Nuevo ministro de Seguridad y el aporte desde Rosario

Notas de Opinión 15 de agosto de 2022 Por Redacción
La llegada de Rubén Rimoldi a la cartera de Seguridad tiene una simbología y un mensaje: recomponer definitivamente las relaciones con los uniformados.
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Por Andrés Cánepa*

Pasó una semana vertiginosa en la provincia de Santa Fe. Los índices de inseguridad en el Departamento Rosario eyectaron de su cargo a Jorge Lagna, quien fue reemplazado por un ex jefe policial. La decisión pendular desde los paradigmas en la búsqueda por resolver el flagelo estructural que tiene la región, el empoderamiento de Marcos Corach en el gobierno provincial y la pata legislativa de la mano de la ciudad, entre otros ejes.
Rubén Rimoldi es el nuevo ministro de Seguridad de la Provincia. Un ex policía que fue jefe de la Unidad Regional IV, del Departamento Caseros, y que se fue por decisión propia tras los cambios en la estructura policial que había realizado Hermes Binner en el 2008. La decisión de Perotti tiene dos aristas de análisis: una la de la búsqueda de una baja en los índices del delito en la ciudad de Rosario y su zona, y por otro un mensaje político para la policía de la provincia, quien tiene que ser la punta de lanza de la lucha contra este flagelo.
La gestión arrancó con un jefe de cartera académico criminalístico, con un vasto currículum de especializaciones en el combate contra el delito. Marcelo Saín, inclusive, venía de trabajar en la anterior gestión, fue designado por concurso al frente del Organismo de Investigaciones y tenía una idea clara: a la policía hay que conducirla con mano dura. De hecho, su pelea con el mismo Comisario Sarnaglia, secretario de seguridad de él, marcó a las claras la voluntad de Saín de no darles espacio a los jefes policiales para las decisiones que se tomaban en el territorio ni en las estrategias para ejecutar acciones.
Tras la escalada en la tensión por los dichos de Saín en los medios, sumado a que los índices no mejoraban, en el gobierno tomaron una drástica decisión: cambiar la conducción y nombrar a un político de carrera, abogado, para estar al frente de la seguridad. Lagna llegó con un perfil dialoguista, le bajó el tono a las discusiones en la prensa, y fue quien ejecutó la compra de vehículos, armas y elementos que tanto reclamaban desde la policía. Sin embargo, el delito continuó en escalada, con una crisis luego de los tiroteos en el barrio Empalme Graneros. Era un hecho su salida desde la semana anterior, aunque sólo esperaron el momento indicado.
Ahora, después de probar con sus dos antecesores, eligieron a Rimoldi, casildense, ex policía, para que conduzca la fuerza junto a un nuevo jefe provincial, el ex comisario Miguel Ángel Oliva. Ambos tienen buena reputación entre los uniformados y, por lo que se supo, el nuevo ministro, cuando se retiró, se dedicó a prepararse desde lo académico en distintas universidades. Hasta tuvo participación política en Casilda, siendo candidato a intendente impulsado por un grupo de vecinos.
La llegada de Rimoldi tiene un mensaje para la fuerza. Cuando renunció a su cargo de jefe de la UR IV, lo hizo con duras críticas al socialismo por su manera de desarticular a las fuerzas policiales y alterar los escalafones de la policía. De hecho, el detonante en aquel entonces fue que habían nombrado a una persona al frente de la policía con menor rango que él. Su llegada tiene una simbología y un mensaje: recomponer definitivamente las relaciones con los uniformados, oyendo el reclamo después del paso de Saín y de Lagna.
Rimoldi ya venía trabajando hace dos meses en el Ministerio de Gestión Pública, a cargo de Corach, asesorando a Municipios y Comunas en los temas de seguridad ciudadana. Se especuló con que se lo haya estado preparando, pero esto fue desmentido por el círculo cercano al gobernador. Fue el propio Corach quien le recomendó al ex jefe policial a Perotti para el cargo y, tras un análisis, fue aceptado. De hecho, en la jura en Santa Fe, sólo estuvo él representando al gabinete, junto al gobernador.
El nombre puesto para asumir era el de Claudio Brilloni, el ex gendarme que seguirá en sus funciones de secretario de Seguridad, ocupando un lugar estratégico en las articulaciones con las fuerzas federales que desembarcaron en nuestro territorio. No fue él, según se supo, porque no le daba el tiempo de residencia en la provincia -dos años- para poder ser ministro. Es el único que mantiene su puesto en el gabinete de la cartera tras la salida de Lagna.
Esta situación pendular a cargo del Ministerio de Seguridad denota una necesidad de encontrar soluciones al flagelo del delito complejo y organizado en el territorio santafesino. Pasó de un criminólogo académico, a un político y ahora a un ex jefe policial, con las esperanza de mejorar los índices para mejorar la calidad de vida de los rosarinos, pero también antes de que sea tarde también para las disputas políticas que se vienen el año próximo.

ROSARIO ANTI LAVADO
La persecución contra el delito no es sólo provincial, eso ya lo sabemos. La Nación tiene que hacer su aporte con tecnología y agentes federales que puedan sumarse al combate en el territorio. También la ciudad puede aportar sus herramientas: al delito se lo enfrenta desde distintos frentes, y uno es el control del dinero espurio que trae aparejada la actividad criminal.
La ciudad votó esta semana una ordenanza “anti lavado”. Cuando a nivel municipal se detecten irregularidades, se activará un Sistema de Alerta Sospechosa (SAS). Habrá también entrecruzamiento de datos con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y con la Unidad de Información Financiera (UIF). Esta iniciativa surgió de Martín Rosúa con el apoyo de Juntos por el Cambio, del bloque de Ciudad Futura, y se sumó el intendente Pablo Javkin, quien terminó de darle el impulso necesario para que se apruebe.
Con este aporte, se hará más difícil para las estructuras delictivas poder lavar dinero en nuestra ciudad. Es una herramienta más, necesaria, para saber de dónde sale el dinero de las inversiones en construcción, hotelería, gastronomía, gimnasios, concesionarias y otros rubros. Venía la ciudad pidiendo a gritos ayuda pero cualquier hijo de vecino con Monotributo B pedía autorización para abrir un restaurante y nadie le preguntaba, hasta hoy, de dónde había sacado el dinero. Será un obstáculo más para una economía en negro que es terreno fértil para el lavado de activos.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en general, y sólo tuvo algunas disidencias en particular por artículos concretos. Los esfuerzos que viene realizando el MPA de la mano de algunos fiscales que se comprometieron en la lucha contra las organizaciones delictivas complejas tendrán el acompañamiento de la ciudad para poder seguir encontrando grietas en el accionar de los malandras que se llevan vidas de rosarinos todos los días.
Rosario aportó su granito de arena, tal vez tarde, pero bienvenido sea. Hay muchas cosas por investigar a partir de esta ordenanza, como la adquisición de terrenos millonarios en las zonas costeras, fideicomisos sin respaldo, monopolios gastronómicos y comercios despampanantes de todos los rubros sin tener en claro quiénes son los inversores y cómo ejecutan el negocio.

*Periodista de Rosario (Fuente Red Boing)

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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