Por REDACCION
La problemática de la violencia de género y su peor cara, los femicidios, nos presentan hoy un desafío ante el cual estamos coleccionando fracasos como sociedad, más allá de los intentos en el plano institucional por avanzar en políticas de estado para garantizar la vida de mujeres y niños envueltos en situaciones dramáticas, inadmisibles. Las noticias sobre el crimen de mujeres no se detienen por más esfuerzos que se realicen y los potentes reclamos de la sociedad civil en general y de organizaciones emergentes de un feminismo cada vez más afianzado, en lo particular. Especialistas coinciden en afirmar que el femicidio es el último peldaño en la escalera de violencia machista. Cada pequeña agresión, violencia física, psicológica, económica o cada vez que se denigra a una mujer por su sola condición se sube un peldaño más de esa escalinata.
A pesar de ese aparente proceso de cambio que está en marcha para consolidar redes de acción en defensa de la vida de las mujeres, continúan encadenándose casos de una violencia fatal. Así, en los primeros cuatro meses de este año 92 mujeres fueron asesinadas en el país, y también se registraron cinco transfemicidios y siete femicidios vinculados de varones, según el nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro. En un análisis regional de este flagelo, se indicó que Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos al acumular 29, seguida por Córdoba con 10 y Santiago del Estero y Santa Fe con 7 en ambos casos. Como consecuencia de los crímenes 103 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales 63% son menores de edad.
La vivienda compartida sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres y que los golpes son la principal causa de muerte. En el informe detallan que 12 víctimas ya habían realizado la denuncia, que 10 femicidas tenían prohibición de acercamiento, y que otros 10 pertenecen o pertenecieron a una fuerza de seguridad. Otros de los datos del informe dan cuenta de que cinco de las víctimas tenían indicio de abuso sexual, otras cuatro estaban embarazadas, y 11 femicidas se suicidaron tras cometer el crimen.
Cada informe duele porque el altísimo índice de violencia sexista en nuestro país no desciende y demuestra que las medidas implementadas, son insuficientes, indicaron desde el Observatorio en un comunicado. Según la entidad, los medios de comunicación relevados muestran también un aumento de los transfemicidios lo cual evidencia la vulnerabilidad de un colectivo que es objeto de múltiples violencias incluida la institucional y la que ejerce la misma sociedad que las expulsa del sistema. Por eso desde el Observatorio creen que es imprescindible que el Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero, se haga efectivo en todo el territorio nacional. Además, no está claro si entró en vigencia el sistema Sistema Único de Registro de Denuncias de Violencia de Género (URGE ), el cual tiene entre sus objetivos la unificación de la totalidad de las denuncias por violencia de género formuladas en dependencias policiales.
Un caso específico refleja la todavía débil trama del sistema legal para dar respuesta a esta problemática, donde quizás la burocracia, la falta de voluntad o capacidad de funcionarios policiales o judiciales juegan a favor de los asesinos. El femicida de Analía Maldonado, Samuel Llanos, tenía 21 denuncias de violencia por relaciones anteriores radicadas en distintos lugares. Quizás, si hubieran estado unificadas, Analía seguiría con vida y él pagando por su violencia, señalaron desde la entidad.
El pasado 20 de marzo, y al cumplirse un año del inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia del coronavirus, el Observatorio había informado que hasta ese momento se habían registrado 279 femicidios, ocho transfemicidios y 20 femicidios vinculados de varones.
En un reciente artículo de opinión, la diputada bonaerense del Partido Fe, Natalia Sánchez Jauregui, recordó que según las estadísticas de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo sufrió violencia física por parte de los varones. Cada día mueren 140 mujeres en el mundo, de las cuales 12 corresponden a la región de América Latina, siendo la Argentina el cuarto país con peores registros, por detrás de Brasil (5,3), México (2,6) y Honduras (0,8). En Argentina muere una mujer cada 29 horas.
En Argentina, los sistemas político, judicial y de seguridad aún están en deuda porque no son capaces de proteger a las mujeres. La Ley Micaela, que busca cambiar la cultura y deconstruirnos, puede marcar la diferencia. Pero se requiere dar un poco más desde el Estado en sus múltiples dimensiones y las organizaciones de la sociedad civil. Juntos a la par será mejor.
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