Por REDACCION
Entre los grandes debates que se actualizan todo el tiempo pero que nunca termina de resolverse en forma definitiva se encuentra la reforma impositiva, al igual que la laboral o la previsional. En todo caso demuestra la ausencia de consensos y, también, la falta de decisión política para avanzar hacia un sistema tributario ordenado. Recientemente un informe de la consultora IARAF reveló que en la Argentina coexisten más de 160 impuestos que cobran el Estado nacional, las provincias y los municipios, una pesada carga que es parte del problema y de la pérdida de competitividad de la economía.
En definitiva, la maraña de impuestos no hace otra cosa que aspirar fondos de los ciudadanos y empresas para mantener estructuras burocráticas muchas veces mal administradas e ineficientes. La grieta política y social impide alcanzar acuerdos macro sobre qué clase de país queremos para llegar al destino del puerto de una mejor calidad de vida. Da la sensación que la Argentina navega por mares tormentosos todo el tiempo sin brújula ni GPS y sin siquiera poder ver la estrella Cruz del Sur como guía.
La Argentina no tiene un plan de desarrollo sustentable sino que improvisa todo el tiempo. Sus clases dirigentes intercambian el poder periódicamente incapaces de ponerse de acuerdo en torno a políticas de estado. Así, por décadas los argentinos nos acostumbramos -¿nos resignamos?- a padecer una crisis tras otras con algunas píldoras de felicidad en el medio, pero no mucho más.
Un aporte a la discusión sobre el sistema impositivo nacional advierte que a través del IVA ingresa sólo la mitad de los recursos que se podrían recaudar. Por eso, en lugar de seguir aumentando gravámenes que desalientan la producción y el empleo habría que concentrar esfuerzos en administrar mejor el IVA, para lo cual es ineludible una profunda transformación de la administración tributaria, afirma en uno de sus últimos informes el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
En su análisis, sostiene que uno de los impuestos más recomendados por la teoría de las finanzas públicas y utilizado por los países avanzados es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya principal virtud es la neutralidad. Es decir, como se aplica al valor agregado no afecta las decisiones de asignación de recursos productivos. A diferencia de los impuestos al trabajo que desalientan el empleo formal, del impuesto al cheque que desalienta las transacciones bancarias y aumenta la tasa de interés o a la energía que encarece el uso de la energía en la producción, el IVA no “castiga” a ningún factor de la producción en particular.
De todos modos, como cualquier impuesto al consumo, su principal debilidad son los impactos negativos derivados de su aplicación sobre los artículos de primera necesidad, como alimentos y medicamentos, o bienes deseados, como libros y cultura. No obstante, este costado adverso puede ser subsanado previendo mecanismos de reintegro a la población vulnerable y a los consumidores de bienes deseados. En este sentido, con la masificación de los pagos por medios electrónicos la devolución del IVA para contemplar situaciones especiales es relativamente fácil de instrumentar.
En Argentina el IVA se aplica con una alícuota general relativamente alta del 21% y genera el 30% de la recaudación nacional. ¿Es razonable este nivel de recaudación? Un reciente estudio de la CEPAL “Repensando las instituciones para el desarrollo” arroja luz sobre el interrogante, resalta el informe de Idesa. Según esta fuente se observa que en la Argentina ingresa al fisco sólo el 46% de lo que potencialmente se podría recaudar con el IVA, se pierde por beneficios fiscales otorgados en el IVA 7% de la recaudación potencial y además, por evasión, elusión o planificación fiscal agresiva de los contribuyentes se deja de percibir un 47% de la recaudación potencial. Estos datos muestran que en función del valor agregado de la economía y la alícuota general que se aplica, al fisco ingresa menos de la mitad de la recaudación potencial.
Si bien una parte de la recaudación se pierde debido a beneficios fiscales que otorgan las normas (reducciones de tasas, exenciones, tasas cero y otras deducciones), la mayor parte de las pérdidas se explica por evasión (compraventa sin factura), elusión (utilización de regímenes especiales para no quedar gravado con el IVA) o planificación agresiva del contribuyente (la explotación de ambigüedades que generan los vericuetos legales para pagar menos). En otras palabras, si todos pagaran el impuesto se podría duplicar la recaudación de IVA sin aumentar la alícuota subraya el documento de Idesa.
Ante este panorama, las derivaciones de la deficiente gestión en la recaudación de IVA son muy graves. Más allá de las consideraciones éticas emergentes del incumplimiento masivo, desde el punto de vista económico y social lo más dañino es que lo que no se recauda con IVA por impericia, desidia o facilismo se reemplaza con muy malos tributos. Entre ellos se puede mencionar el impuesto inflacionario, al trabajo, al cheque, a la energía, a las exportaciones, etc. Por tanto, es fundamental simplificar la normativa y modernizar la administración tributaria.
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