La clase pasiva

Por Redacción

La clase pasiva
Se acaba de anunciar la mejora de haberes jubilatorios correspondiente al mes de marzo, primera del año ya que la segunda está prevista para septiembre, en ambos casos -así está especificado en la norma- siempre y cuando haya disponibilidad de recursos. Como la recaudación sigue en alza, producto tanto de la mayor actividad económica como por la inflación, fue anunciado el aumento, que consistirá en 17,3%, lejos del verdadero aumento del costo de vida y también de satisfacer las necesidades de la clase pasiva.
Es que si bien esta suba alcanzará a la totalidad de los jubilados, debe recordarse que el 73% del total de 5,4 millones de ellos, perciben el haber mínimo, que con este aumento se irá a 1.227 pesos que se comenzarán a percibir en el mes de marzo. Completando el cuadro de situación, digamos que hay también 1 millón de personas que reciben pensiones no contributivas, con lo cual el universo completo de los pasivos totaliza 6,4 millones de "beneficiarios".
La mala situación de la clase pasiva no es de ahora, sino de siempre, eso debe ser no sólo reconocido sino dicho, pues si bien en este momento le corresponde la crítica al actual Gobierno nacional, todos sus antecesores comparten la responsabilidad, y algunos de ellos de manera mucho mayor pues fueron verdaderos vaciadores de los recursos que les corresponden a los jubilados.
Es que, tanto la ANSES como ahora también el PAMI se han convertido en fuentes de financiamiento para el Estado, el que toma su dinero y lo reemplaza con títulos y bonos que habitualmente tienen vencimiento dentro de varios años. Es decir, problema para el que venga después, quien por otra parte seguramente no afrontará el cumplimiento de esa obligación, como hicieron casi todos los gobiernos que se fueron sucediendo en el país, de crisis en crisis.
Ingresar en la pasividad, en la mayoría de los casos, quedando exceptuados todos aquellos que se incluyen en los círculos privilegiados tanto por la movilidad como los montos de sus haberes, es prácticamente dar un salto al vacío, pues de golpe -en caso de no continuar en alguna actividad- se encuentran percibiendo el 40% de sus haberes anteriores. Es decir, en pocas palabras, quedan expuestos a vivir en una absoluta pobreza o tener que vivir de la generosidad de familiares, o bien si están en condiciones físicas de hacerlo, continuar trabajando.
Tal como se aclaró en ocasión de anunciarse este incremento de 17,3% desde marzo, que el mismo era posible debido a la performance de la recaudaciòn fiscal de enero que alcanzó un techo récord de 40.767 millones de pesos, lo cual constituye un arma de doble filo. Es que, si bien por un lado se destaca el gran nivel que tiene la recaudaciòn, lo cual presupone una buena marcha de la economía, por el otro se está advirtiendo que la Ley de Movilidad está atada a la recaudación, por lo cual si la misma flaquea, no se podrá seguir ajustando los haberes.
Queda además por otra parte, algún otro aspecto por dilucidar, pues aún cuando los haberes -en el caso del mínimo- sean bajos y se sepa que no alcanzan para subsistir, igualmente los porcentajes de las subas marchan habitualmente detrás de los precios. Una carrera en la que, en este caso los jubilados aunque también es válida para los asalariados, siempre resultan perdedores.
Tanto en lo que hace al mundo de los jubilados, como a la actividad económica en todo su conjunto, tiene en estos momentos una dependencia estrechamente ligada a la onda inflacionaria, estribando en la misma el mayor inconveniente para alcanzar mejores condiciones como cuando se viven tiempos de estabilidad.
Es conveniente también recordar algunos aspectos de la Ley de Movilidad, la cual fue aprobada en septiembre de 2008, unos dos años después que la Corte Suprema ordenara su aprobación a los poderes Ejecutivo y Legislativo, disponiendo la fórmula de movilidad un ajuste dos veces por año en los meses de marzo y septiembre, de acuerdo con el comportamiento de diversas variables, como por ejemplo la de los salarios, la recaudaciòn de seguridad social y especialmente el nivel de la recaudación fiscal, tal como quedó bien explicitado en ocasión de ser anunciado el aumento de marzo. Apelando a la misma metodología, en el mes de agosto se deberá volver a hacer los cálculos para establecer el nivel de aumento por otros 6 meses, a partir del próximo septiembre.