Por REDACCION
Desde hace muchos años Argentina no es un país normal si se considera la enorme cantidad de protestas callejeras que se registran en las principales ciudades, con Buenos Aires en primer lugar como epicentro de las movilizaciones con mayor o menor participación. Este último miércoles, miles de manifestantes salieron a la calle en masivas protestas en 50 ciudades para reclamar al gobierno que declare la emergencia alimentaria y ponga fin a incrementos de tarifas que consideran impagables. Tratar de vincular los piquetes con el año electoral es una excusa rápida para los funcionarios, pero a esta altura de la crisis económica, ¿alguien duda que no hay motivos para reclamar?
Las economías regionales, los gremios, la Unión Industrial Argentina y su red de instituciones asociadas como la Federación Industrial de Santa Fe, las organizaciones sociales, la entidades que agrupan al comercio, todos alzan la voz contra los efectos de la recesión y reclaman medidas para revertir la situación y avanzar hacia una reactivación, pero el Gobierno nacional no parece reaccionar.
Las movilizaciones del miércoles último coinciden con la estancia en la Argentina de la misión del FMI que puede observar en primer plano hasta donde llega el mal humor social. Mientras tanto, las declaraciones del presidente Macri buscan generar, en medio de la adversidad, algo de optimismo que va en línea con el sentido que se intenta dar una y otra vez desde el poder: estamos mal pero vamos bien. A veces da la sensación de sus palabras no hablan de una Argentina donde todos los días estallan conflictos laborales o cierran empresas dejando gente sin empleo.
Ante este panorama poco alentador, las organizaciones sociales volvieron a las calles. A propósito, es bueno recordar los principales datos aportados por la consultora Diagnóstico Político, que monitorea periódicamente lo que sucede con las protestas. En su último reporte, sostuvo que durante el año 2018 hubo 5.857 cortes de vías públicas en todo el país, lo que significó una suba de 12% respecto a 2017, cuando se registraron 5.221. De esta forma, 2018 fue el séptimo año consecutivo con más de 5.000 piquetes. El año 2014 se mantiene como el período récord de la última década, con 6.805 bloqueos. En total, en los últimos diez años hubo 50.654 piquetes en Argentina, país donde la extorsiva cultura del piquete sigue gozando de buena salud, subraya el informe.
Así, al cabo de tres años de gestión de Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos no ha podido resolver el grave problema de los piquetes, pese a contar con gobiernos aliados en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires, los dos distritos que concentran el 40% de los piquetes. En el gabinete presidencial hay posturas contrapuestas sobre la problemática y pareciera haber triunfado la línea “acuerdista” con los piqueteros. De esta forma, el Gobierno Nacional contuvo el desborde piquetero que se temía hacia fin de año pasado, con un fuerte aumento del gasto social.
Para Diagnóstico Político, la vía del “acuerdismo” tiene un costo fiscal altísimo y no resuelve el problema de fondo. Es más, retroalimenta el piqueterismo y el negocio subyacente que representa. Así, lo lógico es que los grupos piqueteros vuelvan por más en los primeros meses de 2019 anticipaba en ese reporte, lo cual finalmente ocurrió. Para colmo,
todos los actores sociales estarán frente a un combo perfecto para hacer valer sus reclamos en la calle: recesión económica y un gobierno más débil en un decisivo año electoral. Los piquetes sindicales y sociales aumentarán a la par de la politización de los mismos.
Este año hay elecciones presidenciales el 27 de octubre. Hace 18 años se desplomó un régimen de tipo de cambio fijo (convertibilidad) y Argentina declaró el default con una conmoción política que en 10 días provocó la caída de cuatro presidentes, entre ellos tres interinos. En el actual contexto, los movimientos sociales agrupan a más de dos millones de trabajadores informales y desocupados, un número no menor considerando que la fuerza laboral argentina la integran más de 10 millones de asalariados.
Mientras tanto, una relativa calma atraviesa los mercados financieros después de que el gobierno aplicara una receta del Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye un déficit fiscal cero, a costa de un severo ajuste presupuestario entre 2018 y 2021. Las duras medidas, a cambio de un salvavidas crediticio de 57.000 millones de dólares, hundieron en recesión a la economía, con caída de 2,6% en 2018 y 1,7% en 2019, según el FMI.
Para empeorar la situación, la inflación oficial orilló el año pasado el 48%, la peor en 28 años. Además, el próximo índice de pobreza será "peor" al anterior, admitió esta semana el gobierno. La tasa podría alcanzar a un tercio de la población de 44 millones, según consultoras privadas. "Hay mucha gente enojada y angustiada porque cuesta más llegar a fin de mes. Pero este es el único camino. Lentamente va a mejorar la economía", expresó Macri en declaraciones a una radio de la provincia de San Luis. ¿Será cuestión de confiar?
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