Por REDACCION
La Argentina asiste a un nuevo aniversario del golpe militar de 1976, que abrió un cisma en nuestra sociedad cuyas secuelas se mantienen vigente y atentan, definitivamente, contra la reconciliación nacional. A 45 años del inicio de una de las etapas más oscuras de la historia del país, que se extendió durante siete años y medios, se registró un enorme retroceso en todos los órdenes, tanto en lo social como en lo económico, pero principalmente en lo que hace a los derechos humanos.
La forma de contar lo que sucedió durante la dictadura cívico militar depende, precisamente, desde qué lado de aquella grieta se está parado. Pero también es necesario repasar qué sucedió en los años precedentes a 1976 para comprender el contexto en el que volvieron los militares, más salvajes que nunca. Y no solo tener en cuenta lo que sucedía en las fronteras interiores sino también cuál era el escenario continental e internacional marcado por la Guerra Fría entre dos super potencias. El auge de las corrientes de izquierda que en algunos casos adquirían un carácter revolucionario y combativo fue generando un clima espeso en materia política e ideológica, que se complicaba aún más por la persistencia de las crisis económicas y de los reclamos de los movimientos obreros.
La primera mitad de los años 70 fue de permanente movilización, de protestas sociales y huelgas obreras -a la que se sumaba una vanguardia estudiantil muy combativa que en algunos casos tomaron las armas- a partir de tensiones que ni siquiera el gobierno peronista podía resolver ni aplacar. En plena democracia surgió la Triple A, una organización parapolicial integrada por sectores del peronismo, el sindicalismo tradicional y fuerzas de seguridad, que comenzó con la represión de dirigentes de izquierda.
Hasta que la situación de caos institucional y violencia fuera de control por los movimientos subversivos derivó en el 24 de marzo de 1976, cuando se instaló el denominado Proceso de Reorganización Nacional que profundizó los mecanismos represivos y lanzó en todo el país una campaña de acción psicológica basada en el miedo y la censura. La Junta Militar intervino medios de comunicación, empresas, sindicatos y otras organizaciones mientras prepara un plan que incluía reformas económicas, políticas y sociales y de persecución a la resistencia. Así comenzó el terrorismo de estado que implicó la captura de miles de argentinos, la tortura, el asesinato e incluso al desaparición de personas.
Las heridas causadas por aquella dictadura se prolonga hasta la actualidad. Si bien los decenas de militares represores han sido condenados por los delitos de lesa humanidad, todavía hay juicios en marcha, sin terminar. Y eso que ya hace 38 años que concluyó el gobierno militar y el país ha recuperado la democracia. Nadie puede dudar que se han dado pasos muy importantes, en especial en los inestables días de la década del 80 cuando se logró llevar a juicio a los jerarcas de la Junta Militar y se plasmó la investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período del terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980. Su objetivo fue indagar sobre el destino de los miles de desaparecidos, que de alguna manera explican el surgimiento de agrupaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y la existencia de centros clandestinos de detención, tortura y asesinato en todo el país.
La Rafaela de los años 70, con poco más de 40 mil habitantes, también sufrió la violencia y la persecución de algunos militantes, en concreto fueron cinco mujeres y trece hombres los que se convirtieron en víctimas fatales de aquella dictadura. Si en los 80 era mejor no hablar de ciertas cosas, con el transcurso del tiempo comenzó a ganar visibilidad lo que pasó en la ciudad durante el régimen militar. Y aparecieron el concepto de memoria, de justicia y de verdad para, definitivamente, comenzar a abordar lo que sucedió en la Argentina. La perspectiva de los derechos humanos se instaló con mayor fuerza en el centro del debate aunque está claro que la discusión sobre las responsabilidades no está cerrada. Seguirá quizás sin veredicto. El relato también hace lo suyo, es decir narrar los hechos desde una óptica interesada.
Lo que nadie discute es que el terrorismo de estado es inaceptable. Y que si alguien cometía delitos debía ser detenido, pero no asesinado - desaparecido sin que se consideren los procesos de defensa contemplados en el marco de la ley.
Hoy es un buen día para hacer memoria, quizás también autocrítica. Es imperioso aprender lecciones de aquel pasado para no caer en los mismos errores, curar las heridas y avanzar una necesaria y verdadera reconciliación nacional.
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