La justicia arrepentida

A medida que se revelan detalles de las causas de corrupción en lo más alto del poder de la Argentina, crece la indignación y baja la tolerancia hacia este tipo de delitos que desvían fondos públicos para el bolsillo de funcionarios o empresarios en detrimento de las políticas públicas. Es decir, el dinero de todos que debería ser utilizado para financiar programas de salud, educación, sociales o directamente a ejecutar obras de infraestructura termina en los bolsos de unos pocos. 

Justo ahora cuando la economía aprieta el zapato, una situación que nos estresa, nos angustia y nos coloca ante la incertidumbre de si podremos mantener un nivel de calidad de vida medianamente digno, desaparece nuestra capacidad de resistencia a funcionarios corruptos. Por tanto, aumenta el reclamo para que se haga justicia en tiempo y forma, es decir que no se consuman los años a través de mil recursos sino que se castigue con penas ejemplares a los ladrones. Porque un corrupto es un ladrón. Que no suceda lo de Carlos Menem, condenado en segunda instancia a siete años de cárcel como coautor del delito de contrabando agravado por el tráfico de armas. La causa se originó en 1994, pero a pesar del fallo el actual senador nacional no fue aún a la cárcel poniendo en crisis ese concepto tan republicano de que todos somos iguales ante la ley. 

Al menos la Justicia tomó una decisión acertada en el marco de esta revitalizada lucha contra la corrupción. Así, En un fallo de implicancia significativa para otras causas, la Cámara Federal de La Plata declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en un expediente donde se investigaban irregularidades de un juez y otros profesionales del derecho. "Las acciones investigadas pudieran constituir actos de corrupción y por ende, mínimamente debiéramos mencionar que dichas acciones son imprescriptibles", sostuvo la Sala II de la Plata. La causa fue abierta por irregularidades en el accionar del entonces juez federal Julio Miralles, ya fallecido, así como un grupo de abogados y profesionales médicos. Se los acusa la habilitación de casinos fuera de su jurisdicción y por otorgar amparos exprés en el marco del "corralito". En el sumario, la diputada nacional Elisa Carrió había realizado el pedido de imprescriptibilidad luego de presentarse como Amicus Curiae y el fallo es de importancia significativa, pues sienta precedente sobre que los "delitos de corrupción" no prescriben.

Desde que comenzó la causa pasaron más de 10 años, y aún no se celebraron las indagatorias, las cuales se habían fijado

inicialmente para 2004. La causa investiga el rol del juez Miralles, quien a cargo del Juzgado Federal 4 de La Plata, fue blanco de diferentes acusaciones de corrupción, por la habilitación de casinos fuera de su jurisdicción. También fue acusado de otorgar amparos exprés, conjuntamente con un grupo de profesionales (abogados y un médico), quienes

presentaban amparos en su juzgado por el "corralito financiero" y conseguían resoluciones en tiempo récord, para que los bancos otorgaran los dólares. Según la denuncia, los acusados les cobraban el 60% de lo obtenido; para distribuir entre el juez y los profesionales.

En medio de la investigación falleció el juez Miralles y los demás imputados pidieron la prescripción. En el Amicus Curiae que presentó Carrió pidió que se declare la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en los que sea parte algún funcionario de alguno de los tres poderes.

Ahora, los camaristas César Álvarez, Schiffrin y Olga Angela Calitri evaluaron que "la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio". Según el Tribunal, para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva.

Antes de que estalle el escándalo de corrupción a partir del registro del pago de coimas efectuado en distintos cuadernos, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, había advertido en la apertura del año judicial sobre la importancia de "acelerar causas de corrupción" a partir de reformas legislativas, al tiempo que llamó a todos los sectores de la Justicia a "hacer una autocrítica" sobre su funcionamiento y "escuchar los reclamos del pueblo". Lorenzetti remarcó la necesidad de contar con "un proceso especial para las megacausas que involucran a muchísimos actores en materia penal" y se refirió puntualmente a "regular la situación del arrepentido". 

Si bien ahora las causas parecen moverse e incluso fue condenado un ex vicepresidente que está preso, la Justicia todavía está en deuda con las demandas de la sociedad argentina. De todos modos, bien podría asegurarse que la Justicia está arrepentida por su inacción contra los corruptos hasta 2015 y ahora está causas a la obra.