Por REDACCION
Según lo destaca el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadín Argañaraz, en un extenso desarrollo analítico sobre la economía y la situación fiscal, partiendo del punto que en el segundo semestre de 2017 se adoptaron importantes decisiones de política fiscal que pueden ser clave para la evolución de la economía de aquí en adelante. Entre las mismas destaca la Ley de Responsabilidad Fiscal -que busca atenuar los problemas del déficit de las cuentas públicas-, además de la Reforma Tributaria y el Consenso Fiscal.
Justo ahora, según se señala, se está comenzando a aplicar la letra chica de esos cambios, con las reacciones correspondientes. Cabe recordar que en los últimos 15 años hubo un gran avance de la presión tributaria, alcanzando su pico en 2015, cuando la recaudación significó nada menos que el 26,3% del PBI. En los dos últimos años, producto de algunas rebajas, hubo ligeras reducciones, pasando a 24,3% en 2016 y 24,9% en 2017, habiendo sido los principales factores de esa merma el impuesto a las Ganancias y los Derechos de Exportación, explicando el primero un punto de rebaja y las retenciones 0,65 por ciento.
Además de la presión impositiva del gobierno nacional, otro factor determinante que impacta sobre la economía es el nivel de los gobiernos provinciales, ya que en los últimos 15 años la presión tributaria provincial también anduvo por un camino ascendente, pasando del 3,8% del PBI en 2003 al 5,6% en 2017.
Estructuralmente los tributos provinciales se encuentran directamente ligados a la actividad económica, por lo cual en sintonía con lo sucedido en 2016 y debido a la recesión la presión tributaria cayó con relación a 2015, volviendo a incrementarse junto a la reactivación de 2017. En consecuencia y como resultado, la presión tributaria conjunta entre Nación y Provincias, es decir la suma de lo que cada nivel de gobierno le resta a la economía, tuvo un alza relevante hasta 2015, mostrando recién en estos dos últimos años una considerable baja, del orden de 1,2 puntos porcentuales del PBI.
Se debe tener presente que a través del mecanismo de transferencias intergubernamentales, parte de la recaudación de impuestos nacionales es financiada por las provincias. Por medio de la coparticipación las provincias recibieron 49,1 pesos por cada 100 recaudados en Ganancias durante el año pasado, en tanto que este año ese porcentual será bastante más alto según lo estipulado en el Consenso Fiscal. En cuanto a las retenciones sobre el complejo sojero, recordamos que las provincias reciben 30 de cada 100 pesos recaudados por AFIP, merced al Fondo Federal Solidario. Todo esto significa que si la recaudación baja, también lo hará la coparticipación de las provincias.
En cuanto a los aludidos Ganancias y Derechos de Exportación fueron los impuestos que más recaudaron entre 2015/2017. En cuanto al total de la caída de la recaudación para la nación significó un 4,5% de su ingreso de 2015, mientras que para los estados provinciales fue de 3% del ingreso de ese mismo año.
Toda esta perspectiva impositiva tanto a nivel nacional como provincial tiene directa relación con la actividad económica y sus recientes modificaciones, en cuanto a la aplicación de las recientes reformas fiscales. Es que por un lado los cambios de diciembre último alcanzan a Ganancias, seguridad Social y el impuesto al Cheque, por lo cual es dable aguardar que en el presente 2018 se registre un alivio en la presión tributaria, lo cual significará cambios en la recaudación nacional. Mientras que el Consenso Fiscal acordado con todos los distritos salvo San Luis, tiene como objetivo bajar la presión tributaria provincial.
Para que estas reformas impositivas vayan adelante, indefectiblemente deben estar acompañadas por la baja sostenible del gasto público tanto nacional como provincial, por lo cual será fundamental que se cumplan los compromisos asumidos tanto por la Nación como las Provincias en cuanto a la responsabilidad fiscal. Es que si no se reduce el gasto público no será posible llevar adelante las reformas aludidas que permitan reducir la presión tributaria. Es decir, las medidas podrán aplicarse, pero tendrán un efecto nulo.
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