El INDEC y la deuda

A veces, el común de la gente pierde de vista, o lisa y llanamente desconoce el impacto que la manipulación que el Gobierno hace de los datos de inflación, representa para su vida cotidiana. Impacto que no sólo tiene que ver con el aumento del precio de bienes y servicios, sino con otras cuestiones, menos visibles, pero que golpean de lleno en la economía interna.

Además de ser un incentivo para la creciente fuga de capitales, un golpe al clima de negocios y de provocar un encarecimiento del crédito, la distorsión de las estadísticas oficiales tiene un costo monetario concreto para el erario: US$ 3190 millones.

Ese es el monto que, según datos privados, el Gobierno pagará de más entre 2009 y 2012 por la sobreestimación del producto bruto interno (PBI) -consecuencia del retoque del dato oficial de inflación- que beneficia a los tenedores de los cupones de deuda atados al PBI.

De todos modos, y pese a las consecuencias negativas que tuvo el arribo del aún secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, al INDEC, ese número es inferior al ahorro como consecuencia del default parcial de los bonos ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER), un indexador que toma como base la inflación. Según datos privados, ese monto llegaría a US$ 5500 millones si se tomaran los menores pagos de intereses y capital hechos hasta este año.

Al momento de justificar la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la Casa Rosada habitualmente deslizaba que lo hacía para licuar la deuda ajustada por CER. En ese sentido, desde el oficialismo se usaron convenientemente datos del ahorro sobre el total del stock de deuda indexada por inflación, que con vencimientos hasta 2045 llega a cerca de US$ 20.000 millones.

No obstante, el ahorro neto -tomando lo efectivamente pagado y restando lo que se debe abonar por inflar el PBI- muestra un número mucho menor: 2310 millones de dólares. Un número que no parece justificar las elevadas tasas que deben pagar el Gobierno o las empresas locales por endeudarse en el mercado voluntario, sobre todo teniendo en cuenta la buena relación actual entre deuda y PBI.

Tampoco justifica el indirecto impacto sobre el clima de negocios. Por ejemplo, la salida de capitales desde 2007 hasta la actualidad llega a los US$ 67.300 millones, según el Banco Central. A la intervención del INDEC deben sumarse otras medidas, como la estatización de los fondos de las AFJP o la pelea con el campo.

Volviendo al caso de los cupones atados al PBI, cabe recordar que fueron entregados a los tenedores en default que aceptaron participar del canje de deuda en 2005 como una zanahoria para sumarlos a la operación y como una opción para no acrecentar el nivel de la deuda. Sólo se pagan -una vez al año y a mediados de diciembre- si la expansión de la economía logra un piso anual, que hoy está en un 3,26 por ciento.

Al respecto, la consultora Labour, Capital & Growth, fundada por Martín Lousteau, primer ministro de Economía designado por Cristina Kirchner, estimó con datos propios que, debido a la manipulación del índice de precios oficial -que se usa para calcular el crecimiento-, el PBI elaborado por el INDEC entre 2008 y 2011 muestra una sobreestimación que impacta en lo que el Gobierno paga por los cupones. De allí surge la diferencia que pagará el Estado: US$ 3190 millones.

Si bien en el mercado se suele alentar la compra de cupones atados al PBI, por su alto grado de recuperación en poco tiempo, desde el punto de vista jurídico la cuestión no parece estar muy clara.

No pocos abogados alertan sobre la diferencia legal que existe entre no pagarle lo que corresponde a un ahorrista y que, por otro lado, el Estado deba abonar más de lo debido a otros acreedores con dinero de todos los argentinos. Incluso algunos, como Ricardo Monner Sans, hablan del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Otros entienden que se trata de estafa o peculado culposo o doloso, y hay quienes, como el ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, consideran que sería imposible encuadrar la situación en alguna figura penal o civil, y por eso denuncian falsedad ideológica por la manipulación del IPC, al que considera un "documento oficial".

Desde hace casi 5 años, el Gobierno, a través de la figura de Guillermo Moreno, manipula las estadísticas oficiales. La apuesta, que le supo reportar algunos beneficios en el pasado, no parece estar dando sus frutos en el presente. Y, en un escenario que comienza a evidenciar cambios notorios, amenaza con convertirse en una pesada carga.