La amenaza de las picadas

Las consecuencias de las picadas de automóviles, de tanto en tanto, son irreversibles. La irresponsabilidad al volante puede matar a quienes deciden poner en riesgo su vida pero también puede alcanzar a inocentes. En la Rafaela actual se han configurado carreras urbanas en tramos de la avenida Santa Fe y en su prolongación, ya convertida en Ruta 70, según coinciden los testimonios de vecinos. Principalmente, estas acciones se registran a la noche y a la madrugada, momentos en que sorprenden a rafaelinos que circulan correctamente pero se encuentran, y se asustan, cuando se cruzan con dos autos o inclusive motos a gran velocidad. 

Ante las reiteradas denuncias, la problemática se instaló también en las oficinas del gobierno municipal, al punto que funcionarios locales han solicitado al Ministerio de Seguridad de la Provincia colaboración para intervenir en las tareas de control de las picadas. Concretamente, se pidió que la Policía santafesina pueda cooperar con los inspectores municipales de tránsito en tareas de prevención y represión, una medida necesaria para detener a quienes ponen en riesgo la propia vida y la de terceros a través de estas prácticas ilegales. 

Este tipo de maniobras prohibidas se encuadra como una falta grave de tránsito, por lo que es jurisdicción de la Justicia de Faltas y para que pase al ámbito de la justicia ordinaria debe producirse un accidente y heridos. Participar de carreras callejeras, que pueden pactarse con anterioridad -en algunos casos mediante las redes sociales- o inclusive a la salida de un semáforo, parece un hábito difícil de combatir. La nueva película de la saga Rápido y Furioso, que contempla la historia de corredores callejeros con autos preparados que no respetan límites, estimula en algunos casos a picar con el auto o la moto. 

Todavía está fresco el recuerdo de la carrera callejera que desencadenó la tragedia en Haedo, Buenos Aires, donde un automovilista que circulaba a toda velocidad perdió el control de su vehículo y embistió a seis jóvenes que regresaban de bailar caminando sobre la vereda, dejando sin vida a Lautaro Juárez, de apenas 16 años, y cinco personas heridas, tres de ellas de gravedad.

A raíz de esta tragedia, fue detenido el conductor del automóvil Nissan Tiida, Diego Cuevas -de 19 años-, quien fue acusado por el delito de homicidio culposo grave, es decir que no tuvo intención de matar. Si bien aún se avanza en la causa y restan pericias, testigos señalaron que el vehículo circulaba a por lo menos 150 kilómetros por ahora aquel domingo 5 de abril por la noche.

Sin embargo, como en tantos otros casos, una sensación de injusticia e impunidad creció con fuerza cuando el juez interviniente, Alfredo Meade, decidió conceder el beneficio de la libertad bajo caución. Principalmente los familiares y amigos de la víctima fatal de ese accidente fueron los que reclamaron por esta decisión del magistrado, quien a modo de defensa dio sus argumentos. "El dolor que la familia tiene es legítimo, pero no puedo decidir conforme a las emociones. Yo he perdido una hija en un accidente de tránsito. Justo el día que firmé la resolución, se cumplía el aniversario de la muerte de mi hija. A uno cuando lo ponen como juez tiene que dejar los sentimientos aparte y tratar de aplicar la ley honradamente", sostuvo Meade. 

Si hay coincidencia de que las picadas ponen en riesgo la vida tanto de quienes corren como de terceros, entonces la respuesta de la justicia debería ser contundente. La señal para el conjunto de la sociedad debe ser clara y sancionar con firmeza a quienes rompen las reglas. 

Pero la problemática sigue en la agenda a pesar de los años. No hemos aprendido demasiado la lección de aquellos casos emblemáticos, como el del conductor Sebastián Cabello, quien en agosto de 1999 y cuando tenía 19 años, embistió y mató durante una picada a Cecilia Carman, de 38 años y su hija Vanina en la avenida Cantilo del barrio porteño de Núñez.

Recién cuatro años después fue condenado a 12 años de prisión por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Sin embargo, la Cámara de Casación redujo esa pena a tres años y lo excarceló, tras considerar que se trató de un "homicidio culposo", por lo que automáticamente quedó en libertad. Así, el mensaje de la justicia no fue el que se hubiera esperado. 

Las picadas, que incluyen indefectiblemente el riesgo mortal como componente, deberían ser combatidas y penalizadas con mayor decisión por las autoridades responsables. Cuando los hechos suceden, ya es tarde. La historia vuelve a repetirse, con víctimas y culpables. La sociedad llora, sufre, se indigna, se lamenta pero a juzgar por los hechos nunca aprende la lección.