Por REDACCION
Con la política revuelta en todo sentido, la sensación es que cualquier cosa puede pasar, en especial aquellas que restan en lugar de sumar para un objetivo tan simple de enunciar como complejo de alcanzar: que todos los habitantes del país puedan satisfacer sus necesidades básicas y disfruten de una buena calidad de vida. El clima de crispación, confrontación y ruptura que se observa entre las clases dirigentes y la casta política no hace más que alejar la posibilidad de que los argentinos logren el anhelado bienestar, lo que se traduce en un aumento de la migración juvenil desencantada con la historia reciente y desesperanzada respecto al futuro.
La Argentina no cambia más. La inseguridad, la inflación, la pobreza, la desocupación o el empleo precarizado que no permite ahorrar para aspirar a una vida mejor dominan la escena desde hace años impregnando de pesimismo a la sociedad. La crisis parece ser funcional a los profesionales de la política que viven muy bien y enriquecen su patrimonio mientras las mayorías no pueden salir del fondo del país.
En esta discusión estéril, donde nadie se esfuerza demasiado por construir consensos -solo hay un compromiso discursivo a favor de la unidad pero no acciones concretas- el Gobierno nacional desafía una y otra vez a uno de los sectores más dinámicos de la economía como lo es el campo. Y en lugar de buscar acuerdos para aumentar la calidad de las políticas públicas en busca de un modelo en el que todos ganen, elige la pelea porque necesita imperiosamente un "enemigo" para alimentar su relato con el que seduce a sus votantes, a su núcleo duro.
En este contexto electoral recargado donde los mensajes buscan diferencias entre "nosotros" y "ellos", lo cual es funcional a la grieta y a los intereses de aquellos que se enriquecen, ahora es el INTA el que está en la mira, lo que explica la reacción de las entidades representativas de la producción agropecuaria. Como es el caso de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Santa Fe que en la última semana rechazó enfáticamente cualquier intento legislativo que persiga alterar el funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tal cual se pretende llevar adelante a partir de una iniciativa que propone modificar la composición actual del Consejo Directivo.
Hace poco más de un mes comenzó la polémica al conocerse la redacción de proyectos de ley que impulsaban la apropiación de tierras de las estaciones experimentales en varias provincias. Para los dirigentes ruralistas de Santa Fe, estas prácticas buscan cercenar el rol fundamental que tiene el INTA, por lo que manifestaron su preocupación y se declararon en alerta para defender al organismo integrado por representantes del sector público y privado.
Para el campo, el INTA es la herramienta fundamental para el desarrollo tecnológico del sector, también garantiza una activa participación de los productores y profesionales en la fijación de las políticas públicas de investigación, desarrollo y extensionismo sectorial. En este marco, instó a los diputados y senadores a que no acompañen estos intentos de avanzar sobre el organismo nacional para resguardar los derechos de las entidades que representan a los productores agropecuarios. A nivel nacional, la Federación Agraria y otras entidades también se han pronunciado contra cualquier avance contra el organismo.
Cabe agregar que Rafaela cuenta con una Estación Experimental con un predio de unas 200 hectáreas. En la actualidad cuenta con ocho agencias y dos oficinas de información técnica lo que refleja la importancia de sus aportes para el crecimiento de la región. Y su protagonismo se tradujo en la ampliación de sus tierras para la gestión de unidades productivas y de experimentación.
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