Por REDACCION
Por primera vez en 37 años, las organizaciones de derechos humanos de la Argentina no se movilizarán hoy a las plazas del país, comenzando por la emblemática Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de estado de 1974, que derivó en una sangrienta dictadura militar que dejó miles de desaparecidos. El 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar el horror de aquellos años oscuros que comenzaron hace 44 años y se extendieron hasta finales de 1983, cuando el país recuperó la senda de la democracia.
La pandemia del coronavirus ha reconfigurado nuestra vida cotidiana y en el marco de un aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional, las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos han optado por una suerte de marcha virtual, es decir que esta vez no saldrán a las calles sino que buscarán darle visibilidad al Día de la Memoria compartiendo pañuelos blancos en las redes sociales o a través de los balcones de los departamentos o puertas de las viviendas.
Aunque entre 1930 y 1966 hubo en Argentina cinco golpes de Estado que llevaron a varias dictaduras provisionales y una permanente, ninguno de esos procesos fue tan represivo como el que comenzó hace 43 años y que dejó, según las organizaciones de Derechos Humanos, más de 30.000 personas desaparecidas, resumió un artículo de France24 al abordar aquel traumático segmento de la historia argentina. Cuando un día como hoy pero de 1976 una junta militar liderada por Jorge Rafael Videla, comandante general del Ejército derrocó a María Estela Martínez de Perón y se instauró una dictadura bajo el nombre de ‘Proceso de reorganización nacional’, el país quedó sumido bajo una oscuridad total.
De acuerdo al informe Nunca Más elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que tuvo como coordinador al emblemático escritor Ernesto Sábato y que fue publicado en 1984, no se conocía antecedentes en otras partes del mundo de algunos de los métodos empleados en lo que hace a torturas. "Hay varias denuncias acerca de niños y ancianos torturados junto a un familiar, para que éste proporcionara la información requerida por sus captores", planteó el texto de aquel libro que significó uno de los hijos de la por entonces joven democracia recuperada ante una dictadura que si bien terminó en el plano institucional seguía con raíces en el sistema, a tal punto que ensayó varios alzamientos bajo la presidencia de Ricardo Alfonsín.
La dictadura argentina tuvo como contexto regional al plan Cóndor, una política de represión que sobrevolaba Sudamérica donde habían florecido gobiernos militares duros al calor de un mundo partido por la Guerra Fría. Para el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, el plan Cóndor fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña.
El informe de la CONADEP concluyó que en Argentina no solamente se persiguió a los miembros de organizaciones políticas que practicaban actos de terrorismo, puesto que se cuentan por millares las víctimas que jamás tuvieron vinculación alguna con tales actividades y fueron sin embargo objeto de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente, por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado subversivo.
Al menos Argentina ha podido iniciar, desde la recuperación de la democracia, un largo camino -no sin dificultades- en materia de justicia, reparación y memoria. Antes de entregar el poder a las autoridades elegidas democráticamente, los militares ensayaron una autoamnistía a través de una ley de Pacificación Nacional mientras en forma paralela desaparecían los documentos ligados a la represión. No fue suficiente porque el presidente, Raúl Alfonsín, avanzó con la derogación de la ley de pacificación, impulsó el informe Nunca Más y fundamentalmente el Juicio a las Juntas Militares, en el año 1985, que terminó con las condenas a los jerarcas. Lamentablemente, esas conquistas en el plano judicial se licuaron en parte mediante la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida durante la presidencia de Carlos Menem a través de las presiones ejercidas por los militares que aún conservaban cierta dosis de poder.
Quedan cosas pendientes, como terminar juicios a militares y encontrar a más hijos de desaparecidos, puesto que se han hallado a un poco más de 100 de un total de 400. De todos modos, con la Ley 25.633 del 2002, que establece el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se procura recordar a las víctimas de la dictadura y decir, una y otra vez, ‘Nunca más’.
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