El acceso a la vivienda

Una de las problemáticas centrales de la Argentina tiene que ver con las dificultades que grandes capas de la población encuentran para acceder a una vivienda digna. La cuestión emergió nuevamente durante la reciente campaña electoral en la ciudad de Rafaela, compartiendo agenda con otras preocupaciones ciudadanas como la inseguridad, el empleo y la crisis económica y una de sus distorsiones, como la inflación. Varios candidatos incluyeron propuestas vinculadas al acceso a la vivienda y a la tierra, aunque no es fácil satisfacer una demanda que supera las 4.000 familias con problemas habitacionales.

Se requiere de los esfuerzos coordinados de todos los niveles de Estado para avanzar en propuestas concretas, pero lo que funciona muy bien en otras economías, en la Argentina está supeditado a los ciclos económicos. Países con estabilidad económica pueden mantener líneas de crédito hipotecario sin cambios por años, una previsibilidad clave para que las familias decidan endeudarse a largo plazo. La inflación atenta contra cualquier planificación porque todo el tiempo obliga a actualizar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios, cuadro que se agrava con las periódicas devaluaciones que licúan principalmente los salarios. 

Es decir, hasta que la Argentina no logre acuerdos básicos en torno a un modelo de desarrollo sostenible con inclusión que evite las crisis cíclicas -que son profundas y generalizadas-, difícilmente podrá implementar una política de estado en materia de vivienda. 

La percepción que está en crecimiento, y preocupa cada vez más, es que familias de jóvenes a pesar de tener buenos salarios se resignen a no poder acceder a una vivienda propia. Es decir, la distancia entre el salario y el costo de una propiedad es tan grande que la clase media admite que nunca podrá llegar a tener una casa de su propiedad, lo que es alarmante y refleja el desencanto sobre el país. En esta línea se inscribe el aumento de la migración de jóvenes que buscan un mejor futuro en el exterior.

La vivienda urbana emergió como problema estructural en América Latina y el Caribe en los años sesenta, en el marco de los procesos de urbanización acelerada. En Argentina la población vive en gran medida en áreas urbanas. En el año 2001 la población urbana total era del 89,3% y para el año 2015, según proyecciones del INDEC, se estima que la población alcanzó 42,4 millones, mientras que la tasa de urbanización ascendió al 94%. Con dicha tasa, Argentina se encuentra entre las naciones más urbanizadas del mundo, por encima de la media de las naciones de Europa y Estados Unidos.

Un estudio del CIPPEC señala que en Argentina tres millones y medio de familias, esto es alrededor de un tercio de la población del país, no tienen una vivienda adecuada. Esta situación parece agravarse año tras año, puesto que la tendencia al aumento del déficit habitacional se mantiene desde 2001. 

En una muestra de los 18 conglomerados urbanos más grandes del país (donde viven casi el 90 por ciento de niños, niñas y adolescentes según el censo nacional de 2010), la UCA realizó un informe que produjo números alarmantes: casi cuatro de cada 10 niños habitan en viviendas precarias y tres de cada 10 no tiene un servicio sanitario en condiciones; más del 50 por ciento vive expuesto a la contaminación y ese porcentaje aumenta a medida que baja el nivel de ingresos de los hogares, impactando de lleno en su salud.

Frente a este panorama, tanto el diseño como la implementación de la política de vivienda constituyen una instancia clave de la gestión del territorio para revertir las desigualdades estructurales. Hay que ponerse manos a la obra.