Cuando transcurrieron un poco más de 50 días de los allanamientos en las sedes del Ministerio de Seguridad de la Provincia en busca de pruebas sobre un supuesto espionaje ilegal sobre dirigentes de distintos ámbitos que se habría llevado a cabo bajo la gestión del ex ministro del área, el controvertido Marcelo Sain, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, movió una pieza en este tablero político judicial al ordenar al fiscal de Estado, Rubén Weder, para que se presente como querellante en la causa que está a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPA). 
A través del Decreto N° 022 del 18 de enero, que lleva la firma del mandatario provincial y de la ministra de Gobierno Celia Arena, se resuelve "intervenir como parte querellante, de acuerdo a los artículos 93 y siguientes del Código Procesal Penal, en el proceso que se investiga en el Ministerio Público de la Acusación hechos ocurridos en el Ministerio de Seguridad".
Si bien Sain se alejó de su cargo en marzo pasado, ya sin respaldo de Perotti a partir de los magros resultados de la gestión de seguridad y de la continuas controversias que abría en la coyuntura política con sus declaraciones "picantes", el escándalo se desató a finales de noviembre cuando un grupo de fiscales del MPA llevaron a cabo los procedimientos para incautar documentación, carpetas, teléfonos celulares, computadoras y otros elementos para investigar si realmente hubo espionaje ilegal contra empresarios, instituciones, políticos, funcionarios de distintos niveles de Estado -entre otros se menciona al intendente de Rafaela, Luis Castellano, en la lista con más de 600 nombres que trascendió a la prensa-, periodistas y sindicalistas entre otros. 
En los considerandos, el decreto sostiene que "al haber tomado estado público las medidas procesales dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación efectivizadas en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Provincia, este Poder Ejecutivo de manera inmediata dispuso a través del Decreto N° 2651121 instruir al Fiscal de Estado, para que, a través de la Dirección de Auditorías y Sumarios -dependiente de esa jurisdicción- inicie los procedimientos administrativos que legalmente correspondan". La medida fue dispuesta por el propio Perotti a principios de diciembre cuando desde la oposición ya calificaban a la causa por presunto espionaje ilegal como el escándalo institucional más importante en la Provincia desde el regreso de la democracia, en 1983. 
"Dicha instrucción tiene por objeto precisar, en la faz administrativa, el legal funcionamiento interno del mencionado Ministerio y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder; que con posterioridad al mencionado acto administrativo -la orden de iniciar un sumario interno-, pero en relación a la Investigación Penal Preparatoria, ha trascendido mediante diferentes publicaciones efectuadas por distintos medios de comunicación, la producción de nuevas medidas procesales dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de dicha investigación", agrega el Decreto. "El estado actual de la investigación -de acuerdo a los mencionados trascendidos periodísticos- hace oportuno instruir nuevamente al Fiscal de Estado -órgano que constitucionalmente tiene a su cargo la defensa de los intereses de la Provincia ante los Tribunales de Justicia- a que se presente en nombre y representación de ésta como querellante en la Investigación Penal Preparatoria llevada a cabo por el Ministerio Público de la Acusación relacionada con hechos sucedidos en el ámbito del Ministerio de Seguridad, en un todo de acuerdo con los Arts. 93 y siguientes del Código Procesal Penal". 
Asimismo, considera que "dicha decisión encuentra su fundamento en mérito a que en el proceso judicial mencionado, se estarían investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarían el regular funcionamiento de la Administración Pública, por cuanto este Poder Ejecutivo encuadra su accionar en el marco del principio de legalidad y así propende su respecto como de los otros poderes estatales, y que a la luz de los trascendidos estaría siendo cuestionado". 
Más adelante resalta que es necesario "resguardar el accionar no sólo de los poderes estatales involucrados en la causa prealudida, sino además el resto de las personas que puedan -eventualmente- estar involucradas en la misma, ya que es condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres e instituciones que la paz y la seguridad jurídica coadyuven a la confianza legítima de la comunidad en sus organizaciones públicas, y que se respeten los derechos y obligaciones incursos para lograr una anhelada seguridad jurídica". 
Por último, consigna que "atento los intereses públicos comprometidos toman necesaria esta decisión -de constituir a la Provincia como querellante, tal como lo faculta el artículo 72 de la Constitución  santafesina- con el firme propósito de lograr un esclarecimiento definitivo de los hechos investigados".
En este sentido, la figura del querellante le facilitará a Weder el acceso al expediente que está bajo poder de los fiscales y determinar si realmente hay pruebas sólidas o, con el tiempo, pueden diluirse en el fangoso espacio de la política sin demasiadas repercusiones en la esfera judicial. 
Con la feria judicial en pleno desarrollo, desde el MPA se esfuerzan por mantener una suerte de secreto de sumario, aunque la difusión de una posible lista de más de 600 personas e instituciones que habrían sido objeto del espionaje ilegal dio impulso al escándalo. Es que luego aparecieron las entidades de la producción de la Provincia con un duro documento en el que exigió al Gobierno provincial que acelere en la investigación de estos posibles hechos de espionaje ilegal, que tuvo como efecto directo la renuncia de al menos 12 colaboradores de Sain, entre ellos el segundo Germán Montenegro, en la última semana de noviembre. 
Con el Ministerio "vacío" y en medio de un escándalo, el actual titular de la cartera, Jorge Lagna, se encontró sin política de seguridad pública, sin funcionarios, prácticamente sin articulación con las fuerzas federales y con una Provincia con altos niveles de delitos y asesinatos mafiosos, en especial en Rosario. Recién después de dos años del mandato de Perotti, el Ministerio quizás comienza a normalizar su funcionamiento para encarar la problemática de los santafesinos. Al menos logró en diciembre pasado un compromiso por parte de la oposición para acompañar a Lagna.