Por REDACCION
Cuando se llevan a cabo elecciones, suele renovarse la discusión en torno a uno de los defectos que trata de esconder con mayor o menor disimulo cualquier sistema político: las prácticas clientelísticas. En la Argentina uno de los ejes de la campaña se sustenta en una supuesta polarización entre dos frentes electorales muy diferentes entre sí, al menos es lo que se esfuerzan en mostrar los protagonistas. Por tanto, quienes gobiernan en la actualidad procuran defender su modelo de gestionar la cosa pública fundamentalmente en lo que hace a transparencia, honestidad y corrupción. Mientras quienes estuvieron al frente del gobierno hasta 2015 reivindican su forma de hacer las cosas principalmente en lo que respecta a la economía y la distribución del ingreso, puesto que la corrupción es poco menos que tabú en este espacio.
En el marco de este debate sin fin, la la ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, destacó las grandes diferencias que existen con el gobierno anterior en cuanto al concepto de los planes sociales al afirmar que la actual gestión terminó con el clientelismo, ahora existe una relación directa entre la gente y el Ministerio puesto que se terminaron los intermediarios. Así aludió a la pérdida de importancia del puntero político, que en otros tiempos decidía discrecionalmente a quien se otorgaban favores y se encargaba de controlar que los beneficiarios realicen la contraprestación correspondiente, esto es votando por un candidato determinado y/o movilizarse a Plaza de Mayo.
De acuerdo a la definición dominante en los ámbitos académicos, el clientelismo político constituye un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.
En la Argentina sobran los ejemplos de este tipo de desviaciones a lo largo de la historia e incluso en tiempos actuales. Las alpargatas es quizás un ícono porque en una época se entregaba a una persona una sola unidad y de acuerdo al resultado electoral se completaba o no el par al supuesto beneficiario, siempre a condición de que vote la fórmula o el candidato que ofrecía el "favor".
Stanley puntualizó que más del 70% de las personas que durante la gestión anterior recibían programas sociales, no había terminado el secundario pero que actualmente, tienen que finalizar sus estudios y capacitarse en oficios. La ministra aseguró que en estos últimos dos años, como consecuencia de estos cambios, más de 20 mil personas consiguieron trabajo genuino en rubros como turismo, huertas, tecnologías y productos orgánicos, que hoy se desarrollan en todo el país. La funcionaria dijo estar al frente de un ministerio federal porque, según entiende, lo mejor es trabajar en conjunto con cada una de las provincias. En este sentido, destacó que es importante conocer la realidad de cada argentino y que su trabajo está lejos del escritorio y cerca de la gente.
El analista político, Rosendo Fraga, recuerda que ya en el Imperio Romano, el cliente era aquella persona de los estratos populares que, a cambio de favores, asistencia o manutención, respondía políticamente a un noble o caudillo político. Desde esta perspectiva, el llamado clientelismo político ha existido a lo largo de la historia en diversas formas. Además, consigna que en la Argentina del siglo XIX, los caudillos políticos nutrían sus filas de hombres provenientes de los sectores populares. Tanto conservadores, como radicales y peronistas, utilizaron formas políticas clientelistas de diverso tipo. El acceso al empleo público, facilitar trámites, otorgar favores y ayudas, han sido sistemas de creación de adhesiones y fidelidades políticas no sólo argentinos sino universales.
Según Fraga, el aumento de la pobreza y la indigencia, generado por la crisis 2001-2002, incrementó las políticas clientelistas en los sectores populares que se han replicado a lo largo de los años. Un ejemplo de ello es que en 2005 se conoció el hecho de que el 52% de los beneficiarios de los subsidios para jefes y jefas de hogar desempleados estaba afiliado a partidos políticos, mientras sólo lo estaba el 14% de la población total. A ello se agrega que aproximadamente un 15% de estos planes eran adjudicados por organizaciones piqueteras, con lo cual dos cada tres subsidios se distribuían sobre la base de clientelismo político. El análisis de los datos electorales muestra claramente que aumenta el voto por el oficialismo -del partido que sea- a media que aumenta la pobreza, subraya el experto.
Desde el otro lado del mostrador también hay una mirada. De acuerdo a Fraga, hay que asumir que para los sectores populares, el clientelismo termina siendo un mecanismo para resolver no sólo la subsistencia, sino también los problemas cotidianos, y que para ellos votar por la oposición implica crear una situación de incertidumbre sobre su futuro. En realidad es el mismo Estado quien, al no cumplir sus funciones primarias, lo termina haciendo por un canal indirecto que le permite capitalizarlo políticamente.
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