En noviembre de 2019, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción por 191 votos afirmativos, cero negativos y 24 abstenciones, el proyecto de ley de alquileres que estableció nuevas condiciones para los contratos de locación. En junio del año siguiente, el texto logró sanción definitiva en el Senado, por lo que a partir de su reglamentación los ajustes en los contratos deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). Prevé, además, una actualización anual en lugar de semestral y que la extensión del contrato de alquiler pasa a tres años entre otros cambios. 
El sólido consenso alcanzado en Diputados con el respaldo de casi todos los legisladores permitía inferir que la ley sería perfecta para ordenar un mercado de alquileres siempre complejo en el que los inquilinos, que suman alrededor de 9 millones, constituyen el eslabón más débil. 
Sin embargo, con la puesta en práctica todo funcionó peor y quedó en evidencia una mala praxis legislativa, que repercutió en una caída de la oferta de inmuebles para alquilar y el aumento de los precios. Conclusión: inquilinos y propietarios se sintieron perjudicados. En este 2022, la actividad en la Cámara de Diputados comenzó con propuestas para reformar la ley con la premisa de subsanar la fallida ley. Pasó todo el año, mil reuniones, y ante la imposibilidad de consensuar modificaciones nada cambió. 
El 12 de abril de este año, en Rafaela se gestó un movimiento de inquilinos descontentos ante la situación a la espera de los avances del Congreso, que al final nunca ocurrieron. Y para canalizar la bronca y la indignación se movilizaron hasta la sede de la Municipalidad para exigir al Estado local que se involucre en la problemática, que presenta una mayor demanda y una escasa oferta de inmuebles para arrendar. 
Como dato muy revelador y para tener una idea de la magnitud que alcanza en Rafaela esta situación, vale recordar que de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del pasado año, que llevó adelante el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo (ICEDeL), el 21.5% de las familias tiene como techo una vivienda que alquila. En este contexto, un grupo de vecinos autoconvocados de la ciudad presentó más de 2.000 firmas digitales para reclamarle al Departamento Ejecutivo que brinde respuestas y actúe en consecuencia, en especial ante lo que consideran abusos de las inmobiliarias locales. 
Puntualmente, pidieron al Ejecutivo la creación de un número telefónico municipal gratuito, con asesores especializados y abogados pagados por el Estado, para defender a los inquilinos e inquilinas del mal cobro de impuestos, abusos, amenazas y se reforme el régimen impositivo municipal, aumentando la tasa inmobiliaria sólo a aquellos dueños que posean más de dos casas vacías, con el fin de motivar que las viviendas entren al mercado y a la oferta de alquileres.
Diez días después, el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, el Fiscal Municipal, Daniel Fruttero y la responsable de la OMIC, Cecilia Burdisso recibieron a representantes de inquilinos agrupados. 
El compromiso del Municipio fue avanzar en una campaña de información pública sobre los derechos de los inquilinos, estudiar la posibilidad de aumentar la tasa a la vivienda vacía para presionar que se incorpore al mercado de alquileres y analizar la constitución de una garantía municipal para poder alquilar. 
Los inquilinos se fueron conformes al quedar en claro las limitaciones del Municipio. Sin embargo, aquellas ideas no se llevaron a la práctica.