Un loteo con interrogantes, funcionarios involucrados y demanda al Municipio

Locales 23 de julio de 2022 Por Redacción
El conflicto que envuelve a privados y el Estado local lleva años judicializado porque se cuestionan aspectos ambientales, como la construcción de un reservorio pluvial peligroso, de dudosa eficacia y que perjudica propiedades linderas, y urbanas como la eliminación de un tramo de una calle y no contemplar una colectora en ruta 70, entre otras situaciones.
11 - Reservorio

El origen de la disputa se remonta aproximadamente al año 2017 cuando la inmobiliaria desarrolladora comenzó con los trámites para lograr la habilitación del proyecto en las tierras encerradas entre la Ruta 70 y las calles: Las Colonias, Montes de Oca y Jorge Martini.
Precisamente, el extremo sur de esta última arteria debía abrirse como producto del loteo, pero esa obra se eliminó para instalar un reservorio hídrico; y fue la causa inicial de una controversia que primero se desató entre privados y luego involucró al Municipio
Fue así que en febrero de 2018 el vecino Rafael Barreiro, como particular damnificado por la futura obra (uno de los límites del reservorio pluvial le queda a poco más de un metro de una de las paredes laterales de su vivienda), inició formalmente un expediente municipal ante la intransigencia del Ejecutivo y la postura del loteador que siempre aseguró, no haber hecho más que cumplir con todo lo exigido para la habilitación.
Decidido a procurar la revisión del proyecto, a pesar de las muchas dificultades con las que tropezó, por la negativa del municipio a aportar información, que debería ser pública, no bajó los brazos y a poco de indagar en las cuestiones técnicas que fundamentan el desarrollo urbano, advirtió varias irregularidades en el planeamiento y en la autorización municipal del loteo..
Sin otra alternativa, ante la falta absoluta de explicaciones, a mitad de 2018, Barreiro inició una demanda de Amparo en la Justicia ordinaria contra el Municipio
“Durante meses, -señaló Barreiro- el Gobierno local negó toda información solicitada por el Juzgado, actitud que llevó al Juez a amonestar al Municipio e intimar a un pronto cumplimiento de la orden de remitir todas las actuaciones que derivaron en la autorización del nuevo loteo del barrio Belgrano.
En tanto, la Provincia, que también fue alcanzada por los requerimientos judiciales, “comenzó a enviar documentación en cuentagotas y desordenada lo que obligó a una larga reconstrucción y clasificación de los documentos”, de acuerdo a los dichos del actor de la causa.
“Actualmente el expediente tiene ocho cuerpos y más de 2.800 folios. De ellos surgen datos inquietantes y reñidos con la conducta que deben tener los funcionarios públicos, pero también con un Estado que no controla, o hace la vista gorda, ante estas situaciones”.

FUNCIONARIOS
EN LA MIRA
El siguiente es un detalle de las anormalidades que fueron constatadas en lo que va del proceso judicial por parte de las áreas técnicas:
- El proyecto de ingeniería que justifica las cuestiones hidráulicas en discusión fue confeccionado por una profesional que a la vez era empleada municipal y actualmente se desempeña como Jefa a cargo de otra sección que también está vinculada a las autorizaciones de loteos.
- El proyecto hidráulico fue aprobado por el ingeniero Jefe de Hidráulica del Municipio, obviamente compañero de trabajo cotidiano de quien lo diseñó. Asimismo, éste funcionario, desarrolló tareas privadas como ingeniero para otro comitente, vecino del loteo mencionado, lo que se puede constatar en el mismo Expediente.
“Ambos casos configuran una clara incompatibilidad en el desempeño de la función pública (tanto es así que ante éste y otros sucesos del mismo tenor, recientemente se promulgó una ordenanza que les prohíbe taxativamente a los funcionarios esta dualidad de labores). Además, esta intervención en los dos lados del mostrador podría prefigurar como un delito por negociaciones incompatibles y tráfico de influencias. Igualmente, existiría el agravante de que los proyectos aprobados podrían tener deficiencias técnicas, lo que no puede ser comprobado por la ausencia de pericias en el expediente”.
En su momento, Barreiro expresó que a su criterio “el tráfico de influencias” se evidenció también en el hecho que el abogado defensor de la Inmobiliaria actuante compartía estudio jurídico con el Fiscal Municipal que se presentó en el Expediente Judicial de Amparo. Asimismo, a las reuniones mantenidas en el Estudio Jurídico que patrocina a la empresa desarrolladora concurrió este Fiscal, y, aunque posteriormente se jubiló, no le quita el significado a los hechos.
La pregunta que surge es si todo ha sido sólo producto de la casualidad o se debe sospechar que se trata de una práctica usual como es ofrecer a privados diseños de ingeniería que luego serán automáticamente aprobados por los mismos profesionales en su calidad de funcionarios públicos.
De igual manera, si el Municipio se alega la potestad de flexibilizar la Ley, como es el caso concreto de la supresión de una calle, de una colectora y de una plaza debería justificar fehacientemente esa facultad para que no se mal interprete la concesión de enormes superficies en provecho de particulares y en detrimento del interés comunitarios.
Siguiendo con el raconto de situaciones llamativas encontradas en la causa, se debe mencionar que los planos municipales utilizados para las justificaciones técnicas no coinciden con las obras en terreno, lo que implica una evidente falsedad ideológica que se debería investigar para dilucidar si se trata de una maniobra o un error.

LUGAR
CUESTIONADO
Más allá de estas inconsistencias, y para conocer si tal como se le manifestó la ubicación del reservorio era la aconsejable e irremplazable, el actor de la demanda recurrió a los servicios de una reconocida empresa de la capital provincial (PROINSA), con experiencia nacional e internacional y especializada en obras de ingeniería hídrica de magnitud para determinar si el depósito hídrico y sus trabajos suplementarios brindarían un funcionamiento eficiente y los estudios demostraron que técnicamente lo planificado es desacertado y debería tener otro emplazamiento.
Asimismo, Barreiro denuncia que en el Informe de Impacto Ambiental presentado por el desarrollador, que fue aprobado y utilizado por la Municipalidad para justificar las autorizaciones emitidas, no está expresada la existencia de construcciones aledañas al reservorio, siendo que su vivienda está a centímetros del mismo. Sin perjuicio que tal vez solo se trate de un error u omisión involuntaria, bien puede encuadrarse también como una falsedad ideológica.
Barreiro recuerda también que a partir del cúmulo de pruebas y testimonios obrantes en el expediente, el Magistrado ordenó suspender las obras en el loteo y proceder a periciar todas las cuestiones, ambientales y de ingeniería hidráulica, pero el desarrollador incumplió la disposición y no le quedó otro remedio que presentar dos denuncias penales contra el Municipio por no hacer cumplir una orden judicial. Finalmente los trabajos se detuvieron temporalmente.
Cabe destacar que a la documentación probatoria incorporada por el denunciante se agregaron las constataciones llevadas a cabo por el Oficial de Justicia designado por la titular del Juzgado.
Asimismo, no deja de sorprender que en los años que lleva la instrucción de la causa, todos los peritos sorteados, que fueron numerosos, se excusaron de aceptar su ejecución, manifestando diversas imposibilidades, aunque es entendible que ante la posibilidad de tener que informar contra los intereses de un Municipio o una Provincia antepongan reparos.

SUGESTIVO
SILENCIO
Fuera de la cuestión judicial el proyecto plantea interrogantes que despiertan incomodidad en el vecindario y desde el Municipio local se deberían dar las explicaciones de rigor para llevar tranquilidad y despejar cualquier sospecha de excepción al privado.
Uno de ellos es por qué el Municipio permite que el desarrollador ubique un reservorio pluvial en el espacio destinado a la calle Martini, y se perderá un tramo de calle pública entre avenida Santa Fe y calle Rojas.
Otro cuestionamiento es por qué no se hacen cumplir exigencias establecidas en Decretos/Resoluciones provinciales y el Municipio condonó la apertura de la Calle Colectora de 20 metros de ancho paralela a la Ruta Provincial Nro.70.
De igual forma, tampoco se exigió en el proyecto original la donación de espacios verdes, más aún con la carencia de plazas públicas que muestra el barrio Belgrano. Esta situación fue salvada posteriormente a través de una “negociación” (término utilizado en la declaración testimonial por funcionarios y obrante en la causa de Amparo) y se convino que sea el ubicado en la esquina conformada por las calles Las Colonias y Montes de Oca, aunque su superficie total no se ajusta a los que establecen las disposiciones en la materia. Cabe recordar que este predio es el que el Municipio cedió a la Provincia para levantar el Jardín pos pandemia del barrio, pero con el proceso licitatorio en marcha hubo que dar marcha atrás, porque no contaba en posesión del mismo debido a incidente judicial entre sus propietarios.

VECINOS EXIGEN
EXPLICACIONES
En tanto, las obras siguen y desde el ámbito oficial no se toman recaudos, lo extraño del caso es que desde el Ejecutivo siempre se descartó cualquier intento de generar un espacio de negociación tal como el demandante ha insistido privada y públicamente para alcanzar un arreglo extrajudicial que aclararía todo y termine con una causa que durará por lo menos varios años más y con un fallo contrario al Municipio.
A propósito de estos procesos judiciales nada se conoce sobre su estado, más allá del considerable retraso que sufren.
Por el contrario, el Gobierno municipal desestimó y subestimó el reclamo presentándolo como infundado, y aduciendo que solo responde al interés de un particular, pero actualmente la Comisión Vecinal, junto a un numeroso grupo de residentes de barrio Belgrano llevan adelante un registro que ya cuenta con 200 de firmas solicitando al Ejecutivo que responda a todas las inquietudes aquí expuestas.
En la nota se ponen de manifiesto los riesgos y peligros que para los lugareños significa la obra del loteo y se exige que se despejen contundentemente las dudas sobre las excepciones que el Municipio habría dispensado al desarrollador.

TAJANTE
DESMENTIDA
En otro orden, Barreiro, negó rotundamente las versiones que surgen del Gobierno y aseguran que el Jardín de Infantes proyectado para el barrio está trabado por la medida judicial que interpuso, que involucra al terreno de Montes de Oca y Las Colonias.
“No sé porqué el Municipio lo presenta como un tema relacionado. La realidad es que es un terreno distinto, un plano distinto, que nunca estuvo involucrado en mi demanda. Fue aportado al Municipio por los dueños y el desarrollador del loteo en compensación. El problema real de ese terreno, me lo explicó personalmente el Sr Fiscal Municipal, es un problema de sucesiones y firmas faltantes de los donantes de ese terreno, que sí son los dueños y desarrolladores del Nuevo Loteo Belgrano. No tiene nada que ver con mi demanda”.

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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