Por REDACCION
Ahora que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está prácticamente en su primera etapa, el Gobierno argentino debe expresar claramente en sus planes cómo hará para reducir el gasto público que están por encima de los ingresos públicos. El gradualismo nunca pareció la herramienta adecuada en el plano de las acciones aunque sí lo era en el del discurso amigable de Cambiemos, que no buscaba perder la simpatía ante el electorado con transformaciones agresivas que quizás, como sugieren los economistas, habrían sido necesarias.
De todos modos, el presidente Mauricio Macri comenzó a pagar desde el año pasado un precio con la actualización de las tarifas de los servicios públicos, lo cual despertó una ola de protestas de los hogares, pequeñas y medianas empresas y comercios. Muy pocos hubieran estado de acuerdo con mantener los criterios de quienes gobernaron hasta 2015 de subsidiar a los pobres y a los ricos por igual por tanto consistía en una ecuación insostenible en el largo plazo. La duda gira en torno a la velocidad que debía tener ese proceso de reajuste de los cuadros tarifarios de electricidad y gas natural.
Para el Gobierno la política de aumentos respondía a la necesidad de devolver rentabilidad y capacidad de reinversión a las empresas privadas que prestan servicios públicos, el mejor camino para incrementar la capacidad de generación y recuperar soberanía energética. La sensación es que siempre se beneficia a esas empresas energéticas cuyos propietarios son cercanos a los funcionarios públicos.
Un análisis de la consultora Idesa realizado cuando en el Congreso se discutió el proyecto para retrotraer los precios de las tarifas a noviembre del año pasado permite dimensionar qué tareas hizo el gobierno para corregir las inconsistencias severas que arrastra la economía argentina. Decía ese informe que la situación fiscal es crítica y que apenas se avanzó con la reducción de los subsidios, al tiempo que recomendaba que el ordenamiento fiscal demanda un abordaje más integral que incluya el sistema previsional y la reconstrucción del federalismo.
En su reporte, la consultora repasó esa iniciativa que se discutió en las cámaras legislativas. Y concluyó que el hecho de que se anularan los aumentos de tarifas y se devolviera lo cobrado por los ajustes desde noviembre del 2017 no implicaba que las empresas sacaran de su bolsillo la plata para los usuarios. Todo lo contrario, consistía en que el Estado nacional debía compensar con mayores subsidios a las empresas por lo devuelto y por la insuficiencia de las tarifas respecto a los costos de producir los servicios.
Según datos sobre las cuentas públicas del Ministerio de Hacienda, entre el primer cuatrimestre del 2016 y el mismo período del 2018 se observa que los subsidios económicos a la energía, transporte, agua y otros ítems se redujeron en un 48% en términos reales, o sea, ajustados por inflación. En tanto, el gasto en jubilaciones y pensiones se incrementó en 11% en términos reales, o sea, por encima de la inflación. Mientras que los gastos en programas nacionales que se superponen con funciones provinciales se incrementaron en 54% por encima de la inflación.
Para Idesa, estos datos muestran que la iniciativa de la oposición atacaba el único factor que hasta ahora venía contribuyendo a reducir el déficit fiscal. Considera que si bien es pertinente avanzar en una mejor gestión del recurso humano y eliminar gastos superfluos, quedarse sólo con estas medidas es seguir tratando de disimular la gravedad del problema. Aun suponiendo que se logren ahorrar los $20 mil millones anunciados, representan menos del 5% del total del desequilibrio fiscal.
En este escenario, gran parte de la expansión del gasto público lo generan el sistema previsional y los programas que ejecutan los funcionarios nacionales cogestionando indebidamente servicios que están a cargo de las provincias y los municipios. Sugiere que el camino es replicar la experiencia del Consenso Fiscal que luego de un trabajoso proceso de búsqueda de coincidencias permitió alcanzar acuerdos conducentes, una metodología que usan los países que prosperan, incluso experiencias cercanas como las de Uruguay y Chile. Claro que para ello es necesario más madurez política y menos oportunismo a fin de acordar estrategias coherentes con el progreso económico y social.
Por último, subraya que con una visión en esta dirección, el ordenamiento del Estado resultaría más eficiente y social y políticamente más tolerable.
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