Juicios por la Verdad

Aunque hoy se hayan convertido en moneda corriente, los juicios a los jefes militares que tuvieron a su cargo distintas responsabilidades durante la última dictadura militar, representan un verdadero avance en la historia de la Justicia argentina.

Se trata de un logro de esta joven democracia del país, que responde no sólo a las políticas públicas impulsadas en materia de Derechos Humanos, sino también a las adecuaciones realizadas en los procesos judiciales para favorecer la llegada de condenas que, hasta hace sólo unos años, eran impensadas.

Según un informe de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, dependencia creada por la Corte Suprema de Justicia para impulsar y facilitar la realización de estos procesos, desde 2008 hasta hoy se han concretado un total de 61 juicios orales por delitos de lesa humanidad en todo el país, mientras que en la actualidad se llevan a cabo 15 debates y otros 5 tienen fecha de inicio fijada.

Específicamente, en 2008 se realizaron 6 juicios orales; en 2009, 12; en 2010, 16; en 2011, 17 y hasta agosto del 2012, se concluyeron 10 juicios, mientras que existen otros 15 debates en trámite y 5 juicios ya tienen fecha fijada en Rawson, Corrientes, Santa Fe y Capital Federal.

Entre ellos se encuentra el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, el centro de detención más significativo que tuvo el Proceso, que se postergó hasta el próximo 25 de octubre porque el Tribunal a cargo resolvió sumar al debate la causa que investigó los denominados vuelos de la muerte, que investiga el asesinato de unas 500 víctimas y que tiene a personajes como el civil Gonzalo Torres de Tolosa y el piloto Julio Poch en el banquillo de los acusados.

En total, fueron condenadas más de 260 personas por delitos de lesa humanidad, entre ellos el primer presidente de facto de la última dictadura, Jorge Videla, y el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, que acumulan varias sentencias a prisión perpetua.

El informe publicado recientemente por la Corte Suprema de Justicia, señala además que frente a falencias advertidas en la tramitación de las causas (en 2008 sólo se habían realizado 6 juicios para 29 personas y para 2009 estaban programados sólo 13 procesos orales), la Corte estableció el mecanismo para la integración de los tribunales federales, y dispuso que la Cámara Federal de Casación implementará la decisión.

Así, explica el informe, se cubrieron las vacantes existentes en los tribunales orales en lo Criminal Federal de la Capital y se reasignaron las causas seguidas por violaciones a los derechos humanos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército a tribunales que estaban en mejores condiciones de afrontar la carga de trabajo.

La decisión de reasignar causas para agilizar los procesos luego se replicó en otras jurisdicciones y se pudieron celebrar juicios orales que a esa altura registraban ciertas demoras.

Es así como en nuestra provincia se pusieron en marcha causas emblemáticas, que implicaron la actuación de testigos, querellantes, abogados patrocinantes, y actores que desde hace tiempo venían bregado por esta oportunidad histórica.

En este sentido, el gobierno santafesino implementó una serie de políticas destinadas a acompañar a la Justicia, como el Programa de Protección y Acompañamiento de Testigos y Querellantes.

En la provincia de Santa Fe, los juicios por delitos de lesa humanidad comenzaron en 2009. En diciembre de ese año se conocieron las condenas en la causa Brusa; en 2010 las condenas en las causas Barcos y Facino, así como las del juicio contra Pascual Guerrieri y otros; y en 2011, las de las causas González y Díaz Bessone (este último, condenado el 26 de marzo de 2012).

Este año, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe sentenció a Martínez Dorr (quien pasó por la UR V de Policía) y también dio comienzo al juicio que se sigue a Juan Gil por delitos que se habrían cometido en la ciudad de Reconquista. Así, por primera vez en el país, es llevado a juicio un imputado por amenazas a testigos y funcionarios judiciales en el marco de investigaciones por delitos de lesa humanidad. 

De todas maneras, aún quedan causas pendientes en toda la provincia que aguardan una recomposición histórica, y que involucran incluso a desaparecidos en Rafaela. El desafío de la Justicia será entonces profundizar el camino iniciado y seguir contribuyendo desde su lugar a la construcción de la Memoria.