El costo de las campañas

A pesar de que el calendario electoral recién comenzará en el 2015, los candidatos a distintos cargos electivos hace rato que pusieron en marcha sus equipos de trabajo, tanto para la elaboración de programas como para la definición de estrategias de campaña. Y esto, indudablemente, cuesta mucha plata. Viajes en aviones, estadías en hoteles, tickets de restaurantes, alquiler de salones para actos y conferencias, impresión de volantes y afiches, contratación de espacios de publicidad en la vía pública conforman el abanico de ítems de la factura de esta pre campaña que está en marcha. 

En su artículo 64, el Código Nacional Electoral establece que "la campaña electoral es el conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática". En cuanto a los plazos, consigna que debe comenzar 35 días antes de la fecha del comicio y finaliza 48 horas antes del día de la votación. Además, considera que "las actividades académicas, las conferencias, la realización de simposios, no serán considerados como partes integrantes de la campaña electoral".

Precisamente estas son las actividades que se organizan especialmente para que desfilen los candidatos a presidente o gobernador tal como se puede apreciar diariamente a través de los distintos medios de comunicación tradicionales, y redes sociales. Hay reuniones privadas con representantes de entidades, conferencias de prensa, discursos en universidades y otros formatos que posibilitan a los candidatos protagonizar un hecho político con aspiración de ser noticia en los medios. Es vital para lograr visibilidad, posicionamiento de cara a las alianzas y, fundamentalmente, sumar intenciones de voto para tener un espacio en los sondeos o encuestas. 

En este escenario, el interrogante es cómo los distintos proyectos pagan las cuentas de este intenso movimiento político. La pregunta está dirigida principalmente a los candidatos presidenciales que muestran una actividad sin pausa y que además implica recorrer grandes distancias. 

Al no estar claro el financiamiento, entonces se alimentan las sospechas sobre aquellos candidatos que hoy ocupan cargos ejecutivos y disponen de recursos del Estado. ¿Sus actividades de campaña se solventan con fondos privados, del partido en el que militan o echan mano de la caja de dineros públicos?

Hasta el momento en que no transparenten el origen de los fondos con los que pagan las gastos de campaña, las dudas de la sociedad serán legítimas. Diario La Nación abordó el tema esta semana, dejando en claro que carteles en autopistas estratégicas que borden la Capital Federal cuestan 150 mil pesos por mes. Y se consultó a los equipos de campaña de los opositores Sergio Massa y Ernesto Sanz y del oficialista Daniel Scioli. La respuesta es que parte de los costos se cancelan con aportes que hacen los legisladores de cada sector -deben destinar parte de sus dietas al partido- y transferencias del Estado a los partidos, y otros mediante "donaciones" de privados. Se puede afirmar entonces que los candidatos tienen los amigos más solidarios del país. 

En la Argentina, es la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos Nº 26.215 la que regula el financiamiento de los partidos políticos a nivel nacional, comprendiendo tanto los recursos que sustentan el funcionamiento ordinario de las agrupaciones, como los recursos de los que estas pueden disponer con motivo de las campañas electorales. 

Según un trabajo del CIPPEC, en nuestro país el financiamiento del funcionamiento ordinario de los partidos es de tipo mixto, esto significa que los partidos se sostienen con dos tipos de aportes, los de origen privado y aquellos provenientes del Estado. El financiamiento privado se integra de todos aquellos recursos económicos, bienes y servicios que provienen de fuentes no estatales, principalmente de aportes empresariales y de ciudadanos, y las cuotas de afiliados.

Por su parte, el Estado nacional, contribuye al normal funcionamiento de los partidos políticos a través del Fondo Partidario Permanente que es administrado por el Ministerio del Interior y se distribuye un 20% en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos y un 80% en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de Diputados nacionales. Sólo participan en esta distribución los partidos que hayan obtenido al menos un número de sufragios equivalente al 1% del padrón electoral, tal como lo dispone el Artículo 34.

En tanto, el financiamiento de campañas es también de tipo mixto, pero las últimas modificaciones introducidas por la Ley 26571 han resultado en una preponderancia de los fondos de origen público. La reforma política de 2009 prohibió los aportes de empresas (Artículo 44 bis Ley 26.215) y la contratación privada de espacios de publicidad en los medios de comunicación audiovisual para la transmisión de publicidad electoral. De esta forma, las agrupaciones sólo podrán disponer de los espacios de publicidad electoral en los medios radiales y televisivos que les asigne la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior tanto para las campañas primarias como generales.