Presunto espionaje ilegal: una bomba de tiempo en la Provincia

Locales 09 de enero de 2022 Por Redacción
A medida que trasciende el listado de personas, instituciones y empresas que habrían sido espiadas por el Ministerio de Seguridad, la polémica ya no está en la burbuja de la política sino que se propaga con derivaciones aún difíciles de mensurar. El comunicado de las entidades empresarias y de la producción es una muestra.
11-Espionaje Listado
FOTO LISTADO NOMBRES. La primera página del listado de 661 víctimas del presupuesto espionaje ilegal.

El planteo que el viernes efectuó el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe, al reclamar al Gobierno provincial que "agote los medios para investigar" las supuestas acciones de espionaje ilegal que habría llevado adelante el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Marcelo Sain significa el que el escándalo traspasa la esfera judicial y política en la que se encontraba desde los allanamientos efectuados a las oficinas de la cartera y escale al resto de las instituciones. 
¿Qué sucedió para que escale de nivel? Trascendió un listado de 661 personas e instituciones que había sido objeto de un espionaje, entre los que se encuentra empresarios, empresas y entidades del sector, que fue publicado por la revista rosarina Punto Biz de la mano del periodista Juan Chiummiento. 
"Ante denuncias que han tomado estado público sobre posibles investigaciones y/o recopilaciones de información efectuadas de manera ilícita en el ámbito de la provincia de Santa Fe, sobre empresarios, profesionales, organizaciones y entidades productivas, comerciales y de servicios, las instituciones que integran el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe expresan su preocupación e instan a las autoridades competentes a que agoten los medios para investigar los hechos denunciados", subrayó el documento difundido el viernes por este conglomerado de instituciones de gran peso corporativo. Es que bajo ese paraguas se encuentran la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), Federación de Centros Comerciales (Fececo), Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara Argentina de la Construcción Delegaciones de Rosario y Santa Fe, Federación Agraria Argentina y Coninagro entre otras.
Se trata de entidades que cuentan entre sus asociados a organizaciones de Rafaela, entre otras tantas ciudades. Por caso, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región forma parte de FISFE y de Fececo, en tanto que Sociedad Rural de Rafaela es una de las socias de Carsfe. 
"La confirmación de estos eventos implicaría un hecho de singular gravedad institucional, que perturba la seguridad de las personas humanas y jurídicas, como así también a los valores y principios básicos de la vida en democracia" subrayó el Consejo tras observar que un significativo grupo de empresas, empresarios y profesionales ligado a sus entidades figuran en ese listado que está en poder de fiscales del Ministerio Público de la Acusación. 
Precisamente de Rafaela hay funcionarios políticos y judiciales, además de una institución educativa, que habrían sido objeto del presunto espionaje ilegal. El intendente, Luis Castellano, el diputado nacional Roberto Mirabella, la fiscal Gabriela Lema y la Asociación Civil Universidad Católica Santiago del Estero tenían una carpeta en el Ministerio de Seguridad de Sain en el marco de lo que algunos consideran el caso de mayor gravedad institucional desde 1983, es decir desde el regreso de la democracia. 
Las supuestas víctimas de este aparato de espionaje ilegal fueron mencionadas en un escrito de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández presentado ante el fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, para comprobar si habían sido objeto de investigaciones durante la gestión de Sain al frente del Ministerio de Seguridad, indicó la nota de Chiummiento. En este marco, consignó en un artículo posterior publicado por El Litoral que "los nombres, apellidos y números de identificación de las 661 personas constan en un oficio, fechado el pasado 15 de diciembre, en él hay figuras de la política, referentes del sistema judicial, abogados, policías, empresarios y algunos periodistas". Además "hay CUITs de industrias, medios, cooperativas, clubes, municipalidades, sindicatos, concesionarias y constructoras".
Pero el listado podría ampliarse en los próximos días puesto que los fiscales deslizaron que es el primero de otros que podrían aparecer, más allá de que no han revelado mayores datos sobre el avance de la investigación que podría tener, como derivación, a Sain cerca de ser imputado. Al respecto, tras los allanamientos en la sede del Ministerio de Seguridad en Rosario a fines de noviembre, los funcionarios del MPA difundieron un comunicado en el que confirman la recolección de "gran cantidad de evidencia", sin profundizar.
De la otra vereda, Sain y el equipo de funcionarios que luego se alejó de sus cargos rechazaron haber efectuado espionaje y admitieron que se reunió información dentro del marco de la ley. De hecho, en una entrevista con El Litoral que cita Chiummiento, Sain había negado la acusación y declaró que todas las investigaciones se hicieron en el marco de asistencia a la Justicia, en el caso de personas involucradas en causas judiciales. 
En la lista, además de los nombres rafaelinos ya citados, se encuentran el ex gobernador Antonio Bonfatti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, y los diputados provinciales Paco Garibaldi, Julián Galdeano y Maximiliano Pullaro -ex ministro de Seguridad- entre otros. Además habría carpetas del titular de la EPE, el esperancino Mauricio Caussi y la jefa de la Policía de Santa Fe, Emilce Chimenti.
En cuanto a empresarios, figuran el titular del Grupo Oroño (salud privada, de Rosario) Roberto Villavicencio, la familia Quaranta que es propietaria del Sanatorio de la Mujer de Rosario, y el metalúrgico Orlando Castellani, entre tantos otros. 
Mientras la causa tiene un frente judicial, con fuertes repercusiones en la política santafesina y ahora también entre las entidades empresarias y de la producción, el Gobierno de la Provincia lleva adelante un sumario aunque aún no hay avances ni filtraciones. El gobernador, Omar Perotti, ordenó a fines de noviembre que su Gobierno efectúe su propia investigación. 

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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