Entre decir y callar

Todos los jubilados y pensionados del sistema previsional de la Nación recibirán un incremento del 16,82% a partir de sus haberes de septiembre, que cobrarán dentro de ese mismo mes. Así lo anunció el Gobierno nacional, que al igual que en numerosas ocasiones anteriores decidió contar la parte de la historia que más le conviene, evitando mencionar aspectos de la realidad que no le “juegan” a favor.

Según lo informado por la presidenta Cristina Kirchner, el ingreso mínimo del régimen gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) se ubicará en $ 1434,29, en tanto que el haber máximo será, siempre en bruto, de $ 10.507,90.

Con el alza anunciada, los haberes tendrán una variación del 37,06% entre marzo de este año (cuando hubo una recomposición del 17,33%) y febrero de 2012. También se elevarán las pensiones no contributivas, que se definen como el 70% del haber mínimo y que serán de $ 1004.

Además de los ingresos de los pasivos, y tal como lo prevé la ley 26.417, el mes próximo se incrementarán, también en un 16,82%, los aportes jubilatorios de los autónomos y de los asalariados de mayores ingresos. En el caso de los contribuyentes autónomos, el aporte de la categoría más baja será de $ 266,07, y el del escalón más alto, de $ 1170,71 mensuales.

En total, serán 6.826.000 las personas alcanzadas, y el costo anual llega a $ 20.000 millones, según datos de la ANSeS.

Sin perder de vista el hecho de que el aumento a los jubilados constituye una buena noticia, lo cierto es que el Gobierno ha tomado la discutible decisión de convertir en propaganda política lo que en definitiva debería ser lisa y llanamente la implementación de una regla. Esto en virtud de que a fines de 2008 entró en vigencia una ley que determina la aplicación sistemática de dos aumentos por año, uno en marzo y otro en septiembre.

Lejos de sólo cumplir con lo que establece la ley, Cristina Kirchner continúa anunciando con bombos y platillos que su Gobierno cumple con la normativa vigente. Algo que, cabe reconocer, no cambiaría demasiado con la llegada de otro partido al poder, ya que la política argentina contemporánea está hecha de cosas como esta.

De todos modos, peor que decir algo que sería mejor callar, es no decir algo que en realidad pudo haber pasado, o que ocurre pero es desfavorable a lo que se pretende mostrar. Por ejemplo, la Presidenta decide obviar la parte del relato que la muestra vetando la ley sancionada en el Congreso que buscaba fijar los haberes mínimos en el 82% del salario mínimo vital y móvil. Semana a semana el Gobierno muestra las espectaculares cifras de la economía argentina, pero, al parecer, todos los superávits y la solvencia financiera no alcanzan para pagarle a los jubilados lo que les corresponde.

Lo que tampoco dice la Casa Rosada es que, si bien se incrementaron notablemente durante los últimos ocho años, los haberes jubilatorios todavía están muy lejos de cubrir las reales necesidades de la gente de la tercera edad.

Incluyendo el aumento que comenzará a regir en septiembre, el sueldo mínimo de un jubilado -1.434 pesos- apenas permitirá afrontar el 53% de la canasta básica, que según la última medición de la Defensoría de la Tercera Edad se ubica en 2.695 pesos. Sin el próximo aumento, los haberes sólo permiten cubrir el 45% de dicha canasta. Un dato no menor a tener en cuenta para dimensionar el impacto de estos números es que más del 70% de los jubilados perciben el haber mínimo.

Cabe precisar que el relevamiento de la Defensoría que está a cargo del Ombudsman Eugenio Semino incluye una lista de alimentos elaborada por nutricionistas y agrega medicamentos y hasta contempla gastos de esparcimiento. En mayo del año pasado, cuando se realizó la medición por primera vez, el costo de la canasta de los jubilados había quedado en 2.053 pesos. En un año, se encareció 31%, hasta los 2695 pesos.

En este sentido, el intenso crecimiento de la inflación también les juega una mala pasada a los jubilados, ya que los analistas privados prevén que mientras el Gobierno continúe negando el problema, la tendencia alcista no se detendrá. Por tanto, la canasta de la tercera edad, como el resto de los bienes y servicios, seguirá trepando. No obstante, el hecho de que el haber jubilatorio aumente un 37,06% en el año permitirá absorber la suba inflacionaria y hasta generar una pequeña recuperación del poder adquisitivo.

Entre decir y callar. Así se mueve el Gobierno desde hace 8 años. Y así lo hará por otros cuatro años más, si Cristina Kirchner finalmente logra la reelección.