Corrupción estructural

Si bien la base de todo gobierno republicano reside en la separación de poderes, en la Argentina de estos días todo parece más difuso y se hace difícil distinguir las líneas entre cada uno de los estamentos del Estado. En la actualidad, se acusa al Congreso de actuar como una escribanía del Poder Ejecutivo, es decir de aprobar prácticamente a libro cerrado los proyectos girados por Presidencia. En cambio, la política y la justicia protagonizan una lucha permanente, como se observa tan níticamente en la Argentina de fines de 2014. 

Jueces que deciden investigar al poder inmediatamente deben padecer un contragolpe. Como Claudio Bonadío, el juez federal que investiga a la empresa Hotesur que administra el Hotel Alto Calafate, propiedad de la Presidenta y su familia. El magistrado ordenó el allanamiento de las oficinas, pidió la declaración jurada de toda la familia presidencial pero al mismo tiempo soportó el contragolpe: el kirchnerismo impulsó sin éxito un pedido de juicio político en su contra en el Consejo de la Magistratura pero al menos logró una sanción económica, disponiendo el descuento por única vez del 30 por ciento del ingreso de Bonadío. 

¿Pero cuál es el mensaje de este nuevo capítulo de la batalla entre la política y la justicia? Es un simple y brutal "no te metas con el poder" dirigido a los jueces federales. 

Como una especie de premio consuelo, es necesario reconocer que el descreimiento en cuanto a la idoneidad de la clase política no sólo es exclusivo de la Argentina, sino un fenómeno global que ha tenido fuertes episodios a lo largo de los últimos años. El caso Petrobrás, la poderosa petrolera estatal de Brasil, y los retornos que sacuden a España son muestras de que la corrupción se extiende en distintas geografías y no es un mal argentino. De esta manera, la tentación de usar el poder para beneficio propio tiene que ver con una corrupción estructural que se ha globalizado. 

Y si bien es cierto que la justicia incomoda a los políticos con sus investigaciones y hasta los procesamientos, en la historia reciente no sobran fallos que condenen a funcionarios por haberse quedado con dineros que no le correspondían. En este sentido, es María Julia Alsogaray, ex secretaria de Estado durante la presidencia de Carlos Menem, uno de los pocos casos en el que la Justicia aceleró a fondo. La exfuncionaria fue condenada en 2004 por primera vez en la causa por enriquecimiento ilícito producido en la década del 90. En la actualidad acumula tres condenas por diversas causas vinculadas al delito de corrupción.

El reciente procesamiento del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, causó un revuelo en el Gobierno, la clase política y los medios. Y ahora que va a juicio por no tener en orden los papeles de un automóvil se agrava el conflicto institucional y se tensa aún más la complicada relación entre Justicia y política. 

En lo que hace a la deuda de la Justicia, uno de los casos emblemáticos es el de la causa originada por presunto enriquecimiento ilícito del expresidente Carlos Menem a partir de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Recientemente la Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo para declarar la prescripción de la causa y ordenó que se siga investigando. Se trata de una investigación a raíz de un desprendimiento de la causa por la venta de armas a Croacia y Ecuador, donde ya recibió una condena de siete años de prisión, en la cual la defensa del exmandatario planteó la prescripción. La Corte, sin embargo, desestimó el recurso presentado por los abogados de Menem, encabezados por Pedro Baldi, y de esta forma él, su hija, Zulemita, y su exesposa Zulema Yoma seguirán siendo investigados.

Aquí está lo sorprendente y que genera cierto desánimo: el expediente se inició luego de que el fiscal Carlos Stornelli pidiera en 1996 que se extrajeran testimonios de la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador para establecer si el mandatario se había enriquecido ilícitamente con el contrabando de armamento.

Luego de que el planteo de prescripción fue desestimado por la Cámara Federal y la Casación Penal para una investigación que este año cumplió la mayoría de edad (¡18 años!), ahora tuvo la misma suerte en la Corte Suprema: el fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Maqueda y Elena Highton.

Ahora, la causa está en poder del juez federal Norberto Oyarbide, quien había citado a indagatoria a Menem, pero tras el planteo se paralizó el expediente, por lo que tras el fallo de la Corte se prevé que se reactive. El expresidente había negado ante la Justicia que se hubiera enriquecido, aunque admitió que el uso de fondos reservados durante su Gobierno no estaba reglamentado y cada dependencia podía utilizar ese dinero sin "rendir cuentas".