Los tiempos de la justicia

Editorial 18 de junio de 2022 Por Redacción
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Cada tanto nos sorprendemos porque en las noticias aparecen causas judiciales vinculadas a presuntos actos de corrupción que datan del milenio pasado. Y realmente no es una señal alentadora sino que confirma los vicios de la Justicia argentina, lenta e irresoluta por un lado y especuladora por el otro porque actúa según la conveniencia y los climas de la política, pues avanzan con sus investigaciones cuando perciben que un funcionario es vulnerable o cajonean cuando advierten que el acusado o imputado dispone de poder. Los magistrados no escapan a esta picadora de carne que por momentos parece la política argentina, que se judicializa en la misma proporción como se politiza la justicia.
Entonces así andamos como país, con dirigentes políticos que aprovechan su desembarco en un cargo ejecutivo o legislativo para beneficiarse personalmente antes que trabajar por el bien común. Y una justicia que funciona de a ratos o archiva causas sin profundizar investigaciones, como lo hizo esta semana el juez Daniel Rafecas con las denuncias por supuestas irregularidades en la licitación para la compra de caños destinados al gasoducto Néstor Kirchner. Un ministro de la Nación alertó sobre esas inconsistencias del proceso licitatorio y sembró dudas por el rol de funcionarios ligados al kirchnerismo, pero una vez que fue convocado a sede judicial para que aporte datos se se echó hacia atrás y dijo que aquí no ha pasado nada. Mientras tanto, el juez decidió darle crédito, no le pareció raro el cambio de opinión y cerró la causa. Nota al margen: es el mismo magistrado cercano al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que había sido propuesto para el cargo de Procurador por el mismísimo jefe de Estado. Sospechas de favores sobrevuelan en torno a esta situación, pero de un día para otro hubo una especie de pacto de silencio u omertá a la siciliana. 
La lista es más extensa, pero para sostener el título de esta Editorial que hace referencia a la justicia tortuguesca que padecemos los argentinos basta repasar un caso muy reciente. Es que el Tribunal Oral Federal número siete de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un planteo del ex intendente porteño, Carlos Grosso para declarar prescripta una causa que se inició en 1992 por la venta de una plaza pública en el barrio porteño de Retiro. Sí, 1992. Hace 30 años. La causa, en la que también está imputado el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y lo estuvo el ex presidente Carlos Menem hasta su muerte, les imputa haber vendido irregularmente la plaza Salvador María del Carril, situada frente a la estación de trenes de Retiro.
Grosso había pedido la prescripción por violación de la garantía de ser juzgado en un "plazo razonable", pero el tribunal rechazó el planteo pese a que los hechos que se le imputan ocurrieron hace 30 años. "Con relación a la complejidad del caso, no sólo obedece a su relativa voluminosidad y la cantidad de imputados, sino también a la naturaleza y modalidad del hecho investigado, que involucra a funcionarios públicos a quienes se les reprocha un delito presuntamente cometido en el ejercicio de su función y quienes continuaron revistiendo cargos públicos en las más altas cúspides de los poderes del Estado hasta fechas recientes", sostiene el fallo razonable. Los jueces advirtieron, además, que el juicio oral está próximo a realizarse.
La causa fue elevada a juicio en 2017, se convocó a las partes en 2018 pero hasta ahora no se concretó el inicio del debate. Es bueno que esté vigente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Pero los juicios no se pueden hacer a los 10 años del inicio de la investigación? ¿Por qué se esperaron 30 años?
A propósito, ¿las causas contra Cristina Fernández de Kirchner por supuestos delitos de corrupción seguirán por el mismo camino? En algunos casos ya cumplieron una década...


Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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