La anomia de la Justicia

Un país agobiado periódicamente por las crisis económicas que profundizan el deterioro de los sectores productivos, el empleo y el tejido social es el resultado de que las cosas se hicieron bastante mal durante muchos años. Aquella frase que parece simple pero es toda una lección en sí misma adjudicada al genio de Albert Einstein, que dice "si quieres resultados distintos no hagas siempre lo mismo", nunca fue tenida en cuenta en la Argentina para mal de sus habitantes. Un Estado nacional burocrático, caro, ineficiente e incluso corrupto nunca pudo, a través de los presidentes de turno, encontrar la receta adecuada para dar solución a los problemas y así avanzar en una mejora de la calidad de vida de la gente. La pobreza e indigencia estructural o el empleo en negro representan obstáculos que nunca se lograron superar, más allá de las épocas puntuales de buenaventura. 

El Congreso donde se discuten las leyes y las medidas que deberían traducirse en un país ordenado que genere los recursos para dar respuestas a las necesidades de la población no puede mejorar su reputación. La sociedad considera que diputados y senadores, más allá de participar en ese ajedrez político que siempre se plantea en la relación entre oficialistas y opositores de turno, buscan un buen rédito personal del que a veces participan a sus familiares con nombramientos directos. Así, nunca nadie sabe cuánto asesores tiene cada legislador y cuánto le cuesta eso a los pobres, a los ricos y a la clase media del país. 

Y del otro lado está el Poder Judicial, que tampoco goza de la mejor imagen ante los argentinos. Entre la aparente falta de acción de los jueces con las principales causas de corrupción y las decisiones de los otros que permiten a los ladrones (y asesinos) entrar por una puerta y salir por la otra se esconde una enorme ineficiencia de funcionarios judiciales que disponen de la tranquilidad de cobrar a fin de cada mes muy buenos ingresos sin rendir demasiadas cuentas sobre lo que hacen o dejan de hacer. La problemática tiene matices, porque no sólo la corrupción penetra a los gobiernos ejecutivos de los distintos niveles sino que también hacia el entramado judicial. Un par de casos recientes donde magistrados no puede justificar su patrimonio así lo documentan. 

Esta semana el presidente, Mauricio Macri, puso otra vez sobre la mesa el tema al presentar los avances del programa Justicia 2020. En su discurso reconoció el esfuerzo de jueces y fiscales en todo el país, para combatir al corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado pero insistió con su pedido a los jueces para que den mayor celeridad a las distintas causas que tienen en sus juzgados.

Después de una etapa de bajo perfil, a este debate se sumó la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien cuestionó esta semana el funcionamiento del Poder Judicial, al no avanzar las causas en contra de funcionarios que pertenecen al poder de turno, lo que ha convertido a la Argentina "en un país al margen de la ley". Un documento emitido bajo el título Luces y Sombras de la Justicia Argentina señala que existe, desde la reelección de la ex presidente Cristina Kirchner, un desconocimiento de las leyes vigentes y la intromisión en la Justicia por parte del poder político.

Según este documento, la anomia se instala desde el momento en que la máxima autoridad de una Nación desconoce y vulnera la ley máxima como es la Constitución Nacional. Lo mismo sucede, agrega, cuando la justicia cierra las causas sin investigar o las dilata, por falta de libertad para avanzar en las investigaciones, o falta de valentía y, en algunos casos, a cambio de beneficios personales o lucro".

Posteriormente puntualiza casos en que estructuras estatales nacionales, provinciales y municipales son ganadas por un

funcionamiento delictual y fallos judiciales que señalan estructuras estatales vinculadas al crimen. En los Tribunales federales de Comodoro Py suele predominar esa anomia judicial: de las 110 denuncias penales relevadas, 16 fueron archivadas inmediatamente; y 8 fueron cerradas sin ningún tipo de investigación, hasta 5 años después, por supuesta inexistencia de delito.

Indica que contrariamente, el total de causas elevadas a juicio resultan ser tan sólo 4, no contando ninguna con sentencia firme. Por otro lado, las causas que continúan en etapa de instrucción, ascienden a 82, incluso cuando algunas de ellas datan de los años 2006 y 2008, como la denuncia por vaciamiento de YPF y la mega causa por asociación ilícita, agrega. Sin embargo se indica que este aspecto del funcionamiento de la justicia federal tiene su contracara en los resultados observados en los últimos años al poner en valor que durante el período 2016/2018, muchos de los denunciados por la diputada Elisa Carrió y la Coalición Cívica, han sido imputados, procesados e incluso se encuentran cumpliendo prisión preventiva.