Entre impericias y malos tratos

Por Roberto F. Bertossi

El "embrollo" de nuestros servicios para la aeronavegación con sus secuelas internas y externas es otra irracionalidad más que no se compadece con una gestión estatal ni con elementales derechos de usuarios y consumidores de tales servicios en términos de calidad y eficiencia garantizados en principio, constitucionalmente.
Concretamente respecto al transporte aerocomercial argentino de pasajeros, el mismo entre nosotros está subordinado a una pésima política de estado. El Estado rescató a la compañía de bandera (Aerolíneas Argentinas) entregando su `comando´ arbitraria y discrecionalmente, a un precoz, inexperto, displicente e ignoto `CEO´ con raigambre sindical´, lo que necesariamente provocó semejante desbarajuste.

INDEFENSION
En efecto, una cabal relación en el uso y el consumo de servicios de aeronavegación comercial comprende: previsión, seguridad, logística, intereses económicos, información adecuada y veraz, libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno; lo cierto es que, en todo eso reina y gobierna la más absoluta y bochornosa indefensión como resultado necesario de tanta incapacidad, nepotismos sindicales y desaprensión.
Más aún, no obstante la vigencia del artículo 24 de la Ley Nº 25.877 que en su `Capítulo III´ previsto para eventuales “Conflictos Colectivos de Trabajo” establece explícita e imperativamente: “Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción -añadiendo en el párrafo inmediato posterior que-: Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”; bueno, los últimos hechos de público conocimiento que provocaron irresponsablemente gran cantidad de vuelos cancelados, produciendo malos tratos y sinsabores a miles de personas y de sectores económicos, han revelado una vez más la inescrupulosidad de los funcionarios del área que ni siquiera ofrecieron las disculpas del caso con las correspondientes indemnizaciones a los damnificados y las renuncias a sus cargos inherentes a un normal y buen proceder. También quedó claro que ni el ejecutivo ni el legislativo ni la irritante `prudencia judicial´ han plasmado aún el imperium de la manda del articulo 42 de nuestra Constitución Nacional (CN.) cuando proclama: “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos . . .“
Así las cosas, ya por estas horas todos los argentinos demandamos una gestión pública eficiente para la economía y los servicios argentinos la cual no debe prescindir de funcionarios y personal idóneos ni postergar más la utilización de las nuevas técnicas de información, dirección y gestión en el planteamiento y resolución de los problemas que afectan a sus distintos subsistemas funcionales.

GESTION RACIONAL
Finalmente esta gestión deberá ser capaz de asegurarnos no sólo la resolución de este embrollo sino la adopción racional de decisiones satisfactorias para el mediano y el largo plazos en materia de economía y de servicios, aspectos claves para toda actividad productiva lo que no podrá lograrse si prevalecen `nepotismos´, impericias y malos tratos.