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Editorial Sábado 4 de Diciembre de 2010

La guerra del tabaco

Debido al avance de normas regulatorias sobre el consumo de tabaco, las empresas tabacaleras han iniciado una gran ofensiva para frenarlas.

Redacción

Por Redacción

En casi todo el mundo las leyes y normas regulatorias sobre el consumo de tabaco en sus diversas formas, aunque todo esté centralizado en los cigarrillos, continúan avanzando en forma implacable con la aplicación de muy severas limitaciones, contando con un amplísimo consenso que incluso llega también a los mismos fumadores. Pero claro, la baja del consumo afecta intereses económicos muy poderosos, ya que las industrias tabacaleras mueven cientos de miles de millones de dólares anuales, por lo cual han puesto en marcha un poderoso lobby para tratar de frenar, y en lo posible hacer retroceder, esos avances de las leyes antihumo.
Por ahora, como primera medida, se está apuntando a las restricciones aplicadas contra la publicidad que alienta el consumo de cigarrillos, lo cual fue advertido en toda su dimensión hace unos días en la uruguaya Punta del Este, donde tuvo desarrollo el encuentro de 170 países integrantes del Convenio Marco para el Control del Tabaco, dependiente de la Organización Mundial de la Salud.
Allí justamente se volcaron poderosos elementos por parte de las tabacaleras, como por ejemplo la demanda contra el anfitrión Uruguay, planteada en el Banco Mundial en Washington, donde por la advertencia que se hace en ese país por el perjuicio que causa el cigarrillo en la salud -debiendo cubrir la advertencia el 80% de la superficie total de la marquilla- las tabacaleras reclaman por "ganancias caídas". Para tener una idea, la accionadora del litigio es Philip Morris International, la cual moviliza 66.000 millones anuales, lo cual es el doble del PBI uruguayo, quedando en ese solo dato plasmada una clara perspectiva en cuanto a la confrontación de fuerzas.
Las tabacaleras sostienen que cumplen con todas las leyes comerciales para vender un producto legal para consumidores adultos, por lo cual las restricciones que se les imponen están al margen de disposiciones de la Organización Mundial de Comercio, viéndose por lo tanto afectadas en sus finanzas.
En definitiva, esta movilización de todas las áreas legales de los fabricantes, con una fuerte ofensiva contra los normas regulatorias, lleva un claro objetivo intimidatorio, con la finalidad de al menos lograr una reducción en la aplicación de las mismas.
A pesar de los cientos de miles de millones de dólares que mueven las tabacaleras, tratan de preservar sus intereses por todas las formas, aún a costa de la pérdida de miles de vidas. Como en Europa y Estados Unidos ha bajado el consumo, consecuencia de todas estas restricciones, ahora se apunta a incentivar el hábito en los países en desarrollo, especialmente aquellos donde no existen prohibiciones de ninguna clase, con lo cual se ha logrado que el consumo mantenga un crecimiento de 2 puntos anuales, que no parece significativo, pero que en virtud de la merma que se produce en muchos lugares del mundo, es sumamente elevado.
Hoy la guerra se encuentra entablada en tabaco por un lado y salud pública por el otro, quedando en el medio la puja entre los gobiernos que tratan de avanzar en la aplicación de normas y las tabacaleras que apelan a todos los recursos, legales y económicos, para tratar de desarticular parte del armado restrictivo.
Mientras esa puja está en plena ejecución, las normas regulatorias continúan avanzando en todo el mundo, especialmente en América.  En Uruguay, Colombia, Paraguay, Perú, Panamá y Guatemala existen leyes vigentes sobre 100% libres de humo, en tanto que otros como la Argentina, Brasil y México tienen normas diferenciadas de acuerdo con provincias o ciudades, sin contar con una legislación nacional, al igual como sucede en EE.UU. donde cada estado se reserva el derecho de legislar en la materia.
Aquí en Rafaela, como en el resto de la Provincia, se encuentra en vigencia la ley correspondiente que limita la posibilidad de fumar en locales cerrados, la cual significó un positivo avance, aun cuando sus efectos no hayan alcanzado a la totalidad de los lugares en que debería ser aplicada la misma

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