El petróleo y la contaminación

Una nueva controversia se disparó en la última semana sobre una fuga de petróleo en el complejo de Vaca Muerta, justo en concesiones de explotación de hidrocarburos asignadas a la compañía de capitales mixtos YPF, aunque de gestión estatal. La ONG ambientalista Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicaron imágenes satelitales de un derrame en el yacimiento de petróleo no convencional Bandurria Sur, operado por la empresa YPF.

Según indicó Greenpeace en su portal web, el derrame ocurrió la semana pasada, y precisó que "hay un mínimo de 85 mil metros cuadrados impactados directamente por el crudo, equivalente a 10 canchas de fútbol, aproximadamente". 

Advirtió que se trata de "alrededor de 77 hectáreas contaminadas, a sólo 11,5 kilómetros de la localidad de Añelo y del Río Neuquén".

Las organizaciones presentaron un pedido de información pública a la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia de Neuquén con el fin de obtener información respecto de las causas y la dimensión del impacto, así como los planes de remediación y las sanciones para los responsables. Leonel Mingo, integrante del equipo de campañas de Greenpeace, criticó: "Las petroleras están demostrando total incapacidad en la protección del medio ambiente en la Patagonia". Además, cuestionó: "YPF y la chilena ENAP fueron responsables del mayor derrame de petróleo en los últimos veinte años de Chile. Ahora, la empresa argentina junto a su socia Schlumberger derraman petróleo en el núcleo de uno de los proyectos petroleros que mayor impacto podrían tener en el cambio climático".

Por su parte, la petrolera no brindó detalles de lo sucedido, pero aclaró que "no afectó la salud del personal" y aseguró que trabaja "en la remediación de la zona afectada". Según consignó el portal La Mañana de Neuquén, el subsecretario

provincial de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli, la perforación había alcanzado la formación Vaca Muerta y el pozo se "descontroló" a causa de que "la presión de superficie le ganó a la de trabajo".

En tanto, el pasado 18 de octubre autoridades chilenas anunciaron una investigación y un sumario sanitario por el derrame de 720.000 litros de petróleo ocurrido en Tierra del Fuego, un territorio austral compartido por Chile y Argentina. Según la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), el derrame se produjo desde una planta de la petrolífera

argentina YPF, ubicada en el sector industrial Cullen en la comuna de Primavera (unos 3.000 km al sur de Santiago), afectando a un río y a unas dos hectáreas de terrenos pertenecientes a la Empresa Nacional del Petróleo de Chile (Enap). 

YPF y Enap dispusieron un equipo de 51 trabajadores para recuperar el petróleo derramado y sanear la zona afectada, mientras que se tomaron medidas para controlar el paso de animales en el sector del incidente. "Ha sido recuperado aproximadamente el 75% del fluido, compuesto entre agua y crudo", agregó la nota de Onemi. 

La organización medioambientalista Greenpeace advirtió en un comunicado que el derrame "podría amenazar gravemente a la biodiversidad de la zona", debido a los contaminantes del petróleo que "pueden afectar los sistemas de reproducción y alimentación de las especies a largo plazo". Esta ONG realizó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente en Santiago por infracciones ambientales derivadas del derrame.

Estos dos incidentes de contaminación que tienen como protagonista a la petrolera YPF se registraron días antes del anuncio, efectuado el último jueves, de su plan de inversiones que contempla más de 30.000 millones de dólares entre 2018 y 2022, en el marco de un "Plan Estratégico" destinado a incrementar su producción de hidrocarburos, de gas y de su red de estaciones de servicio (su meta es abrir 200 nuevas). Según detalló la compañía, 3.300 millones de dólares serán para operaciones y cuidado del medio ambiente.

En este contexto, cabe recordar que a principios de este mes, más de 100 organizaciones sociales de Latinoamérica alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de los graves riesgos del fracking -como se utiliza en Vaca Muerta- para extraer hidrocarburos y exhortaron a los gobiernos a prevenir las violaciones a los derechos humanos que provoca.

La CIDH, ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recibió a representantes de 126 grupos de 11 países del continente, en una audiencia para debatir la utilización de la fracturación hidráulica y sus consecuencias, en el marco del 169 período ordinario de sesiones que celebró en Colorado, Estados Unidos.

Según los datos que presentó, hay unos 5.000 pozos que usan esta técnica para obtener hidrocarburos no convencionales, la mayoría en México (más de 3.350) y Argentina (unos 2.000), además de 182 en Chile y contratos de exploración y explotación en Brasil y Colombia, y de prospección en Bolivia.

El fracking es fuertemente cuestionado por el gran volumen de agua que necesita para romper la roca y permitir que fluya el hidrocarburo, y por el incremento de movimientos sísmicos que podría ocasionar.