Por REDACCION
Los gobiernos de todo el mundo le vienen pidiendo confianza y paciencia a sus ciudadanos desde que estalló la pandemia de coronavirus, hace más de un año en el mercado chino de Wuham.
La canciller alemana Angela Merkel repitió el lunes el mantra tras la "cumbre de la vacunación" celebrada con las farmacéuticas para, desde su país se va a intentar contribuir a los esfuerzos de la Comisión Europea por poder aliviar el cuello de botella que se creó en el suministro de las vacunas.
La expectativa que despertó la reunión era muy significativa y se potenció luego que Merkel se puso al frente del gabinete de crisis en Alemania y la UE, para generar, en definitiva, una mayor esperanza.
Si existe un país europeo tiene capacidad para sacar a los demás del atolladero es sin duda Alemania, el mayor mercado farmacéutico de la UE y cuarto del mundo, con más de 500 compañías farmacéuticas, entre las que aparece el gigante Merck.
El problema, sin embargo, es que ninguna de ellas tiene la patente de las vacunas anti COVID-19 ya en circulación y tampoco dispone de la licencia respectiva para producirlas. El suministro de vacunas por el momento, seguirá siendo a cuentagotas.
Sin embargo, hubo un importante movimiento en la previa de la reunión que presidió Merkel, ya que la anglo-sueca AstraZeneca anunció que mejorará su oferta de entrega a la Unión Europea en "nueve millones de dosis durante este primer trimestre".
Además, la empresa BioNTech confirmó que suministrará otros 75 millones de dosis de su vacuna a los países europeos, de los cuales 18 millones van a ser destinados a Alemania.
Eso ocurrirá en el segundo trimestre, antes de lo previsto, tras optimizar sus recursos, debido, en parte, a que una planta de Marburg, en el oeste de Alemania, se incorporará desde marzo a la línea de producción.
Poco después, fue el gigante químico alemán Bayer quien dio el campanazo al señalar que cooperará con Curevac en la producción de su vacuna, que está aún en desarrollo, pero que espera poder distribuir hasta finales de año 300 millones de dosis.
Curevac, cuya vacuna intentó sin éxito comprar en exclusiva Donald Trump aún cuando estaba en fase de ensayos clínicos, proyecta producir 600 millones de dosis para 2022.
Si la red de producción se amplía, podrían ser 1.000 millones. Se desconoce cuándo se incluirá Curevac al mercado y también cuál podría ser su porcentaje de efectividad.
Lo que sí ya se sabe y es un dato muy relevante, que la cooperación de estos laboratorios con Bayer convertirán las vacunas de Curevac en las primeras íntegramente producidas por empresas con sede en la UE.
Esa era la respuesta que Merkel y la Comisión Europea esperaban de los laboratorios y gigantes farmacéuticos europeos, especialmente luego de los retrasos en el suministro de las vacunas ya aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, todas con tentáculos fuera de la UE.
La alemana BioNTech tiene la fórmula, pero la producción, comercialización y distribución están en manos de su socio estadounidense Pfizer; en tanto que Moderna, que es la segunda opción, es de origen norteamericano.
Desde el grupo de países alineados en la UE, se le solicitó, tanto a las empresas farmacéuticas como a las químicas con la infraestructura necesaria para la fabricación de vacunas, que den un paso al frente.
A raíz de ese pedido, se advirtió que las empresas no son organizaciones humanitarias sin ánimo de lucro, sólo se movilizarán si hay incentivos y ven beneficios económicos, al margen de contribuir a la solución de este problema, que afecta al mundo entero.
Dentro de la propia UE se reconoció que todos los contratos debieron haber incluido un sistema de primas por entrega rápida y penalizaciones si no se cumple con el calendario, pero en ninguno de los casos se especificó.
Ante la preocupante realidad que se vive en Europa y en la necesidad de poder acelerar el proceso de fabricación de vacunas, se considera imprescindible otorgar incentivos a los laboratorios que poseen licencias aprobadas y especialmente a quienes la están tramitando por estas horas.
En cambio, desde los partidos del arco parlamentario de la izquierda son más radicales y le piden al Gobierno que intervenga y haga obligatoria la concesión de licencias por razones de salud pública.
Si bien la intervención del Estado contaría con el apoyo de parte del electorado, no se ajustaría a derecho, toda vez que la patente es un activo intangible de la empresa que la posee y usarla sin aprobación de la misma vendría a ser una suerte de expropiación.
Los hallazgos de vacunas contra el COVID-19 trajeron a escena a otros actores y la confianza y paciencia que se lleva pidiendo a la población parece haber dado paso a un gran negocio que genera desconcierto y frustración.
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