Carta abierta: Estafas, irregularidades y los organismos públicos que miran para otro lado

Sr. Director: 

A los organismos públicos: Municipalidad de Rafaela, Ministerio Público de la Acusación, Empresa Provincial de la Energía y Aguas Provinciales.
Me dirijo a ustedes como víctima y damnificado. En primer lugar, víctima de una estafa, que más adelante desarrollaré y damnificado del sistema, de los mismos organismos a los que les dirijo esta carta abierta y por los que pido la mayor colaboración de los rafaelinos para su difusión.
Hace un tiempo junto a mi familia decidimos vender nuestra casa. Ésta era la posibilidad que teníamos todos de tener un lugar donde vivir y a su vez departamentos para poder alquilar y obtener un ingreso que nos ayude a solventar nuestra jubilación. Es así como conocemos, por intermedio de una inmobiliaria y un escribano (de mucha “trayectoria” en nuestra ciudad) a una persona que se “dedica a la construcción”. Se concretó un negocio privado, entre nosotros y este sujeto a los fines de demoler las viviendas que se encontraban en el terreno y a cambio recibiríamos algunos departamentos a construirse, en ese mismo lugar, como parte de pago. Con el transcurso del tiempo esto no sucedió. Nunca aparecieron los departamentos y aquella ilusión de tener una mejor calidad de vida llegada nuestra jubilación, se tornó una gran pesadilla. Luego de esperar seis años (cuando el vencimiento del contrato era en 18 meses) decidimos recurrir a un estudio jurídico y comenzar los trámites de rescisión contractual a los fines de poder solucionar el problema; toda vez que habíamos perdido nuestra casa y nos encontramos alquilando. Realizamos todo conforme a derecho, enviamos y recibimos de parte del victimario las misivas (cartas documentos) normales en esta situación, hasta que todo se tornó oscuro.
Con el paso del tiempo empezamos a averiguar el estado real de cómo se encontraba el inmueble. Aclaro que dicha propiedad sigue a nombre de nosotros. La “obra” en construcción contaba con infinidades de irregularidades a niveles municipales en cuanto a habilitación para poder realizarse. Tal es así que por medio de una noticia en los medios de comunicación (donde mostraban la fachada del lugar) descubrimos que el Juez de Faltas Municipal, Dr. Rubén Pavetti, había solicitado la clausura del lugar (Año 2015, para posicionarnos en el tiempo). Nos dirigimos infinidad de veces a hablar con el Juez de Faltas, al principio nos atendió y luego (como hicieron todos) no respondió más nuestros pedidos. El Dr. Pavetti clausuró una obra en construcción por irregularidades municipales y solo pegó una faja de clausura que decía “clausurado”. Quiero aclarar que nos dijo en una oportunidad que si lo hacían enojar iba a mandar a levantar un paredón en la entrada. Parece que no se enojó mucho el Juez Municipal. Porque la faja fue retirada del lugar, cada vez que se ha colocado una simple faja de clausura, la misma era retirada ¿Quién retira las fajas de clausura? Ahí fue cuando descubrimos que había y hay gente viviendo en el lugar. Gente que no debería de estar allí, gente que ocupa, o usurpa, un lugar que no le pertenece. Personas que se han arrogado calidad de “propietarias” o “inquilinas” y que por supuesto no tienen autorización por los propietarios reales del lugar (que somos mi familia y yo). Es decir, que el municipio bajo la figura de un Juez de Faltas pega una faja de clausura por irregularidad de una “obra en construcción” y permite que vivan personas (lugar que además de no cumplir con normas del código urbano deja mucho que desear en cuanto a edificación y seguridad del lugar).
Ante esta situación es que decido enviarle una nota al Intendente de nuestra ciudad, al Sr. Luis Castellano. Como cualquier rafaelino, pienso que todos tenemos la posibilidad de hacer llegar nuestras inquietudes, reclamos, sugerencias al intendente de la ciudad. Entonces me dije, el municipio tiene que estar en conocimiento de esta situación, de que hay una obra en construcción irregular y nosotros hemos dado aviso en el Juzgado de Faltas que hay personas viviendo. Es por ello que confeccioné una nota solicitando que la municipalidad nos ayude a buscar una solución ante esta situación tan apremiante que vivimos. La nota ingresó por Mesa de Entradas, se otorgó el número de expediente 295656/3 y nunca se obtuvo respuesta. Es más, ante averiguaciones supimos que las notas dirigidas el intendente las “canaliza” el Fiscal Municipal, Dr. Daniel Fruttero, y por tanto mi hija tomó la decisión de escribirle en dos oportunidades correos electrónicos. Correos que al igual que la nota física, en papel, nunca tuvieron respuesta. Solo recibimos el llamado telefónico de un empleado de la fiscalía municipal anoticiándonos de que le daban intervención a obras privadas.
Otra gran irregularidad que existe por parte del municipio, es que un empleado municipal utiliza la información que está a su alcance y continúa estafando personas. “Un abogado” de la municipalidad cita a distintos perjudicados al edificio municipal para realizar negocios, que más que negocios son estafas a personas que se encuentran en la misma situación que nosotros. Esto tampoco le importó al fiscal municipal dado que, pese a los reclamos realizados, todos siguen prestando funciones en la dependencia local. Allí se cierra la puerta de la Municipalidad de Rafaela.
Capítulo aparte me lleva a contar la experiencia que tuvimos con la Empresa Provincial de la Energía. Como bien expliqué antes, hay gente viviendo en el lugar y bajo calidad desconocida, personas que se arrogan títulos de propietarios falsos. En el medio de la explosión de la pandemia, y por aviso de vecinos, me informan que en el lugar existía un medidor de luz (aclaro que en el año 2013 se dio de baja el servicio de luz porque se suponía que debían solicitar el servicio bajo la modalidad “luz de obra”). Me dirijo a Avenida Mitre al 500 (que es donde está la propiedad) y corroboro que existe un medidor de luz que le otorga suministro a varias unidades, precarias, del lugar. Es así que luego de varias comunicaciones telefónicas con el Sr. Mauricio Harpman (personal de EPE sucursal Rafaela) explicándole lo sucedido es que me dice que haga una presentación por escrito. Nuevamente escribiendo, detallando la situación de lo sucedido y acompañando las copias de la escritura pública donde consta en forma clara quienes somos los propietarios del lugar.
En resumidas cuentas y para que todos entiendan, el servicio de luz se otorga al propietario del inmueble o inquilino con contrato sellado. He aquí que ninguno de los dueños reales habíamos firmado absolutamente nada a los fines de que se les otorgue la luz a estas personas. Supimos luego de mucho insistir que se había entregado en EPE un contrato de comodato donde el victimario se arrogaba la calidad de propietario y le entrega a una persona (cuyas iniciales son M.A.F) nuestro inmueble. Este contrato totalmente falso tenía las firmas certificadas por un escribano de la ciudad. Sí, el mismo escribano que en el año 2013 había intervenido en el “negocio” base y nos había recomendado a quien hoy nos deja en la calle. Pasado un tiempo razonable y sin tener respuesta de EPE sucursal Rafaela, es que decidimos remitir todo a EPE Sucursal Santa Fe. Allí, luego de varios meses, nos llega una carta certificada donde se nos informa que entienden la situación pero que no van a cortar el suministro eléctrico. A lo que yo me pregunto, si cualquier persona de bien quiere requerir el servicio le solicitan un sinfín de documentación, garantías, y acá estábamos demostrando que los dueños reales del inmueble no habíamos autorizado nada y sin embargo el servicio subsistía. Aquí se cierra otra puerta, la de la Empresa Provincial de la Energía.
Situación bastante similar ocurrió en Aguas Provinciales. El agua es un servicio considerado básico y por tanto no puede ser cortado en su totalidad. Ante la falta de pago (que es lo que sucedió, se generó deuda), Aguas Provinciales coloca un cepo; esto hace que no se corte el servicio pero que baje muchísimo la presión. Nuevamente por aviso y reclamos de vecinos de toda la vida, nos informan que desde la propiedad salía abundante agua en forma constante. Por lo que decidimos averiguar qué era lo que había sucedido. Tomamos conocimiento de que las personas que “ocupan” lograron “saltar” el cepo y conectarse en forma directa a la red o caño maestro y así obtienen agua. Como las instalaciones son totalmente inestables juntan agua en un tanque del que luego sacan y llevan a cada una de las habitaciones precarias del lugar. Como si esto no fuese poco, se han destapado las cloacas y las sustancias cloacales salen por la vereda de Av, Mitre al 500. Esto es totalmente tóxico además de que el olor por momentos es insoportable desde la propia vereda. Si esto lo vemos nosotros y los vecinos, ¿no lo ven las autoridades que tienen que hacer algo?. De más aclarar que nos dirigimos a las instalaciones de Aguas Provinciales y no obtuvimos respuesta. También se dejó constancia por la página de internet y la línea de whatsapp habilitada para reclamos y tampoco nadie respondió.
Quiero destacar, que además de estas irregularidades, se han denunciado ante la justicia y ante el mismo municipio una cantidad de delitos significantes. Por ejemplo, se tenía conocimiento de que personas que habitan el lugar realizaban faenamiento de carne. Robaban en campos aledaños, y luego la carne era vendida en el mismo inmueble mediante redes sociales. Esto consta con lujos de detalles en las denuncias vertidas ante el Ministerio Público de la Acusación. Pero estas denuncias no fueron realizadas solo por nosotros. También la sección de bromatología de la Municipalidad de Rafaela ha denunciado esta situación. Pero parece que no importa quién denuncie ni ante que organismo se denuncie, nunca nadie hace nada.
Como si fuera poco, y retomando la cuestión judicial, contractual, es que radicamos dos denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Rafaela, motivos más que suficientes. Si, las denuncias fueron dos, porque la primera nunca avanzó y se archivó sin siquiera recibir la correspondiente notificación. De esta situación tomamos conocimiento luego de requerir, vía correo electrónico -no nos olvidemos que existió la pandemia-, información detallada de la causa y nunca obtuvimos una respuesta certera. Es por ello que por recomendación de nuestras letradas radicamos una nueva denuncia en sede fiscal. Denuncia que aparentemente avanza, y digo aparentemente porque hace algunos meses esperamos que por fin progrese con pie de plomo y se apliquen las sanciones que sean necesarias. Esta es una de las puertas que aún no se terminó de cerrar del todo, por lo que estamos confiados en que las autoridades de la Fiscalía hagan lo que tienen que hacer en cuanto es su deber y responsabilidad.
La situación que vivimos es desesperante, los días pasan y todas las puertas se cierran. Yo me pregunto: la Municipalidad de Rafaela, la Empresa Provincial de la Energía, Aguas Provinciales, el Ministerio Público de la Acusación, ¿son ciegos, sordos y mudos? Basta de tirarse la pelota unos a otros, es hora que todos hagan lo que tienen que hacer. Por empezar el Intendente de la ciudad, Luis Castellano, a quien se le requirió que nos atienda porque existen personas ligadas al municipio (a los que con nuestros impuestos le pagamos su sueldo) que utilizan información de la municipalidad para estafar gente. ¿Hasta cuándo tiene que aguantar una familia todas las injusticias que desata la inacción estatal? Llevamos años de lucha, de tocar puertas y ver que se cierran; la burocracia de un sistema incapaz de dar respuesta rápida, certera y sobre todas las cosas justas.
Sé que nuestro caso no es el único en la ciudad, que este sujeto a perjudicado a muchas personas y familias. Que son varias las propiedades que se encuentran atravesando esta situación. Muchas personas han sido estafadas bajo promesas falsas, venta de departamentos que no fueron, y no serán, entregados nunca. Espero que esto llegue también a esas otras víctimas y realicen las denuncias necesarias a los fines de unir fuerzas y decir “basta, quiero justicia”.
Nosotros dijimos BASTA, hasta acá llegó nuestro límite del “aguante” y es hora que se haga visible esta situación. Más allá del daño patrimonial, moral y psicológico que el victimario nos causó, el daño que generan las instituciones encargadas de velar por todos nosotros que miran hacia un costado. ¿Será que si les pasa a ellos, a personas de su grupo familiar o social harán algo?.

Mauricio Elfenbein 
DNI  7.883.536