Por REDACCION
La transferencia de recursos públicos para el pago de subsidios a personas sin empleo formal no ha sido un parche en la política argentina sino más bien una política de Estado de ciertos sectores del poder que esconde cosas que nadie admite oficialmente pero que siempre existieron con certeza. La dádiva a favor de los más postergados mediante un sistema de clientelismo busca a cambio el apoyo electoral o la participación en movilizaciones populares para presionar a un gobierno o al Congreso. Es decir, detrás del plan social hay una trama perversa que le exige al beneficiario alinearse con un político o con un espacio.
En medio de este debate, un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) compartió la inquietud que tienen muchos argentinos que sufren por la elevada presión fiscal y que suele generar una respuesta elusiva: qué hacer con los beneficiarios de planes asistenciales. El anterior gobierno nacional, puntualiza la consultora, implementó sin éxito el Plan Empalme con la idea de que los empleadores que contraten a beneficiarios de planes asistenciales tomen el monto del beneficio como parte del salario. El actual gobierno propone ahora subir el subsidio asistencial hasta un monto equivalente al Salario Mínimo, esto es 16.875 pesos, para incentivar a que los beneficiarios de planes asistenciales opten por hacer trabajos comunitarios arreglando escuelas. En el fondo, esto es asimilable a un empleo público, subraya Idesa.
Así, en el plano de los discursos, los planes asistenciales son planteados como un paliativo transitorio ya que la solución es crear más empleos de calidad. Pero la realidad de las últimas décadas muestra que el asistencialismo es una acción permanente del Estado. ¿Por qué cuesta tanto transformar los planes asistenciales en empleos de calidad? se pregunta en el reporte. Para responder a este interrogante resulta pertinente comparar el perfil educativo de los que hoy tienen empleos asalariados formales en empresas privadas con el de los que cobran planes asistenciales. Según la encuesta de hogares del INDEC, tomando las personas mayores de 20 años de edad se observa que el 60% de los beneficiarios de planes asistenciales no terminó la secundaria, mientras que entre los que tienen un empleo formal sólo el 25% no terminó la secundaria. En tanto, otro 36% de quienes cobran planes asistenciales terminó la secundaria, mientras que entre los que tienen empleo formal el 30% tiene sólo secundaria completa. Apenas un 4% de los beneficiarios de planes asistenciales tiene estudios superiores mientras que entre los que tienen un empleo formal esta proporción es del 45%.
Para Idesa, estos datos muestran que el perfil educativo de los beneficiarios de planes asistenciales no se condice con los requerimientos educativos de las empresas privadas que generan empleos formales. Las necesidades de las empresas superan holgadamente los bajos niveles educativos de las personas entrampadas en los planes asistenciales. Por eso, resulta ilusorio esperar que el crecimiento económico les dé a las personas que hoy viven del asistencialismo empleos de calidad.
Ante esta situación, la propuesta natural que surge es brindar capacitación a los que viven de las ayudas asistenciales. Ciertamente que la capacitación puede ayudar a obtener empleo, pero no reemplaza la educación formal. Por lo general, con capacitación lo más que se puede esperar es a ayudarles a conseguir empleos en la informalidad, como muchos de ellos ya lo están haciendo para complementar el ingreso asistencial. Según el INDEC, aproximadamente la mitad de los adultos que reciben ayudas asistenciales declaran estar trabajando de los cuales la totalidad lo hace en la informalidad, sea como asalariado no registrado en pequeños emprendimientos o como cuentapropista.
No hay dudas de que la solución es de largo plazo. Se trata de que los hijos de los que hoy viven del asistencialismo no repitan la historia de sus padres. Para ello, hay que cambiar los paradigmas en el sistema educativo. En lugar de priorizar el interés de las corporaciones docentes, hay que priorizar el aprendizaje de los alumnos, especialmente los más pobres. Además de mejorar la calidad de la educación, hay que garantizar que los niños y jóvenes estén en la escuela. Para esto, hay que modernizar el obsoleto instrumento de la ANSES de control de asistencia escolar que impone la Asignación Universal por Hijo. Se debe contar con un sistema de alertas para que los municipios actúen inmediatamente apenas un niño o joven entra en irregularidad. Haciendo pública esta información se facilitaría el control social de la comunidad sobre la gestión de su intendente en el control de la escolaridad.
De acuerdo a Idesa, también es necesario dar señales contundentes a los padres de que la presencia de los chicos en la escuela es no negociable. En este marco, se debería prohibir la presencia de menores en protestas reclamando por planes asistenciales, tal como se hace con la compra de tabaco, bebidas alcohólicas, la conducción de autos o el voto. Los niños y jóvenes deben dejar de ser usados para hacer marchas “piqueteras” y retornar a la escuela.
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