Justicia, más de lo mismo

El funcionamiento de la justicia argentina, como tantas otras instituciones, no es el mejor. Desde hace muchísimos años se encuentra en una zona gris, sin brillo, sin brindar tranquilidad a la sociedad. La calidad del servicio está fuertemente cuestionada y un amplio grupo de jueces federales no goza de una buena percepción ante la sociedad, sufren de un descreimiento enorme que se explica por sus fallos o su falta de acción a lo largo de los años. Es que han modelado una imagen asociada a que se investiga y se condena de acuerdo a la cara del cliente, si es poderoso quizás hay un relajamiento del rol de juez. Las causas de corrupción que afectan al mundo de la política argentina presenta los principales ejemplos que respaldan esta opaca consideración social sobre la justicia. Repasemos tan solo los de esta semana, comenzando por el pedido formulado por el fiscal federal Carlos Stornelli para que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López vayan a juicio oral y público, junto a otros más de veinte acusados, por sospecha de sobornos por parte de la constructora Skanska. 

Lo llamativo es que el caso Skanska se inició en el 2005. Hace 14 años que recorre los circuitos secretos de la Justicia argentina. Incluso en 2006 estaba casi archivado, pues la Cámara Federal había sobreseído a todos los acusados, en tercera instancia, la Casación reabrió la investigación, al considerar como prueba válida una grabación obtenida en un allanamiento en la que el gerente comercial de Skanska Javier Azcárate le reconocía al auditor interno Claudio Corizzo que se habían pagado sobornos a Enargas y a Nación Fideicomisos. Catorce años sin que se resuelva nada, recién ahora un pedido para que vaya a juicio. Indignante tanta ineficiencia junta, más aún considerando los altos salarios que se pagan a jueces y fiscales en comparación con los salarios comunes y corrientes. 

Un segundo ejemplo de las causas eternas. El procurador general interino, Eduardo Casal, le recomendó a la Corte Suprema que tomara el caso y dejara sin efecto la absolución de Menem; es decir, que resucitara su vieja condena. El dictamen es del 11 de junio pasado, pero hasta ahora no había trascendido públicamente. 

Menem había sido condenado en 2013 por este caso, pero el año pasado la Casación, máximo tribunal penal, lo absolvió. El argumento fue que se había vencido el "plazo razonable" que tiene el Estado para definir la suerte de todo acusado. El proceso judicial llevaba entonces 23 años teniendo en cuenta que en marzo de 1995 el abogado Ricardo Monner Sans radicó la primera denuncia en la justicia, que finalmente se tramitó con la carátula de "asociación ilícita, falsedad ideológica y contrabando".

Es decir que a menos de un mes que se cumplan 24 años de la primera denuncia por el contrabando de armas contra Menem, el procurador pide que se escriba una nueva página del escándalo que ya no es exclusivo del expresidente sino también de la Justicia. Otra causa interminable. 

Para cerrar un podio de ejemplos, un caso que refleja al mismo tiempo la mora judicial y por qué los jueces padecen tan mala imagen. Esta semana el fiscal federal Jorge Di Lello intimó al exjuez Norberto Oyarbide a justificar en un plazo de 15 días hábiles su patrimonio, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, que incluye también a su ex pareja y a un presunto testaferro. Di Lello investiga el patrimonio al comienzo y cierre de cada año, entre 2010 y 2017, los ingresos y aplicaciones conocidas en todo el período, y la existencia, o no, de sobrantes o faltantes que pudieran coincidir con las diferencias patrimoniales en cada ejercicio. El fiscal investiga a finales de 2019 sobre lo que sucedió desde 2010. Increíble. De nuevo indigna tanta pachorra judicial. 

Todo puede ser peor. La causa en manos de Di Lello se inició por una investigación patrimonial del fiscal de Saavedra, José María Campagnoli, a raíz de una nota periodística que aseguró que Oyarbide tenía artículos de lujo en un restaurante de Puerto Madero al que asistía con frecuencia, y luego se sumó otro expediente de hace más de 20 años en donde se comenzó a investigar el crecimiento patrimonial. Es decir, que ya estaba sospechado de recibir fondos adicionales antes del cambio de milenio. A menos de cuatro meses del 2020, el controvertido ex magistrado sigue vinculado a una causa sin fin.

Oyarbide renunció a su cargo en 2016, rodeado por denuncias de mal desempeño y enriquecimiento ilícito y hoy cobra jubilación como exjuez por encima de los 200 mil pesos mensuales. Demasiado premio para un juez mediocre que se fue por la ventana del Poder Judicial, más aún teniendo en cuenta que el salario mínimo llegará a poco más de 16 mil pesos tan solo en tres cuotas.