Maniobras sobre funcionarios y dirigentes de otros partidos

Locales 04 de enero de 2022 Por Redacción
Serían víctimas de "carpetazos" o perfilamientos realizados en el Ministerio de Seguridad bajo la dirección de Marcelo Sain, según una investigación judicial en la que ya fue notificado y podría ser citado a audiencia imputativa. En la lista está el intendente de Rafaela, Luis Castellano.
05-Luis Castellano
FOTO ARCHIVO LUIS CASTELLANO.

Por Hernán Funes *

La Justicia provincial investiga si más de una decena de políticos y ex funcionarios santafesinos de distintos partidos y administraciones fueron víctimas de maniobras de espionaje ilegal en el marco del perfilamiento sistemático de personas físicas y jurídicas durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Las acciones, presuntamente hechas sin control ni requerimiento judicial, sino discrecionales, ponen al ex ministro y varios ex laderos ante una inminente audiencia imputativa en febrero próximo. No necesariamente son "carpetas" que la Justicia halló, ya que no sería lo más relevante de la causa: son fundamentalmente consultas masivas –unas 15.000– a bases datos realizadas en sistemas disponibles para el Estado y con claves asignadas a funcionarios para obtener información, por ejemplo, patrimonial o referente a viajes, sociedades y más. En algunos casos podría tratarse inclusive de tareas más complejas detrás.
En un hecho de una gravedad sin precedentes en la democracia provincial y que ponen bajo la lupa al gobierno de Omar Perotti, se realizaron -de acuerdo a la causa- desde el Ministerio de Seguridad, en algunos casos a través del OJO, y desde el Organismo de Investigaciones bajo órdenes de Débora Cotichini cuando era jefa de Inteligencia Sur. Sain renunció, Cotichini fue suspendida de sus funciones y el resto de los involucrados se fue en diciembre.
La sospecha –formalizada en la imputación administrativa a la ex funcionaria– es que la recopilación tenía "fines no institucionales".

POSIBLES VÍCTIMAS
La información, que se desprende de la causa que llevan adelante los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, de Delitos Complejos del MPA de la ciudad de Santa Fe, demuestra que el interés por recopilar información no distingue colores políticos. En principio, ninguna de las personas citadas a continuación fueron imputadas en investigación penal alguna ni un fiscal requirió a Seguridad sobre ellos.
Uno de los nombres entre más de 600, y sólo en el plano de políticos o ex funcionarios, es justamente uno de los que junto al del gobernador Omar Perotti que más pondera Sain de su paso por Santa Fe: el del ex senador y actual diputado nacional Roberto Mirabella y su hijo Santino, funcionario de la Justicia Federal.
En la nómina aparecen la vicegobernadora y ex jueza Alejandra Rodenas y su marido Jorge Llonch, ministro de Cultura. También Héctor Acuña, ex titular del Servicio Penitenciario, y Walter Gálvez, actual funcionario del área, al igual que Jorge Bortolozzi, ahora secretario de Seguridad Pública.
Asimismo, los diputados provinciales opositores Maximiliano Pullaro, Julián Galdeano, Francisco "Paco" Garibaldi y Walter Ghione. Los radicales Galdeano y Pullaro fueron los dos "grandes armadores" de la elección que en 2021 llevó a Juntos por el Cambio a imponer dos senadores nacionales por Santa Fe; el propio Galdeano impuso la candidatura de Carolina Losada.
En el caso del radical Galdeano detectaron que buscaron información de su núcleo familiar, como por ejemplo de su hermano Lucas, flamante presidente del Colegio de Abogados de Rosario.
Sobre Pullaro, antecesor de Sain, las consultas abarcan a su entorno personal y funcional: sus hermanos Damián y Martín, su secretario Daniel Di Lena, el ex titular del Servicio Penitenciario Pablo Cococcioni y el ex Subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales Rolando Galfrascoli, actualmente director de Inteligencia Norte del Organismo de Investigaciones.

MÁS NOMBRES
El ex gobernador Antonio Bonfatti es otra de las presuntas víctimas, como el ex ministro de Desarrollo Social provincial Jorge Mario Álvarez, la ex secretaria de Delitos Complejos Ana Viglione y Santiago Boggione, ex integrante de la Cenap y asesor de diputados socialistas. El caso de Viglione es testigo: Cotichini pidió en agosto de 2020 a los analistas del Organismo un informe "sobre la trayectoria política y policial junto a los antecedentes de la ex secretaria de Delitos Complejos Ana Viglione", formuló una carpeta llamada "AnaViglione.docx" y a las pocas horas la información fue emitida por C5N como prólogo de una entrevista a Sain.
Asimismo, aparecen los intendentes Luis Castellano (Rafaela) y Pablo Corsalini (Pérez), el concejal Javier Minetti (Granadero Baigorria) y los dirigentes peronistas Ángel "Yayo" Baltuzzi y Carlos Carranza –investigado junto al ex fiscal Serjal–.
Uno de los puntos más llamativos son los controles sobre funcionarios propios. Por ejemplo, Jorge Lagna, que era parte de la gestión de Sain, y los asistentes Lautaro Sappietro (Armas) y Osvaldo Aymo (Seguridad Vial).

NOTIFICADOS SÍ, IMPUTADOS
TODAVÍA NO
En diciembre pasado, la Justicia notificó a Marcelo Sain y otros ex funcionarios que afrontan una causa por asociación ilícita y delitos como el espionaje ilegal, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Sain está en el centro de la escena, entre otros indicios, por audios en los que Débora Cotichini solicita información y escuchas judiciales en su nombre. "¿Como estás? Viste que tenemos un jefe, nuestro ministro hoy en día, que es un poquito obsesivo..", dice en uno de ellos.
Alcanza además a Germán Montenegro (ex secretario de Seguridad Pública), Nadia Schujman (asistente técnica), Diego Rodríguez (Agencia de Control), Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal), Pablo Álvarez (Subsecretario de Investigación Criminal) y Débora Cotichini (jefa de Inteligencia Sur del Organismo suspendida).
Según Sain, la causa es un "armado" en represalia a investigaciones que lideró y que incomodaron al poder. Tanto él como los abogados defensores cuestionaron los allanamientos al Ministerio de Seguridad, aseguran que era necesaria una orden de un juez –para los fiscales no, ya que se trata de una oficina pública– y que se realizó sin testigos externos.
De la prueba poco se conoce. La audiencia imputativa, el lugar apropiado para que los fiscales la hagan conocer y un juez o jueza la valore, no está prevista para antes de febrero.

* Periodista de rosario3.com, que publicó el artículo. 

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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