Más policías para custodiar edificios de los tres poderes

Internacionales 17 de enero de 2023 Por Redacción
INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN BRASIL
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BRASILIA, Brasil, 17 (Reuters). - Brasilia duplicará la presencia policial para reforzar de manera permanente la seguridad de las sedes de los poderes públicos invadidos el 8 de enero por seguidores de Jair Bolsonaro en un intento de golpe de Estado, informó la gobernación del Distrito Federal.
Celina Leao, gobernadora interina del Distrito Federal, dijo que pasarán “de inmediato” de 240 a 500 policías militares destacados en los alrededores de la llamada Explanada de los Ministerios y de las sedes de los tres poderes públicos, que fueron vandalizados por adversarios del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, una semana después de su investidura.
“Para que podamos tener el máximo de tranquilidad y una seguridad firme”, comentó Leao en rueda de prensa junto con el presidente de la Cámara, Arthur Lira, y el viceministro de Justicia, Ricardo Cappelli.
Leao asumió las riendas del despacho luego de que el gobernador Ibanéis Rocha fuese destituido temporalmente mientras se determina por qué falló la seguridad del corazón político de la capital.
La seguridad del Distrito Federal se encuentra bajo control del Ejecutivo federal por decreto presidencial desde el 8 de enero, cuando seguidores radicalizados de Bolsonaro invadieron y saquearon el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
Más de 2.000 personas han sido detenidas por los ataques que el gobierno califica de “actos terroristas” y unas 1.159 continúan detenidas, de acuerdo con el último balance.
Más de 800 ya pasaron por audiencias preliminares, un proceso que terminó ayer.
Las autoridades concentran las investigaciones también para determinar quién financió y ordenó el asalto, apretando el cerco en el entorno de Bolsonaro.
El ex mandatario, en Estados Unidos desde antes de terminar su período, niega conexión con el hecho pero está bajo sospecha de ser uno de los instigadores del ataque.
La policía federal informó que lanzó una operación ayer en Río de Janeiro para detener a tres sospechosos de financiar y organizar los eventos vandálicos, el bloqueo de carreteras y manifestaciones antidemocráticas frente a instalaciones militares.
Cappelli, designado como interventor para la seguridad de Brasilia por el Ejecutivo, dijo que las investigaciones buscan determinar si hubo “profesionales” entre los invasores a las sedes de los tres poderes.
“Había hombres en campo con conocimiento del terreno, tácticas de combate y características profesionales entre medio de los manifestantes”, sostuvo el interventor citando a un sargento herido en la revuelta.
Cappelli señaló que 44 policías militares fueron heridos mientras defendían las instalaciones saqueadas, en donde mobiliario y obras de arte invaluables fueron arruinadas e incluso robadas durante la violenta invasión.
Por otra parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva destituyó por decreto a la dirección de todos los medios de comunicación públicos brasileños a raíz del tratamiento que realizaron de la toma de los tres poderes públicos en Brasilia del pasado 8 de enero.
La decisión fue adoptada en la noche del viernes e incluye el nombramiento de la periodista Kariane Costa como presidenta de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), de la que dependen medios clave como la agencia de noticias Agencia Brasil, TV Brasil o la emisora Radio Nacional.
La medida supone la apertura de un proceso de transición y reorganización en la EBC que durará unos 30 días, ha informado la Presidencia brasileña en un comunicado.

ALERTA PREVIA
Un informe de los servicios de inteligencia de la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia alertó con dos días de antelación del riesgo de asalto violento de los manifestantes bolsonaristas contra las sedes de los tres poderes que finalmente se materializó el pasado domingo.
En concreto advirtió a las autoridades de que los manifestantes tenían “la intención de practicar actos de violencia”.
El texto fue remitido el 6 de enero al secretario de Seguridad Pública del gobierno regional, Anderson Torres, entonces encargado de la seguridad y las operaciones policiales. Torres está siendo investigado por ordenar retirar a gran parte de los efectivos de seguridad de la zona poco antes de la manifestación.

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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