgados de Familia y Laboral de los Tribunales de Rafaela, que también paga una vieja deuda con el Foro local y descomprimirá los actuales tribunales de fuero pleno. En este contexto, es saludable que dos reconocidos profesionales de la ciudad hayan sido seleccionados por el gobernador, Hermes Binner, para ocupar esos flamantes cargos. Se trata de Liza Báscolo Ocampo, propuesta como jueza de Familia, y de Lucas Marín, como juez Laboral.
Sólo resta el aval de la Asamblea Legislativa, que se reunirá el próximo jueves, para que ambos rafaelinos sean designados al cargo para el que fueron propuestos. Se descarta que así será.
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