Ni orden ni paz en Rosario

Por REDACCION

En dos días se cumplirán tres años desde que Alberto Fernández gobierna en el país y Omar Perotti en la Provincia de Santa Fe. Por tanto, será tiempo de un inevitable balance en un contexto donde los problemas superan ampliamente a las soluciones y las demandas de la gente están sin respuestas de los funcionarios. En definitiva, a 36 meses de la asunción del Presidente y del Gobernador hay promesas incumplidas más allá de que quienes ocupan cargos públicos suelen evitar la autocrítica -en realidad no es una palabra que exista en el imaginario de la política nacional- y desvían responsabilidades propias a sus antecesores. La narrativa oficial aquí y allá se propone pintar una aldea donde se realzan las victorias y se disimulan los fracasos. 
En la Argentina hay relatos salvajes todos los días por los niveles de violencia que se observan, principalmente en el Conurbano bonaerense y en Rosario y sus alrededores. Al respecto, en la campaña electoral del 2019 quienes hoy gobiernan Santa Fe prometieron, en caso de llegar al poder, instaurar la paz y el orden en la principal ciudad santafesina donde las narcobandas impusieron su ley a fuego y sangre. 
A tres años del cambio de gobierno, las cosas siguen igual. Cada tanto se reafirma en esta columna editorial que el problema es de tal magnitud que requiere el trabajo conjunto de toda la clase política provincial y nacional para inclinar la batalla a favor de la paz, de la no violencia y de la vida. Por caso, la droga no cae del cielo a Rosario, ingresa por las fronteras del norte grande, y esa es responsabilidad de las fuerzas de seguridad federales. 
Pero los dirigentes políticos se pelean en términos discursivos y se pierden en la democracia. Desde el año pasado se advirtió que Rosario cuenta con la misma estructura de la justicia federal que hace cuatro décadas. Y en todo este 2022, más allá de declaraciones de ocasión, no hubo avances concretos en el Congreso de la Nación ni en el Consejo de la Magistratura. Todo está politizado y en gran medida paralizado, trabado por la situación de la Vicepresidenta de la Nación y las acusaciones por corrupción que amenazan su carrera política e incluso su libertad. 
No importan las vidas que se pierden en Rosario, ni la de los criminales que se matan en las calles como en el salvaje oeste de los Estados Unidos hace 150 años ni de los inocentes que pagan un alto precio por solo compartir el espacio con los sicarios o soldaditos de las organizaciones de narcotraficantes. 
Un diputado provincial que fue ministro de Seguridad y quiere ser gobernador denuncia una y otra vez las falencias de este Gobierno santafesino. Y le responden desde la Casa Gris, pero en concreto poco hacen por la gente. Se habla de más, se hace poco y nada. 
Un reciente informe del Observatorio de Seguridad Pública analiza la escalada de crímenes en el último año, que acaba de superar el récord de 2014, y su creciente vínculo con las bandas organizadas. En el Departamento de Rosario, un punto del mapa estratégico para la economía del país, la cantidad de homicidios ya es la más alta desde 2014 y, de acuerdo al último informe del Observatorio de Seguridad Pública, esa tendencia es creciente.
Siete de cada diez muertes estuvieron ligadas, en principio, al accionar de organizaciones criminales y/o economías ilegales y apenas cerca del 10% en conflictos interpersonales. El reporte consigna que en más de tres de cada cuatro homicidios hubo planificación. En más de la mitad de las muertes violentas, las investigaciones detectaron un “mandato” o pacto previo a la ejecución. Asimismo, se estableció que la mayor parte de los homicidios se concentraron los días sábados y domingo, en horario nocturno.
Como diagnóstico, el documento adquiere gran valor, y también lo debería tener para planificar acciones. Queda un año para alcanzar la paz y el orden.