Por REDACCION
A pesar del gigantesco movimiento social que comenzó hace años en la Argentina para visibilizar la problemática de violencia de género y de esa manera poner en la agenda pública la necesidad (y la obligación) de poner en marcha una red de medidas que pongan freno a los femicidios, lo cierto es que la estadísticas reflejan que aún estamos lejos de ganar esta batalla.
Si bien por un lado se destacan los importantes avances logrados a través de la sinergia de organizaciones de la sociedad civil y de los distintos estamentos del Estado, los nuevos registros indican que en el primer semestre de este 2019 se produjeron en el país más de 130 femicidios, lo que redunda en una mujer asesinada cada 33 horas, mientras que en Chubut se produjo la más alta tasa de este tipo de crímenes por habitante. Los datos corresponden a un relevamiento realizado por el "Observatorio MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana). Mujeres, Disidencias, Derechos", a partir de informaciones recogidas en medios gráficos y digitales de todo el país.
El informe señala que se registraron un total de 132 femicidios entre el primero de enero y el 30 de junio de 2019. En este mapa del flagelo, Chubut es la provincia con la tasa más alta de femicidios del país, con 1,97; seguida por Chaco con 1,65; Catamarca con 1,45; Formosa con 1,3; y La Pampa con 1,2. Se trata del porcentaje de crímenes cada 100.000 mujeres, mujeres trans y travestis.
El observatorio llamó a que en carácter urgente se tomen medidas concretas y efectivas para la prevención, asistencia y erradicación de las violencias contra las mujeres e identidades disidentes. Ante la agravante situación que atravesamos no se obtuvieron respuestas por parte del Gobierno, como así tampoco de las instituciones encargadas de ejecutar políticas públicas para abordar esta problemática, advirtió la ONG en un comunicado. Asimismo, consideró que de igual manera sucedía en el Gobierno anterior", que no tuvo "la decisión política de hacerle frente a esta problemática.
Entre otros datos, el trabajo también indica que por los femicidios 105 niños y adolescentes se quedaron sin madre; que el 16% de las víctimas había denunciado al agresor; y que el 22 % de los autores cometió suicidio. En tanto, un 8% de los autores de femicidio integraba alguna fuerza de seguridad y la mayoría de las víctimas, un 46%, se encontraba en el rango de edad comprendido entre los 19 y 40 años.
Cuando se reclama al Estado, se pide que el Gobierno nacional, las provincias y los municipios articules acciones para dar una respuesta adecuada a los casos de violencia de género antes de que se transformen en femicidios. Los poderes legislativos de la Nación, de las provincias y de los municipios deben agotar sus esfuerzos en proveer la mejor legislación posible para defender a las mujeres que sufren esta problemática. Y los poderes judiciales, como el de Santa Fe, debe contar con las herramientas legales para alcanzar la mayor eficiencia en el tratamiento de este tipo de denuncias, con fiscales bien despiertos y atentos para impedir que empeoren situaciones de por sí violentas con las mujeres como víctimas.
A este sistema legal se lo debe respaldar con otro tipo de instrumentos para dar protección a las víctimas cuando se encuentran indefensas en situación de extrema debilidad por falta de recursos y de contención familiar y profesional. Aparecen en este caso los centros o institutos que puedan transformarse en un lugar seguro para las mujeres amenazadas o violentadas. Y para eso se necesita algo que no debería ser tan complejo de lograr: articulación entre los distintos niveles del Estado.
Por caso, en Rafaela se discute por estos días un proyecto de ordenanza que propone crear una casa de resguardo para mujeres víctimas de violencia de género, que para su concreción requiere la asignación presupuestaria por parte del Municipio. ¿No sería mejor que Provincia y Municipio coordinen esfuerzos, trabajen juntos y den ejemplo de políticas públicas? Incluso lograrían mayor eficiencia en el uso de recursos públicos que aportan los contribuyentes y darían una fuerte señal de que la solución para las problemáticas que preocupan a la gente se logra a través de una acción asociativa. Ante un enemigo de magnitud, la unión hace la fuerza, siempre es mejor que funcionarios de aquí y de allá establezcan lazos de cooperación.
Hace poco más de un mes, miles de mujeres marcharon desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo para reclamar el cese de los femicidios y la violencia machista en todas sus formas, en la quinta movilización #Niunamenos, que se replicó también en distintas partes del país, incluso en Rafaela. "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Ni Una Menos",
fue el lema de la marcha. En ese marco, se recordó que el año pasado, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, hubo 273 mujeres asesinadas, o sea una cada 32 horas, pero a ese número hay que agregarle 35 casos más de femicidios "vinculados".
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