Argentina está ante la posibilidad cierta de enfrentar una de las peores sequías de las últimas décadas y como país productor agropecuario que es, parece un absurdo que no exista una política integral de gestión de riesgos y emergencias, acorde a las necesidades de semejante fuente de recursos fiscales y económicos.
La campaña agrícola 2022/23 viene transcurriendo bajo un escenario climático adverso, que podría tener impactos significativos sobre la producción y las empresas agropecuarias en las distintas provincias del país.
Ante esta situación, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) advirtió su enorme preocupación por las consecuencias económicas y sociales que podría generar este fenómeno en nuestro país, mediante un informe de situación de los principales cultivos y las economías regionales, muy preocupante.

EL ESTADO DE LOS CULTIVOS
En los informes de las Bolsas de Cereales y Comercio del país se refleja con crudeza los efectos que la sequía está teniendo sobre el desarrollo de los cultivos de invierno y las perspectivas de siembra para los cultivos de verano y las producciones agropecuarias.
Por ejemplo, en relación al trigo, las limitantes hídricas obligaron a recortes de más de 500 mHa en la superficie estimada, siendo el NOA y el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe las regiones más afectadas.
En las provincias de Córdoba, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y el sureste de Catamarca se sembró la menor superficie de, al menos, las últimas 5 campañas y se prevé que el área a cosechar sea menor aún debido al contexto generalizado de estrés hídrico, al que se le suman heladas.
En cuanto al desarrollo del cultivo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del invierno junto a las heladas registradas, limitaron el crecimiento y generaron daños. La región núcleo muestra cultivos en un 85% en sequía, 10% en escasez y 5 % en estado regular respecto de los mapas de reserva de agua en los suelos. Los primeros rindes estimados en trigo apenas alcanzan el 50% de lo esperado en gran parte de la región. Sobre el norte del área agrícola, se prevén pérdidas en los potenciales de rendimiento e incluso de área cosechable.
Por otra parte, los informes cuentan que la campaña gruesa empezó con el escenario de mayor sequía de los últimos 27 años, como consecuencia de atravesar el invierno más seco desde 1995 y el efecto arrastre de la falta de lluvias en otoño y verano. De concretarse, sería el tercer año consecutivo con evento de características “La Niña”.
En el caso del girasol, el 57 % de las hectáreas ya implantadas transitan las primeras etapas vegetativas con una condición hídrica entre regular y sequía comprometiendo su rinde potencial.
Mientras, para maíz se estima una baja interanual en las hectáreas sembradas producto de las escasas reservas hídricas con que se cuenta en el centro-este del país. Junto con la disminución en el área, se espera un cambio en la relación temprano-tardío a favor de este último, lo cual impactaría en el volumen final de producción.

PREOCUPACIÓN POR LAS ECONOMÍAS REGIONALES
La situación de las economías regionales es sumamente incierta. Una de las zonas más afectadas sigue siendo en las provincias del NEA, donde las producciones yerbateras, cítricas y forestales aún se están recuperando de los incendios y la sequía extrema que fue noticia a principios de año. En el centro del país, la producción de legumbres, la floración para la producción de miel, y la disponibilidad de pasto para algunas cuencas lecheras ha sido un punto crítico. En la zona cordillerana, la disponibilidad de agua para riego también sigue siendo escasa, por lo que preocupan los rendimientos productivos potenciales, así como el aumento de los costos energéticos que requiere su gestión. Los efectos de estos eventos no sólo se observarán este año, sino también en los venideros.

NECESIDAD DE UNA POLÍTICA INTEGRAL
Ante este panorama, desde el CAA, sus 61 entidades integrantes alertaron sobre “las graves consecuencias que puede llegar a tener la presencia de una tercera “Niña” consecutiva sobre la cosecha de granos, las producciones de carne, leche y las economías regionales”. Y advirtieron que “de no registrarse lluvias en el corto plazo, las pérdidas en la producción afectarán seriamente a las empresas agroindustriales y se reflejarán en menores exportaciones e ingreso de divisas, aporte a la recaudación fiscal, caída del empleo en las distintas regiones del país, y menor crecimiento económico”.
Para el CAA, “una vez más, escenarios como el actual, de mayor frecuencia e intensidad conforme pasan los años, ponen de relevancia la necesidad de desarrollar una política integral para la gestión de los riesgos los que se enfrentan estas producciones, con una Ley de Seguro Agrícola y la actualización de la Ley de Emergencia Agropecuaria entre sus prioridades”.
En este sentido, “hace nueve meses el CAA presentó al Poder Ejecutivo un anteproyecto de Ley de Seguro Agrícola, pero no tuvo eco hasta el momento”.