Por REDACCION
Un grupo importante de oficiales iraníes están formando a militares en Venezuela para controlar a la sociedad país caribeño, según una denuncia remitida a la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea.
En una rueda de prensa organizada por la oficina del secretario general del primero de esos organismos, Luis Almagro, y en la que también participó Dita Charanzova, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, se dejó constancia de la presencia de iraníes, activamente involucrados en cursos de entrenamiento, en el complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas.
La información asegura que oficiales iraníes están trabajando en la llamada Escuela de Operaciones Psicológicas que está en Fuerte Tiuna, se agregó en el referido informe, que genera una lógica preocupación internacional en general y en particular en los países latinoamericanos.
Es una escuela de formación de oficiales, donde los entrenan ideológicamente sobre cómo pueden ser las operaciones psicológicas para controlar a la sociedad venezolana, se comentó.
Se trata de cursos de un año y seis meses de duración, que están a cargo de personal iraní, pero también cubano.
Vale la pena recordar que a lo largo de más de dos décadas de régimen chavista, Caracas mantuvo una relación muy estrecha, tanto con Teherán como con La Habana.
El último informe por videoconferencia al que accedió la OEA, consigna que desde 2018 acusa el régimen de Nicolás Maduro viene cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Descargas eléctricas en los senos y los genitales, ahogamientos con agua sucia, martillazos en las uñas, asfixia con bolsas plásticas con heces fecales, encierros en celdas estrechas sin luz natural y con aire viciado, serían algunos de los tratos que recibirían en las cárceles venezolanas los opositores a Maduro.
Se menciona en otro párrafo, que 2020 fue sin duda un año en que el régimen venezolano aprovechó para avanzar en el ejercicio del control social a través de la represión y la manipulación.
Almagro dijo que según investigaciones de la OEA, desde 2014 en Venezuela se identificaron 18.093 ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por fuerzas de seguridad y colectivos afines a la dictadura, más 15.501 casos de detenciones arbitrarias, 653 de tortura y 724 de desaparición forzada en 2018 y 2019.
El secretario general de la OEA señaló que "estos crímenes no prescriben" y llamó a la comunidad internacional a "poner fin a la complicidad con las dictaduras venezolana y cubana", enquistadas en América Latina.
Agregó el funcionario que la falta de justicia por crímenes de lesa humanidad en Venezuela no es un problema por la falta de evidencia, sino por la doble moral que existe en el sistema multilateral, aunque no dio ejemplos concretos sobre dicha aseveración.
Almagro había cuestionado en diciembre la lentitud del examen preliminar que la fiscalía de la Corte Penal Internacional realiza desde febrero de 2018 sobre Venezuela, que según entiende el organismo "fomenta la impunidad".
En tanto desde la Unión Europea, se advirtió que "el régimen de Maduro se está acercando cada vez más al poder absoluto, como ya quedó demostrado con la toma del control de la Asamblea Nacional, luego de realizar una elecciones fraudulentas".
Charanzova señaló que en el próximo debate sobre Venezuela en la Eurocámara insistirá en que la UE deberá seguir reconociendo al líder opositor venezolano Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional que fue elegida en 2015 como únicas autoridades legítimas.
La funcionaria recordó que nació bajo el régimen comunista en la República Checa y que en su momento fue importante para su país recibir el apoyo de la comunidad internacional, algo que la UE tiene que hacer en este momento con Venezuela.
Obviamente, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro desestimó todos los reportes de violaciones de los derechos humanos en Venezuela y no dudó en definirlos como "burdas mentiras".
Desde Ginebra, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, denunció el allanamiento realizado el pasado 12 de enero de la sede de la ONG Azul Positivo, en el estado Zulia a cargo de oficiales de contrainteligencia militar, por el que siguen detenidos cinco empleados.
Bachelet agregó en su presentación que al menos tres medios de comunicación fueron objeto de ataques cuatro días antes de ese operativo, el 8 de enero.
El gobierno de Nicolás Maduro frecuentemente aplica ese tipo de decisiones y otras formas de hostigamiento para amedrentar e intentar silenciar a quienes expresan ideas contrarias a sus políticas y procede de igual modo con las personas o entidades que denuncian violaciones de derechos humanos, constataron los responsables de elaborar dichos informes.
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