Por REDACCION
De tanto en tanto adquiere mayor fortaleza el debate sobre los cambios estructurales que necesita la Argentina para despojarse de una carga que le impide despegar hacia una etapa de bonanza sostenida en el tiempo. Según determinados sectores del establishment criollo, que incluye a dirigentes políticos, empresarios y economistas con porciones de poder, las reformas pendientes abarcan el sistema previsional y de la legislación que regula las relaciones del trabajo. Esta posición cuenta con el respaldo de los organismo como el Fondo Monetario Internacional, entre otros, y bien podría abrevar también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) si es que finalmente Argentina es admitida entre sus integrantes (hay un pedido de nuestro país en ese sentido).
En este marco, en plena campaña electoral hacia las elecciones primarias irrumpe en el horizonte la posibilidad de que se avance con una reforma laboral en caso de que triunfen los candidatos del actual Gobierno nacional. Se insiste en que los convenios colectivos vigentes en la mayoría de las actividades económicas se ha quedado en la prehistoria ya que cuentan con muchos años de vigencia y no contemplan las transformaciones que se han registrado en los últimos años, principalmente en lo que hace a los avances tecnológicos. Además, en cada foro de la Organización Internacional del Trabajo y de organismos del estilo a nivel internacional pero también en el país se discute cómo impactará la robotización en el trabajo tal como se entiende en la actualidad. Es decir, preocupa la manera en que se capacite a la mano de obra para prestar sus servicios en un mundo distinto. En otras palabras, la tecnología cambia la forma de producir y cómo se debe trabajar a una velocidad más alta que en la que se pueden adaptar al nuevo contexto los empleados.
Mientras la campaña gira en torno a la denuncia constante del Presidente Mauricio Macri contra los sindicalistas que echaron raíz en sus organizaciones gremiales. Simplemente se refiere a una mafia sindical que tiene nombres y apellidos. De alguna manera busca descalificar a los dirigentes y erosionar su base de poder que quizás en el tiempo permita recrear un contexto más favorable a una apertura del debate en torno a la reforma laboral. Porque está claro que es más fácil ir hacia una reforma laboral consensuada entre los distintos actores (gobiernos, legisladores, gremios y empresarios, quizás la Iglesia también, entre otros) que imponer modificaciones por la fuerza.
En un escenario revuelto, se inscribe la creciente tensión entre la empresa tecnológica Mercado Libre y el gremio de la Asociación Bancaria, que quiere afiliar a 6.500 de sus empleados por considerar que comercializan servicios financieros. Se trata de un conflicto incipiente que renueva el enfrentamiento entre empresas y gremios.
Al debate sobre la reforma laboral que nunca se apaga más allá de que la llama pasa por distintas etapas de intensidad, el titular de la COPAL y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, indicó que "no se puede tener un sistema laboral respondiendo a las necesidades de la primera y segunda revolución industrial", mientras criticó las "resistencias al cambio". Propuso así "mirar las cosas de acuerdo con el siglo XXI" y analizó que si se hace una reforma laboral, se debe poner en marcha con "diálogo social y con los trabajadores". Además cuestionó las "resistencias al cambio" y destacó que "hay miedos y preocupaciones, pero también hay desafíos y yo estoy convencido de que la Argentina puede ser un país que se inserte en el mundo con alta competitividad". En la agenda de tareas pendientes, el industrial subrayó que se necesita hacer los deberes en materia de política fiscal, logística, laboral y burocracia.
En la misma senda, el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina, José Luis Ammaturo, consideró que para ese sector es "fundamental" una reforma impositiva, que reduzca las presiones fiscales, y una "modificación profunda del sistema laboral". El dirigente consideró que ello es necesario para "enfrentar el desafío" que, a su criterio, representa el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Igual que el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Gerardo Díaz Beltrán, quien reclamó al Gobierno bajar el "costo argentino", a partir de una reducción de las tasas de interés, la eliminación del impuesto al cheque y la reforma laboral.
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