Por REDACCION
Un comentario en la red social Twitter disparó una interesante hilo de opiniones en torno a la corrupción no sólo de los funcionarios públicos sino también del sector privado que se han aprovechado de la laxitud del "sistema" legal argentino, que en su menú incluye la falta de transparencia, la escasez o ausencia de controles, la tendencia de la Justicia de mirar para otro lado cuando son los poderosos los que cometen delitos -principalmente de tipo económico- y en el marco del cual se se han acuñado frases del estilo "roba pero hace" para perdonar pecados como el enriquecimiento ilícito. "Todos los empresarios que son millonarios en Argentina se hicieron ricos gracias a los contratos con el Estado. Es como cazar en un zoológico. Puras prebendas. encima no arriesgan nada. Por eso no queremos competir con el resto del mundo y cualquier nación nos pasa por arriba", decía ese comentario de referencia.
En la Argentina, la ya popular causa de los cuadernos que se encuentra en plena investigación, aunque con varios empresarios y funcionarios detrás de las rejas, trata de desentrañar la trama de pagos de coimas entre empresarios y funcionarios de los gobiernos kirchneristas. Si bien la Justicia, a través del juez federal Claudio Bonadio, ha trabado embargo por cifras millonarias contra ex funcionarios y empresarios, nadie tiene la certeza de los dineros públicos pertenecientes a todos los argentinos que se esfumaron por las cloacas de la corrupción alguna vez puedan recuperarse.
El Congreso argentino apuró en 2016, ante el repentino despertar judicial anticorrupción que coincidió con los inicios del Gobierno de Cambiemos, aprobar la ley de extinción de dominio y repatriaciones de bienes. El impulso alcanzó para darle media sanción en la Cámara de Diputados pero se empantanó en el Senado a pesar de algunos esfuerzos para que avance, como a finales de 2016 cuando se desarrollaron audiencias públicas con una amplia participación de
funcionarios nacionales, jueces, fiscales y especialistas.
En la Cámara alta adjudican la falta de avances a que la ley votada por los disputados es, directamente, mala. Porque ante la mera sospecha de un fiscal, se le sacan los bienes a un acusado, y en todo caso, después si resulta absuelto, se ve cómo se lo repara. Los principales juristas convocados a las audiencias coincidieron en que una ley así es inviable porque vulnera en derecho a la propiedad, por lo tanto sería inconsticional. Un punto de debate es el grado de "probabilidad o sospecha" requerido para iniciar el proceso de extinción, antes de que exista una condena, y la posible vulneración del derecho de la propiedad.
Pese al tiempo transcurrido, la morosidad legislativa refleja que la ley de extinción de dominio público está frenada. Cada uno de los senadores nacionales son los responsables por falta de entusiasmo en saldar esta deuda con la sociedad. Como dijo un constitucionalista estos días cuando el exvicepresidente Amado Boudou recuperó la libertad en el marco de la causa de la imprenta Ciccone, ahora que está suelto puede disponer de sus dineros corruptos teniendo en cuenta que el proyecto de referencia nunca se convirtió en ley por culpa de los senadores nacionales.
Veamos algunos casos en otras latitudes para ver como se procede. Esta semana, la constructora brasileña Andrade Gutierrez, una de las implicadas en el gigantesco esquema de corrupción Lava Jato, firmó un acuerdo de clemencia con las autoridades en el que se compromete a devolver a las arcas públicas 1.490 millones de reales (382 millones de dólares) por daños y perjuicios. Esa cantidad, que deberá ser pagada en un plazo de 16 años, es por concepto "de daño, enriquecimiento ilícito y multa en el marco de 54 contratos fraudulentos envolviendo recursos públicos federales", procedentes principalmente de la petrolera estatal Petrobras, según un comunicado del Ministerio de Transparencia y la Abogacía General de la Unión (AGU).
En concreto, la suma se divide en 224 millones de dólares "correspondientes al lucro obtenido indebidamente por la empresa", 84 millones por concepto de restitución de sobornos y una multa administrativa de 73 millones. En un comunicado, la empresa reafirmó su compromiso de "aclarar y reparar los hechos ocurridos en el pasado, incluyendo el resarcimiento de daños" y su intención de seguir colaborando con la justicia.
"Lava Jato" reveló una gigantesca trama de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos brasileños para obtener contratos en la estatal Petrobras. Sus desdoblamientos pusieron en la mira de la justicia o llevaron a la cárcel a empresarios de primer plano y a dirigentes de prácticamente todos los partidos.
¿Y en la Argentina? Poco y nada teniendo en cuenta la magnitud de las prácticas corruptas del gobierno kirchnerista. Apenas el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime acordó una condena de cuatro años de prisión, una multa de 12.705.830 pesos y el decomiso de un barco, seis inmuebles y dos autos, para evitar el juicio oral y público en cuatro causas en las que es investigado, dos por peculado, una por enriquecimiento ilícito y la otra por corrupción en el Belgrano Cargas.
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