Por Redacción
El terrorismo es una de las peores lacras que azota a la humanidad, pues actúa de modo imprevisible e impensado, atacando los más variados objetivos y siempre tratando de provocar el mayor daño en vidas humanas, pues es la forma elegida para tratar de hacer trascender sus objetivos, siempre oscuros e irrazonables, que solo admiten el uso de la fuerza, justamente, por estar absolutamente separados de la razón, la cual no puede alcanzarse a través de la discusión y del debate.
El terrorismo, ahora y siempre, no respetó ninguna clase de parámetros, comportándose de manera tal que causó enormes e irreparables daños, como lo fueron absolutamente todas sus acciones, que aquí en la Argentina sufrimos en carne propia cuando los atentados contra la embajada de Israel y contra la sede social de la AMIA, en este último caso causando la muerte de 85 personas. Hecho que, por la opacidad de nuestra Justicia y el deambular nefasto de algunos integrantes del gobierno, aún hoy se está a la búsqueda de responsables, con un enjuiciamiento posible contra la ex presidenta Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman -entre otros- por un supuesto amparo de protección a los autores intelectuales del atentado en cuestión, todos ellos iraníes.
Tras esta mención, casi inevitable cuando de alude al terrorismo, es que abordaremos el desarrollo de una muy lúcida nota titulada "Una doctrina contra el terrorismo", publicada tiempo atrás por Clarín, siendo autoría de Juan Félix Marteau -abogado y doctor en sociología-, quien dice "el terrorismo constituye una coacción directa a las instituciones jurídico-políticas de un Estado. Su gravedad reside en la violencia que imprime no sólo en el mundo empírico, con su saldo de muerte y destrucción material, sino también, y esencialmente, en el mundo de la cultura al poner en entredicho el modelo de vida que propone el orden normativo para lograr que la convivencia sea posible".
Plantea el articulista cómo reaccionar racionalmente ante una acción terrorista, constituyen un pliegue y repliegue del aparato estatal, al extremo de debilitar la justicia y garantizar la impunidad, marcando que hacia el interior del Estado tiene que ver con la amplificación moderna del paradigma de los derechos humanos, a los que se agrega cada vez con mayor vigor el paradigma de los derechos ciudadanos.
La persecución y castigo de los terroristas debe basarse en "la ética de la responsabilidad", no pudiendo ser considerados los extremistas como meros habitantes de una naturaleza que no entendemos, pues son fanáticos que eligen el mal antes que el bien, debiendo ser honrados como personas para que reciban de tal manera el castigo que les corresponde debido a lo que generan con sus injustas acciones.
Frente a un escenario de tal naturaleza -continúa Marteau- el castigo de los actos terroristas cumple la función de reafirmar la vigencia del derecho, y más específicamente, los proyectos de vida que han sido consensuados socialmente mediante la ley. Es que si los terroristas no sufren por sus actos, se quiebra la expectativa de que es posible vivir a partir del reconocimiento de nuestras diferencias y termina primando el arbitrio de uno -o unos pocos- sobre el resto.
Sostiene luego que "las ideas mencionadas son apenas insumos para el análisis más profundo y sincero que debemos realizar en la Argentina sobre esta problemática central de nuestra época. Aunque estamos sujetos al pragmatismo de los sondeos de opinión, sabemos que, para abordar este tipo de planteos, necesitamos una doctrina, una cosmovisión orientadora para la toma de decisiones".
Se reclama la actualización de las legislaciones existentes, además de la organización de la coordinación interna entre los dispositivos estatales y privados, como así también la reforma del sistema de investigación judicial, junto a la activación de la cooperación internacional en torno a todo lo que aparezca relacionado al terrorismo, para que de tal forma el combate de las acciones terroristas no dejan a nadie al margen, es decir, tanto gobernantes como gobernados.
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