Por REDACCION
La problemática de la deforestación de bosques tropicales de la Argentina no parece tener solución a pesar del reclamo de las organizaciones ambientalistas al sistema de poder en su conjunto, esto es los distintos estamentos del Estado. Por inacción, omisión o complicidad, funcionarios de todos los niveles de gobierno se desinteresan por la tala indiscriminada de árboles que agravan la compleja situación medioambiental e hipoteca el futuro de las nuevas generaciones de argentinos, quien son nuestros hijos, nuestros nietros. No es justo, realmente, debemos ser más responsables con el planeta, con el lugar en el que vivimos.
En este marco, la organización ecologista Greenpeace difundió su informe anual de deforestación en el norte argentino, el cual advierte que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19, durante 2020 la deforestación fue superior al año anterior. El reporte, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, revela que la pérdida de bosques nativos el norte de Argentina fue de 114.716 hectáreas durante el año pasado según el siguiente detalle por provincias: Santiago del Estero 32.776 hectáreas, Jujuy 30.071 hectáreas, Salta 20.962 hectáreas, Formosa 17.779 hectáreas, y Chaco 13.128 hectáreas.
Desde la Campaña de Bosques de Greenpeace advirtieron que Argentina se encuentra ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades plantearon sin anestesia. Es que la conservación de bosques juega un rol clave en la mitigación del cambio climático. Sólo los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 37% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del país, puntualiza. En ese sentido, la organización ambientalista estimó que las emisiones por deforestación en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco durante 2020 fueron de 20 millones de toneladas de CO2 equivalente. Este valor es comparable con la emisión producida por casi 4,5 millones de vehículos en circulación durante un año.
Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios, por eso ante esta grave situación, es necesario que en forma urgente se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales reclamó Greenpeace en su informe anual.
Cerca del 80% de los desmontes se concentran en el norte del país. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos son el avance de la frontera agropecuaria (para ganadería y soja transgénica) y los incendios forestales, como los que sufrió la provincia de Jujuy el año pasado. Al respecto, la organización consideró muy preocupante que el gobierno de Salta en apenas un mes esté por aprobar desmontes por más de 28 mil hectáreas, una superficie superior a todo lo que se desmontó el año pasado en esa provincia.
Según Greenpeace, Argentina se encuentra en emergencia forestal. En 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) advirtió que aquí ocurre el 4,3% de la deforestación global y que en la última década fue la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año. Según datos oficiales, entre 1998 y 2018 en Argentina se deforestaron 5,8 millones de hectáreas.
Otro gran drama ambiental amenaza a los humedales, ecosistemas que enfrentan amenazas por parte de las industrias agropecuaria e inmobiliaria, principalmente. El 21% del territorio nacional está compuesto de humedales. Sin embargo, a la fecha no hay ley que los ampare, lo cual permite que industrias, como la ganadera y la inmobiliaria, desarrollen sus negocios sobre humedales, lo que modifica directamente su composición y sus funciones como ecosistema. Por eso, se requiere la urgente sanción de una ley que proteja los humedales. De acuerdo a la organización Greenpeace, el Delta del Paraná fue uno de los más afectados durante el año pasado. Hubo más de 30.000 focos de incendios activos y más de 300.000 hectáreas arrasadas.
Según la organización ambientalista, la industria inmobiliaria ha generado daños severos al Delta argentino. Datos de Fundación Humedales de 2018, registraban 543 urbanizaciones cerradas, construidas y proyectadas en el Delta del Paraná y en las planicies de inundación de los ríos y arroyos. Por eso recordó que sólo el 2.5% del agua del planeta es dulce y menos del 1% puede utilizarse, una razón más que suficiente para proteger los humedales, nuestras reservas de agua dulce.
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