Por REDACCION
La intención del Gobierno nacional de poner en discusión la actual estructura tributaria, laboral y quizás previsional con el objetivo de evaluar y, eventualmente, consensuar modificaciones con mayor o menor profundidad pone en alerta a sectores políticos, tributaristas y entidades que representan a las empresas y a los ciudadanos.
Uno de los ejes que concentra por estos días la atención en cuanto a una reforma impositiva gira en torno a gravar o no la renta financiera, una aspiración de distintos sectores políticos que cosecha adhesiones pero también fuertes resistencias.
Una mirada simple sobre la cuestión es que quien invierte dinero en el sistema financiero, a través de herramientas como bonos o plazos fijos, deberían pagar un impuesto, teniendo en cuenta además que su inversión no es productiva. Sin embargo, otra perspectiva sobre el asunto es que ese mismo dinero que el pequeño inversor de plazo fijo coloca en el banco constituye el crédito que se otorga a una Pyme para financiar sus proyectos de expansión. La conclusión es, según expertos tributaristas, en que la implementación de un impuesto a la renta financiera encarecerá el crédito para el consumo o la actividad productiva. Y entonces el debate que parecía simple en su inicio adquiere mayor complejidad.
Mientras el Gobierno nacional congeló la discusión sobre la reforma del sistema tributario para después de las elecciones del 22 de octubre para evitar un ruido en la campaña, el tema aún no desaparece de la agenda política. Y si no que lo diga el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien el fin de semana propuso que el gobierno elimine las retenciones al sector agropecuario y se grave la renta financiera. "Queremos que en dos años se eliminen las retenciones, y se ponga un impuesto a la renta financiera porque queremos que la plata del campo se quede en el campo, en los pueblos y en las ciudades de Córdoba", sostuvo. Además, consideró injusto que "Córdoba ponga 23 mil millones de pesos de retención a la soja y solo vuelvan 2 mil millones, y que el grueso se termine volcando en la Capital Federal o al conurbano bonaerense".
De todos modos, la Casa Rosada ya fue anticipando a través de distintos medios que la propuesta no prosperará al menos por ahora. A través de la vieja fórmula de revelar datos del proyecto a la prensa para que se publique y a partir de ese momento se mida el impacto especialmente en el mercado, se puede avanzar o desistir con una idea. En este sentido, se
deslizó inicialmente que la renta financiera alcanzaría el 35% y comprendería a todas las colocaciones bancarias, como las Lebacs y los plazos fijos desde un monto determinado, que podría ser 500 mil pesos.
El efecto fue inmediato: la cotización de los bonos argentinos retrocedió, es decir que los inversores ya no considerarían atractiva la renta de esos papeles si que deberían pagar el 35% de sus dividendos. Con este dato, se enfrió cualquier proyecto en esta dirección más allá de que constituya uno de los reclamos sostenidos de Sergio Massa, el líder del Frente Renovador y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires.
El gravamen sobre la renta financiera se aplica en muchos países, pero los funcionarios del Ministerio de Economía coinciden en que ahora no es el momento de su implementación en la Argentina porque recién comienza a florecer el mercado del crédito, como el hipotecario que ya se ofrece a plazos de 30 años.
Todo cambio implica reacomodamientos y eso se traduce en tensiones entre distintos sectores. Es lo que viene en la Argentina de los próximos meses si el electorado respalda al gobierno nacional en este octubre como en agosto pasado. Será un voto de confianza incluso para las reformas que esperan el paso de las elecciones para dejar el cajón y colocarse otra vez sobre la mesa.
Para tener en cuenta el caso de la Unión Europea, que recientemente acordó estudiar cómo conseguir ingresar en las arcas públicas los beneficios de gigantes de internet como Google, pese a las reticencias de países como Irlanda donde gozan de un sistema fiscal más ventajoso.
En la era digital, "el actual sistema impositivo ya no es aplicable y es por eso que tenemos que encontrar una solución", subrayó el ministro estonio de Finanzas, Toomas Toniste, a su llegada a una reunión con sus pares europeos en la capital de Estonia, Tallin.
La imposición de las multinaciones está en el centro del debate en el mercado único europeo. Algunos países denuncian que compañías como Amazon, Apple o Facebook eluden pagar tributos instalándose en países de la UE con bajos regímenes fiscales, como Irlanda o Luxemburgo.
Los sistemas tributarios, como se ve, siempre quedan envueltos en tensiones cuando se discuten reformas. Aquí y allá.
Los comentarios de este artículo se encuentran deshabilitados.