Por REDACCION
Con cierta resignación los argentinos asistimos a sesiones del Congreso Nacional donde legisladores del oficialismo y la oposición no son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo para debatir los proyectos sobre los cuales tienen posiciones antagónicas. En el marco de una democracia plena, cada uno de los representantes del pueblo puede tener opiniones sobre uno u otro tema sin la obligación ni la necesidad de coincidir, pero al menos podrían compartir sesiones para expresar claramente qué piensan y votar en consecuencia.
Sin embargo, los legisladores evitan el debate de la misma manera que dos niños algo caprichosos y porfiados se enojan entre sí por asuntos menores. La reciente aprobación del nuevo Código Civil y Comercial representa, lamentablemente, una prueba cabal de estas actitudes egoístas que generan discusiones estériles sobre cuestiones metodológicas cuando en realidad lo importante y enriquecedor para la ciudadanía hubiera sido evaluar el contenido de la reforma del Código Civil y la unificación con el Comercial.
Los diputados del Frente para la Victoria, el partido de gobierno, junto a sus aliados se encargaron de reunir el quórum suficiente para iniciar la sesión y después levantar la mano sancionando la ley, con ausencia de los partidos de la oposición que prefirieron retirarse. De esta manera, a partir del 2016 entrará en vigencia un nuevo Código Civil y Comercial que reemplazará al redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield en 1869 y que fue aprobado a libro cerrado, sin discusión, por los parlamentarios de esa época.
En cierta medida, el oficialismo destacó que el proceso fue participativo desde que la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encomendó en febrero de 2011 la tarea de actualizar el Código a una comisión presidida por el rafaelino, Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fueron convocados juristas de distintas especialidades para elaborar en anteproyecto, el cual fue entregado al Gobierno nacional. Posteriormente se abrió una etapa de discusión a nivel nacional que la Presidenta ponderó hace dos días cuando presidió un acto para promulgar la ley. "No hubo en la historia argentina una norma más debatida hacia la sociedad como este nuevo Código Civil. La Comisión que elaboró el proyecto llevó a cabo 29 reuniones y 18 audiencias públicas en todo el país", sostuvo.
El propio Lorenzetti defendió el proceso participativo que rodeó la elaboración y la construcción de consensos en torno a una ley que regula, en mayor o menor medida, la vida de cada uno de los argentinos. "La gran mayoría de los temas han sido muy discutidos y no hay grandes dificultades", manifestó el Presidente de la Corte cuando hace unos días brindó un discurso en Mar del Plata ante los jueces federales. "La comisión que presidí hizo ese proyecto, que fue muy debatido, con respaldo de todas las universidades, y luego el Congreso hizo algunos agregados, las reglas que se modificaron son muy pocas, los temas que se discuten públicamente no son tantos", agregó.
De todos modos, Lorenzetti indicó que "más allá de las discusiones que hubo sobre el trámite parlamentario, un tema sobre el que no voy a opinar porque es totalmente ajeno y fue una cuestión del Congreso, este es un gran avance: la comunidad académica lo va a recibir muy bien".
Como en toda democracia hay quienes no están conformes con todo lo que ahora es ley. Un ejemplo es el de la Corporación de Abogados Católicos, quien calificó como "un nuevo atropello de la mayoría parlamentaria" la aprobación de un nuevo cuerpo normativo que "no contempla la voluntad de los ciudadanos y especialistas de toda índole que formularon su fundada crítica".
Pero el punto que ponemos a consideración no se relaciona en el "qué" sino en el "cómo". Se insiste en que los contenidos del nuevo Código Civil y Comercial fueron ampliamente discutidos en distintas instancias, pero en la Cámara de Diputados se aprobó sólo con el voto del oficialismo cuando, por la importancia de la ley, hubiera sido saludable que todos los bloques hubieran podido expresarse en el recinto y votado.
¿Cuál es el problema entonces que podría haberse evitado? El presidente de la Cámara de Diputados resolvió unilateralmente tratar, la semana pasada, el proyecto que ya contaba con media sanción del Senado, aduciendo que no era necesario que sea discutido en comisiones pues contaba con despacho, el año pasado, de una comisión bicameral. La oposición consideró que se debía discutir en comisión porque muchos de los integrantes de aquella bicameral habían terminado sus mandatos en diciembre pasado, y con este argumento se retiró del recinto.
Por estos caprichos, los ciudadanos fueron privados del debate entre todos los bloques, oficialistas y opositores, del nuevo Código Civil y Comercial, en torno de cuyo contenido existe fuertes consensos a partir de ese proceso participativo llevado adelante en todo el país y que ya fue mencionado más arriba.
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