Los costos de la política

Con la llegada de un nuevo gobierno y la persistencia de un estado crítico de las cuentas públicas, como así también de las cuentas del sector privado, se discute por estas horas en el Congreso una súper ley que contempla medidas de carácter económico y social, que van desde el mercado cambiario hasta las cuestiones previsional, impositiva -retenciones a exportaciones agropecuarias hasta moratorias para pymes- y social. Esta vez no hay un paquete de leyes sino que todo está contemplado en una denominada ley ómnibus que más allá de modificaciones puntuales será sancionada antes del fin de semana por los congresistas argentinos.

Los aumentos tributarios comprendidos en esta primera gran decisión de Gobierno central sacude los bolsillos de distintos sectores de la sociedad argentina. Y la réplica que se ha diseminado en especial a través de las redes sociales es por qué al ajuste no lo paga, en parte, los políticos argentinos y en particular aquellos que hoy ocupan cargos públicos, sean funcionarios de un poder ejecutivo o de un legislativo. 

Mientras el discurso de la transparencia creció en los últimos años como una necesidad para restarle espacios a la corrupción enquistada en lo más alto del poder político a tal punto que funcionarios de primera línea del gobierno kirchnerista han sido procesados y hasta condenados en tanto la actual Vicepresidenta cuenta con una decena de procesamientos en su haber y está siendo sometida a juicio, no se observan decisiones sobre la clase política. 

A modo de respuesta, la diputada nacional del Frente de Todos, Mirta Tundis, aseguró que no sabe "a qué se refieren con que la política se tiene que ajustar" mientras que señaló que cobra por su trabajo y que no tiene "excedentes".

En este mismo espacio editorial, una y otra vez se ha reclamado a los legisladores de la Provincia de Santa Fe o diputados y senadores de la Nación que transparenten al máximo su lista de asesores y cuánto dinero destinan para el pago de sus servicios. Sin vergüenza, la clase política adopta una actitud corporativa para que cada legislador opere como una auténtica pequeña y mediana empresa teniendo en cuenta la cantidad de empleados que tiene y el gasto que genera a los contribuyentes. Designan hijos, sobrinos, hermanos que cobran en tiempo y forma muy buenos salarios para asesorar sobre asuntos estratégicos o bien para hacer nada más que cobrar a fin de mes. Ese dinero muchas veces pasa a la caja política que permitirá afrontar los costos de una nueva campaña en la que se busca, casi siempre, ganarse otros cuatro años en la función pública con ingresos de alta rentabilidad. Un círculo que de virtuoso tiene poco. 

Como respuesta a Tundis sobre lo que pretende la ciudadanía cuando reclama a la política que comparta los esfuerzos para enfrentar la crisis actual, se podría mostrar las conclusiones de un estudio presentado en marzo de este año que mantiene absoluta vigencia y desnuda la hipocresía de los que ocupan cargos estatales y cobran mucho dinero que con sacrificio aportan trabajadores. 

Aquel informe a nivel nacional reveló el batallón de asesores que tienen los senadores nacionales. En la Cámara alta hay 5.752 empleados, de los cuales 1.765 trabajan directamente ligados a los 72 representantes de las provincias, un número que nadie quiere ni puede justificar. En promedio cada senador tiene 24,5 empleados, que surge de dividir los 1.765 por los 72 senadores. La cuestión no distingue partidos políticos. Y de los otros 3.987 empleados asignados al Senado, no se sabe bien qué funciones cumplen. Según la información publicada en el sitio web del Senado, 

El récord lo tenía el senador Roberto Basualdo de la Alianza Cambiemos San Juan con 60 colaboradores directos. Le seguía Luis Naidenoff, de Cambiemos con 48 empleados en tanto que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, contaba con 48 con un lugar en el top 10 de acuerdo al informe publicado en la misma web del Senado. Son verdaderas pymes aunque habría que monitorear su eficiencia, su competitividad y qué produjeron en este tiempo. 

El presupuesto anual de la Cámara alta es de 9.157 millones de pesos, lo cual permite determinar que cada senador le cuesta al Estado 11 millones de pesos al mes, lo cual significa 13 veces más de lo que sale un legislador en España según había consignado el economista, Roberto Cachanosky.

Por tanto, Tundis y el resto de los legisladores sean nacionales o provinciales deberían poder compartir el ajuste, echar mano de la austeridad pero también de la transparencia, imponiendo límites claro a la designación de personal y asesores mientras duren sus mandatos. Cada pícaro que es incluido en esas listas de asesores y cobran muy buen dinero a fin de mes a cambio de casi nada explica en parte el déficit de las cuentas públicas que luego se traduce en una mayor presión impositiva sobre los contribuyentes.