Por REDACCION
Entre 97 países que fueron incluidos en el relevamiento sobre los índices de impunidad en actos corruptos realizados por funcionarios públicos, nuestro país ocupó el puesto 92, sobre lo cual huelgan los comentarios y apreciaciones que puedan formularse, ya que este posicionamiento es sobradamente elocuente y habla por si mismo. El informe corresponde a la organización no gubernamental The World Justice Project, la cual fue creada en 2006, habiendo presentado recientemente este trabajo titulado Indice de Estado de Derecho para el lapso comprendido entre 2012-2013.
Este ranking, que establece el nivel de los países en materia de impunidad política, está encabezado por Venezuela, apareciendo luego en las posiciones inmediatas Nicaragua y Ucrania, mientras que en el otro extremo Dinamarca y Noruega, que son los dos países que más sanciones aplicaron a funcionarios que participaron de actos de corrupción.
Las regiones del mundo con más baja puntuación en esta escala son América latina y el Caribe y Asia del sur, siendo por lo tanto en ellas donde se encuentran los países donde prevalece claramente la impunidad. En el caso concreto de Latinoamérica, nuestra región, solamente Chile y Uruguay se encuentran en la primera mitad, en tanto que el resto está en la parte con menor puntuación con el lamentable lugar de Venezuela encabezando posiciones en el sitio 97, aunque la Argentina quedó bastante cerca en el puesto 92 con un escuálido 0,26 de puntaje.
Pasando a casos concretos que fueron analizados, se consigna que ninguno de los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa fueron condenados en primera instancia, el primero de ellos por el caso del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, y el segundo por las coimas en el Senado, registrándose aquí la insólita situación de haber sobreseido también al arrepentido que había sacado a la luz el caso, involucrándose a sí mismo. Ya más reciente, durante el ciclo de la administración kirchnerista, se citan los casos del vicepresidente Amado Boudou y del ex secretario de transporte Ricardo Jaime, abrumados por contundentes pruebas en su contra en la participación de actos en perjuicio del dinero público e incompatibles con sus funciones, pero en ningún momento sancionados. Y también podría referirse, entre muchos otros, el caso de la empresa sueca Skanska, la cual admitió haber pagado 18 millones de coimas en la Argentina, pero aquí igualmente fueron declarados inocentes todos los involucrados.
Se menciona en cambio, como la única condenada por la justicia en los diez años de gobierno kirchnerista a la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, por aquella bolsa con dinero hallada en el baño de su despacho, sin poder justificar el origen de los pesos y dólares que había en su interior.
Si bien la ONG que realiza este relevamiento y evaluación de los 97 países intervinientes toma como referencia esta clase de episodios como valederos para definir la puntuación, no es sólo en eso que se basa sino que también recurre a estadísticas oficiales de los propios países, además de un cuestionario realizado a especialistas de distintas disciplinas por cada país y también una encuesta efectuada a los habitantes. La cantidad de funcionarios públicos sancionados por incurrir en irregularidades o actos identificados como corrupción por la incompatibilidad con sus cargos, es factor determinante para llegar a la puntuación definitiva.
El documento advierte que "una cultura de la impunidad debilita el respeto por los derechos fundamentales, alienta la corrupción y lleva a un círculo vicioso de violación de las leyes, en tanto neutraliza el efecto disuasivo del castigo. La impunidad también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas, y da la señal de que la ley no importa", lo cual constituye sin dudas una muy clara y contundente definición respecto al clima que se genera en aquellos países donde impera la impunidad. Es que, se añade "en los países en los que el estado de derecho es débil, aquellos con conexiones políticas rara vez deben rendir cuentas por sus inconductas".
Hoy en la Argentina se vive dentro de este clima de impunidad, y esta pésima ubicación en las posiciones internacionales, de ese modo lo certifican. Desde el gobierno, en lugar de alentar a la justicia para enfrentar la corrupción, se la persigue para proteger a los involucrados en estos desgraciados episodios que van en contra de la salud de la República.
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