Por REDACCION
Con las elecciones, un pueblo, una ciudad, una provincia o un país define quiénes integrarán su gobierno por un determinado lapso de tiempo. ¿En base a qué información toman sus decisiones para votar por uno u otro candidato o bien no apoyar a nadie? La campaña electoral es clave para conocer las distintas opciones que los ciudadanos tienen para conducir los destinos de un gobierno y cuales son las propuestas que llevarían a cabo en el caso de ser elegidos. En la democracia ideal, de alguna manera, se establece un contrato entre un aspirante a presidente, gobernador o intendente y los habitantes de un país, una provincia o una ciudad. Si finalmente un candidato elegido, deberá dedicar todos sus esfuerzos a cumplir con la palabra empeñada, con lo que dijo durante la campaña que iba a hacer en caso de acceder al cargo por el cual se postulaba.
Sin embargo, en la Argentina esa confianza entre el votante y el candidato suele resquebrajarse porque la promesa asumida en campaña después no se cumple. Entonces se cae en la cuenta de que el candidato pudo haber asumido un compromiso convencido de que podía cristalizarlo, o bien solo prometió más de lo que podía dar o hacer con el único objetivo de captar votos y así llegar al poder. Una historia que en la Argentina se ha dado infinidad de veces.
Este 2019 plantea un escenario electoral en todos los niveles. Así, los ciudadanos podrán ejercer su derecho a elegir y al mismo tiempo debe cumplir con la obligación de votar. Se trata de ejercer la democracia en su máxima expresión, lo cual requiere un maduro proceso de pensar a quién elegir, informarse sobre las propuestas para tener las mayores herramientas que permitan la mejor decisión.
En este marco, este año se aplicará por primera vez la Ley 27.337, sancionada por la Cámara de Diputados el 23 de noviembre de 2016, que regirá para los candidatos a presidente que hayan superado el piso que imponen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), es decir, el 1,5% de los votos. Recuerda que en ya se realizaron dos debates presidenciales, el 4 de octubre de 2015 participaron Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás Del Caño y Adolfo Rodríguez Saá mientras que Daniel Scioli, en una imagen que quedó grabada para siempre, dejó su silla vacía. En tanto, en la segunda oportunidad, Macri y Scioli se enfrentaron cara a cara el 15 de noviembre en la previa de la segunda vuelta. El debate tuvo picos de rating y hasta el día de hoy salen a la luz pública las promesas que el actual presidente formuló entonces ante el electorado y que todavía no pudo cumplir pese a que transcurrieron más de tres años de su gestión. En la práctica, le quedan 10 meses de gobierno.
En la campaña de 2015, los debates estuvieron a cargo de un grupo de organizaciones sociales, nucleadas en la agrupación Argentina Debate. Por tanto, en 2019 lo novedoso del evento que se viene será que por primera vez las reglas del juego -o bien la mayoría de ellas- están fijadas por una ley, que incluye una sanción por no asistir, apunta Parlamentario.com.
La ley que entrará en vigencia este año establece que el debate presidencial será obligatorio y que tendrá “la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.
Cinco días después de su proclamación, los candidatos que hayan superado las PASO serán convocados por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para iniciar el proceso. Quienes se nieguen a participar del debate serán castigados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual.
Los espacios publicitarios no asignados se repartirán “de manera equitativa” entre los candidatos que sí participen del debate. Pero no solo eso: la silla del postulante que se oponga a participar se dejará vacía, como sucedió con Scioli, “a fin de denotar su ausencia”, indica el artículo 4.
Además del debate en la Capital Federal, deberá realizarse uno idéntico en la capital de una provincia del interior del país, a determinar por la CNE. Los debates tendrán lugar entre los 20 y 7 días anteriores a la fecha de la elección, el 27 de octubre. Pero podría haber un tercer debate si -como las encuestan indican- hay un balotaje.
Previo al debate se realizará una audiencia de la que participarán la CNE, organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil, y los candidatos o representantes partidarios. Allí deberá acordarse un reglamento, quiénes serán los moderadores y qué temas se tratarán. Si no hay acuerdo, la CNE tendrá la última palabra.
El evento será transmitido en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina S.E., y durante el mismo se suspenderá la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual, asó como los anuncios públicos de los actos de Gobierno. En definitiva, será el inicio de un nuevo contrato entre los ciudadanos y sus posibles gobernantes.
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