Por REDACCION
Según un monitoreo de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) y luego difundido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante todo 2016 se registraron en el país 65 ataques directos a la libertad de expresión, habiendo sido los principales agresores funcionarios provinciales, fuerzas policiales y activistas políticos, ocurriendo tales episodios durante la cobertura de manifestaciones públicas.
Como primer dato saliente, puntualizado en el informe, tenemos que esta cantidad de ataques a la prensa fue menos de la mitad promedio de hechos similares acontecidos durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Dentro del contexto general de la situación existente con la libertad de prensa en toda la región, sobre la Argentina se marcó especialmente el cambio de actitud de los funcionarios gubernamentales, más dispuestos a proporcionar toda clase de informaciones y ofrecer también conferencias de prensa, que los años anteriores durante la presidencia de Cristina Kirchner fueron prácticamente inexistentes, o bien en el caso de existir alguna convocatoria a la prensa, era absolutamente manipulada. Se aludió también a la vigencia de la ley de acceso a la información pública, junto a algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la prensa.
Sobre los 65 ataques registrados en el país el año anterior, se brindan algunos datos precisos en el informe, detallando por ejemplo la agresión al camarógrafo de Canal 2 de Jujuy, a quien el estallido de una bomba de estruendo le provocó graves quemaduras y cortes; la golpiza sufrida por Martín Grande, director de la FM 89.9 de Salta, siendo su agresor el hijo de un diputado provincial; el ataque a golpes a Nicolás Wiñaski de TN y Clarín durante una cobertura en La Plata; en Rosario sufrió heridas de balas de goma el periodista de Telam José Granata, durante una movilización; las amenazas e insultos a Mercedes Ninci, Sandra Borghi y Gonzalo Aziz cuando cubrían manifestaciones públicas; las sufridas por Mauro Zeta de canal C5N y Ricardo Canaletti de TN, amenazados por una banda criminal mediante un video; el ataque informático sufrido por el diario El Litoral a su página web, a través de un mensaje intimidatorio en su portada, como así también la arremetida del gobierno de Formosa contra periodistas que denunciaron un corte de luz ex profeso para impedir la divulgación del programa Sin Censura.
Otros episodios fueron también puntualizados debidamente en el informe de la SIP, como por caso diciendo que "el protocolo de seguridad implementado por el Ministerio de Seguridad, asesorado por asociaciones civiles representativas del sector periodístico, se activó ante la detección de dos casos de periodistas, cuyas identidades se mantienen en reserva, que se encontraban en peligro debido a su trabajo", para añadir también "una planta impresora del Grupo Clarín fue bloqueada por parte de ex empleados de la misma. También destruyeron rotativas de la imprenta Kollor Pres y generaron otros dos ataques contra talleres gráficos".
Se hace especial hincapié que la aprobación del acceso a la información pública "constituyó un hito relevante para un país en el que se obstruyó sistemáticamente los avances en esta materia", aunque SIP remarcó especialmente en la necesidad de contar con una ley muy clara y objetiva para la distribución de la publicidad oficial.
SIP fue contundente cuando el análisis de lo sucedido con los ataques al periodismo en el resto del continente, destacando que "lo más alarmante son los asesinatos de periodistas, que no disminuyen", que fueron nada menos que 13, resignando sus vidas por el sólo hecho de dedicarse a informar a sus respectivas comunidades. Tales hechos se produjeron en 5 ocasiones en México -donde la droga es la promotora de este altísimo nivel de violencia-, hubo 3 muertos en Perú, 2 en Guatemala y República Dominicana y 1 en Honduras, siendo Centroamérica una región de manifiesta inestabilidad en tal sentido.
Tanto o más grave aún que esas pérdidas, es que quienes fueron autores de esos asesinatos gozan de total impunidad.
En cuanto a los países donde existe "mordaza" son Cuba, Venezuela y Ecuador, existiendo "hostigamiento" en Bolivia, El Salvador y Estados Unidos.
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