Un juicio que pagamos todos

Editorial 14 de mayo de 2022 Por Redacción
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Cuando una coalición electoral sin programa de gobierno asume la gestión del Estado, muchas veces ocupa los cargos "disponibles" designando a "compañeros" que no cuentan con la preparación técnica para cumplir con eficiencia la tarea encomendada. Si a esto se suma el pésimo desempeño de los organismos de control que debieran advertir cuando un funcionario se desvía del camino de la rectitud y la transparencia, entonces las estructuras del sector público ofrecen una oportunidad para que los malos se hagan ricos -ilícitamente-, se beneficien a los amigos y se desvíen fondos para enfrentar los costos de la política. 
Como nadie arriesga su propio dinero cuando está al frente de una oficina estatal, no parece haber demasiado interés en cuidar o hacer un uso eficiente de los recursos que son de todos ya que provienen del pago de los impuestos por parte de los contribuyentes. 
Algo de esto se percibe con la reciente decisión judicial. Sucede que el ex panelista del programa 6,7,8 Orlando Barone le ganó un juicio a Radio y Televisión Argentina (RTA) y la productora Pensado Para Televisión (PPT), por el que cobrará una indemnización de más de 15 millones de pesos al considerarse despedido en 2016. El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo definió el pago a favor del periodista en seis cuotas de $2,5 millones cada una, de las cuales una ya se realizó. Pero el costo para el canal estatal de este proceso judicial ronda los 20 millones pues la Justicia también ordenó el pago de los honorarios del abogado Leandro Recalde -hermano del senador de La Cámpora, Mariano Recalde- en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $1.183.867 y del perito contador mediante una sola cuota de $903.141, ya abonada el 15 de abril pasado.
Barone trabajó entre 2009 y 2015 en el programa que fue un emblema de la TV Pública durante el gobierno de Cristina Kirchner, y utilizaba los fondos de la ciudadanía para hacer política partidaria, lo que pone en crisis el verdadero rol que debe cumplir una canal estatal, el cual había sido apropiado por el kirchnerismo. 
La demanda de Barone, quien trabajaba para la productora PPT y era considerado un periodista militante ultra k, apuntó a RTA por considerarla "solidariamente responsable" y el periodista comenzó con la misma en septiembre de 2016 luego de considerarse despedido en marzo tras reclamar que le siguieran pagando su sueldo mensual de $53.240 aunque el programa había finalizado. En primera instancia, falló a favor de Barone la jueza Gabriela Susana Cruz y, tras una apelación de RTA y PPT, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el pago y modificó el monto con las actualizaciones por intereses.
La cuestión es que Barone trabajaba en 6,7,8 para una productora privada (PPT, Pensado Para Televisión, creada por Diego Gvirtz y comprada en 2015 por Cristóbal López y Fabián de Souza a través del Grupo Indalo) que debería haber sido la única demandada por lo que consideraba un despido. ¿Por qué avanza contra el Estado y encima la Justicia le otorga la razón? Ahora todos los argentinos deben pagarle a este periodista militante defensor por dinero del populismo. En ámbitos judiciales se explica que las condenas laborales de esta naturaleza suelen ser jurídicamente de carácter solidario; es decir, la Justicia entiende que por el vínculo existente, el pago de la sentencia la debe afrontar la productora y el canal. 
En principio, hay otros integrantes de aquel programa militante que medía muy poco rating también llevan adelante juicios contra el Estado, que siempre termina pagando todas las facturas del populismo. Este juicio cuesta 20 millones de pesos de los impuestos que con esfuerzo abonan los ciudadanos en un país en crisis con un gobierno semi paralizado que fracasa en toda política que lleva a la práctica. 

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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